Se antepuso, á la breve narración que precede de la conquista de la Banda occidental del Uruguay, una idea sumarísima del estado de las civilizaciones europea y americana, y especialmente de las española y rio- platense, con el fin de que el lector apreciara los hechos de la conquista mejor y con más facilidad que si careciera de aquellos conocimientos.
La causa ocasional de la conquista y colonización de la Banda oriental fué la larga lucha sostenida entre la Banda occidental y el Brasil por dominar aquel terri- torio. Las vicisitudes de esta lucha dependieron á su vez de las relaciones políticas de España y de Portugal. Y, como en esa larga contienda triunfaron al fin los españoles en las márgenes del Plata y del Uruguay, la Banda occidental extendió á la oriental la autoridad de las instituciones judiciales y políticas generales, implantó en ésta instituciones locales iguales á las suyas, y la gobernó como parte integrante de la dominación espa- ñola del Plata.
Dadas estas relaciones, no es difícil comprender lo necesario que es tener alguna noción de las institucio- nes que en común tuvieron todos los pueblos del Río de la Plata mientras duró la dominación española, y de cómo se desenvolvieron los sucesos en España, en Portugal, en el Brasil y en el Río de la Plata mientras se operó la conquista y colonización de la Banda oriental. Tales ideas pueden suministrarse de paso que se pase la historia particular de este país; pero algu- nas no encontrarían fácil acomodo, otras producirían el efecto de interrumpir la ilación del relato, y además las nociones dadas ocasionalmente no tendrían la virtud de hacer percibir el conjunto de las relaciones políticas, económicas y administrativas que obran en los sucesos uruguayos, cuyo defecto engendraría graves oscuridades, errores y deficiencias de concepto.
Parece, pues, conveniente trazar ante todo los grandes rasgos de la historia de aquellos cuatro países relativa á los siglos XVI, XVII, XVIII y principio del XIX, y describir las principales instituciones que rigie- ron las colonias del Río de la Plata, sin perjuicio de recordar y de ampliar, si es necesario, los hechos en que se funden los acontecimientos del Uruguay, á medida que las oportunidades se presenten.
Tal es el propósito á que corresponde el libro pri- mero.
Muertos Felipe I y Fernando el católico, pasó en 1516 la corona de España al hijo de aquél, Carlos I, soberano de los Países Bajos y del Condado de Borgoña, que fué proclamado también emperador de Alemania bajo el nombre de Carlos V, con el cual se le designa más frecuentemente. Se levantaron contra él la nobleza, el clero y las comunidades de Castilla; pero fueron vencidos y desaparecieron desde entonces las antiguas libertades de España. No tardó en manifestarse la riva- lidad de Carlos y de Francisco I, rey de Francia: ambos se hicieron la guerra en Italia, con tan mala suerte del segundo, que cayó prisionero en Pavía. Carlos se pronunció contra la reforma religiosa de Lutero, con cuyo motivo sostuvo sangrientas guerras, como lo fueron siempre las religiosas. Combatió asi- mismo en África. Y después de numerosas campañas en las cuales no igualaron los reveses á las victorias, hastiado ya del poder, renunció á la triple soberanía de España, Alemania y América. Engrandeció sus dominios de los Países Bajos con varias adquisiciones; libró á Flandes y al Artois del homenaje que rendían á Francia; ocupó el Milanesado, conquistó Túnez, dominó con su poder la Europa toda y elevó á España á tanta altura, que fué en su tiempo la nación más poderosa del Mundo. Al abdicar dejó á su hermano las posesiones alemanas y las españolas y americanas á su hijo Felipe II.
Felipe se distinguió por su gran ambición y por su fanatismo. Pretendió á la vez sofocar el protestantismo y apoderarse de Europa, y este doble propósito lo com- prometió en continuas guerras. Triunfó en Italia, venció á los turcos en Lepanto y conquistó el reino de Portugal en 1580, pero Francia pudo recuperar territorios fron- terizos que había perdido. Llevó la inquisición á Sicilia y á los Países Bajos, é intentó concluir con el poder de Inglaterra, pero se separaron de su dominio varias pro- vincias holandesas, y la famosa Armada invencible mandada contra los ingleses es destruida en un combate y por una tempestad. Al fallecer Felipe II en 1598, quedó España horrorizada por la inquisición, arruinada y sin sangre.
Le siguieron, uno después de otro, Felipe III hasta 1621, Felipe IV hasta 1665, y Carlos, el hechizado, hasta 1700, pertenecientes, como los anteriores, á la familia de Austria. Ninguno de ellos igualó en talento y carácter á Carlos I y á Felipe II. Al contrario, se hicie- ron notar todos por su incapacidad, por su apatía y por su superstición. Abandonaron el gobierno á ministros tan altaneros como ineptos, que comprometieron á España en guerras externas funestísimas, sin haber acertado á satisfacer sus necesidades internas. La corona perdió algunas posesiones en América, (1681) y en Europa, el dominio de Portugal, (1640-1663) el Artois, el Rosellón, el Sud de Flandes y el Franco Condado durante el siglo XVII; no disminuyeron el despotismo religioso ni el político; aniquiláronse la agricultura, el comercio y todas las demás industrias; á penas quedaron insignificantes restos de la marina; se anuló totalmente el prestigio de su política exterior del reino; y hasta el respeto que merecía, siquiera fuese por las grandezas pasadas y la presente desgracia, llegó á rebajarse tanto, que las potencias celebraron congresos para decidir cómo habían de repartirse entre sí el territorio de la Península.
La rama borbónica de los capetos reinaba en Francia desde 1589, y ocupaba el trono Luis XIV, apellidado el grande, cuando falleció Carlos II. Deseaba dominar ese monarca en España. Opúsose el celo de las otras nacio- nes, pero consiguió que al infeliz Carlos II se le indujese á testar en favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y nacido en Francia, quien tomó la corona con el nom- bre de Felipe V. La casa de Austria no se resignó á perder un trono que había ocupado, aunque malamente, por espacio de dos siglos, y alegó que el derecho de sucesión favorecía al archiduque Carlos. Los españoles se dividieron, tomando unos el partido de los borbones y otros el de los austriacos. Dividiéronse también las potencias : Inglaterra, Prusia, Holanda, Saboya, y más tarde Portugal, hicieron causa común con el Austria; Francia, como era consiguiente, defendió á los españo- les que sostenían á Felipe V. La guerra se hizo euro- pea; duró trece años y terminó por el tratado de Utrecht. Las potencias reconocieron el derecho del sucesor borbónico de Carlos II, pero en cambio de Sici- lia, Nápoles, Milán, Cerdeña, los Países Bajos, Menorca y Gibraltar. Los catalanes continuaron todavía la lucha después de la paz internacional de 1713; franceses y españoles penetraron por asalto en Barcelona, y al vencer derogaron los fueros de los vencidos, que eran restos de la autonomía provincial española. No andu- vieron mucho mejor los asuntos americanos. Nuevo tratado celebrado en Utrecht el año 1715 obligó á Felipe V á entregar posesiones á Portugal, prevalié- ronse los portugueses de la debilidad de España para avanzar la línea de sus posesiones, y las discusiones continuaron á pesar del tratado de París concluido en 1737. Entre tanto, el bien intencionado Felipe procuró reponer á la Península de sus quebrantos internos bajo la hábil dirección de ministros como el cardenal Albe- roni y don José Patiño. Si bien acosado por frecuentes guerras, consiguió disciplinar el ejército, comenzar la nueva formación de una marina, mejorar la adminis- tración pública y fomentar las letras y las ciencias, hasta el año 1746 en que terminó su reinado.
Sucediéronle Fernando VI hasta 1759 y Carlos III hasta 1788 en el empeño de hacer progresar á España. El primero, auxiliado por Carvajal, el marqués de la Ensenada, Jorge Juan, Feijoo y otros hombres eminen- tes, se propuso vivir en paz con la Europa firmando en 1748 el tratado de Aquisgrán, y con Portugal por medio de otro tratado, que se celebró en 1750, el cual decidió la larga contienda del dominio de las tierras situadas al Este del Uruguay. Creó numerosas institu- ciones científicas y literarias, protegió á los hombres ilustres, hizo adelantar el comercio y las industrias, aumentó la escuadra hasta dotarla de 50 buques, y, á la vez que rebajó los impuestos, hizo prosperar tanto el tesoro público, que dejó en él al morir 3 millones de libras esterlinas.
Carlos III comenzó su reinado devolviendo á Cataluña y á Aragón sus abolidos fueros y perdonando á las ciu- dades los crecidos impuestos que desde años atrás debían á la Corona. Hallábase Francia desde 1756 comprometi- da en la Guerra de siete años que sostuvo contra Ingla- terra, cuando ultrajes cometidos por ésta obligaron á España á aliarse á Francia por el Pacto de familia, (1761) en el cual entraron también Nápoles y Turín. Como el Portugal se inclinara en favor de Inglaterra, se extendió á él la guerra de los aliados. Los portugueses perdieron en Europa dos provincias y en América pla- zas fuertes y territorios que ocupaban, y los españoles fueron vencidos por Inglaterra en Cuba, en Manila y en el castillo del Morro. Esta guerra terminó en 1763, por el tratado de Fontainebleau, en el cual se pactó la restitución de las presas tomadas y de algunos de los territorios conquistados. Como los portugueses no respe- taron en América las cláusulas de este acuerdo, sino que tomaron posesión de tierras cuyo derecho habían reconocido á España, Carlos III les declaró la guerra otra vez; los españoles consiguieron señalados triunfos en las márgenes del Plata y en Río Grande, y obtuvieron por el tratado de paz de 1777 que se les reconociese el dominio de las riberas del río Grande del Sud, cuya pacificación fué robustecida por otro tratado de comercio que ambas potencias subscribieron en el Pardo el año 1778. Con ocasión de la guerra de la independencia norte americana, favorecida por Francia, atacó España á Inglaterra. La campaña fué tremenda. Los ingleses perdieron varias posesiones : pero, si bien favorecidos por las tempestades y empleando balas incendiarias (prohibidas por el derecho) consiguieron mantener el peñón de Gibraltar, cuya reconquista había sido una de las principales aspiraciones de Carlos III. Entre tanto, este ilustre monarca, que tuvo el tacto de emplear hom- bres de grandes cualidades, como lo fueron Campo- manes y los condes de Aranda y Floridablanca, expulsó á los jesuítas, refrenó el poder de la inquisición, dió muy notable impulso al comercio, á la industria, á las letras, á las ciencias, á la hacienda, al ejército y á la marina, y devolvió á España mucho del esplendor y del prestigio que en otros tiempos había tenido.
Sucedióle Carlos IV hasta 1807. Débil, indeciso, pere- zoso y nada afecto á las ocupaciones gubernativas, abandonó los negocios públicos á sus ministros. Fué- ronlo al principio Floridablanca y el conde de Aranda; pero, no habiendo evitado que los revolucionarios de Francia llevaran al cadalso á Luis XVI, vino al poder don Manuel Godoy, que había interesado á los reyes por su hermosura, pero absolutamente incapaz para gobernar. Dueño de la voluntad de Carlos IV y de su esposa María Luisa, atrajo en poco tiempo sobre España las mayores calamidades imaginables. Declaró la guerra á Francia revolucionada, obedeciendo á sugestiones de Inglaterra, por vengar la muerte de Luis XVI; los fran- ceses invadieron la Cataluña y las provincias vascon- gadas, y la paz, que se firmó en Basilea el año 1795, le costó la isla de Santo Domingo y la obligación de auxi- liar al vencedor con tropas. Al año siguiente se unió á Francia para llevar la guerra á Inglaterra, y tuvo que sufrir la derrota de su escuadra en el cabo de San Vicente. La misma alianza lo obligó á enviar un ejér- cito contra Portugal en 1800, por impedir que Ingla- terra aprovechara los puertos de esta nación para su comercio; y si bien la paz celebrada en 1801 le permitió establecer buenas relaciones con los ingleses y retener la ciudad de Olivenza, no se resarcieron con ella los grandes sacrificios de la campaña, á los cuales se agregó la cesión de Luisiana con 6 navíos y más de un millón de pesos á Francia y de Trinidad á los ingleses. En 1804 tuvo que auxiliar á Francia con 15 mil hombres destinados á las guerras del Norte. Habiéndose roto las hostilidades entre Francia é Inglaterra en 1803, y exi- gido aquélla que España concurriese con 24 mil hom- bres, en cumplimiento del tratado de 1795, Carlos IV compró el derecho de abstenerse pagando un fuerte subsidio anual, pero Inglaterra, que no aceptó este modo de ser neutral, apresó tres fragatas españolas que iban de América cargadas de plata y echó á pique otra (1804). Obligado entonces Carlos IV á aliarse con Francia, perdió en Trafalgar su brillante marina (1805). Al año subsiguiente envía un ejército Napoleón contra Portugal por perjudicar el comercio inglés, pero ese ejército es acompañado por otro de España, la familia real portu- guesa huye con su tesoro al Brasil (1807) y el general francés proclama rey á Napoleón. En este mismo año había conseguido el emperador que Carlos IV le cediera el Norte de España, hasta el Ebro, en cambio de sentar en el trono de Portugal á una hija del último y en el de Algarves á Godoy; pero esta promesa no se cumplió, como se vé, y aquella adquisición fué el prólogo de una felonía sin ejemplo.
Lo resumido en el artículo anterior da idea, aunque incompleta, de lo desastroso del reinado de Carlos IV. España había agotado las fuerzas materiales y morales acumuladas por los tres monarcas que le precedieron; había sido vencida, humillada y explotada en el exterior y en el interior, abochornada por desórdenes escanda- losos de la corte, tuvo además que ver desquiciarse cuanto significaba alguna señal de progreso. Se ha dicho que, al entrar en el siglo XIX, la civilización española distaba más de un siglo de la civilización general de Europa. Y toda esta ruina se debía al influjo omnímodo de Godoy. Sin embargo, el rey y la reina seguían enamorados más que nunca de su favorito, y con tantos títulos y honores lo habían colmado, que no pareciendo suficientes los creados se crearon especial- mente para él, y aun los cegados monarcas lamentaban que su inventiva no les sugriese otros mayores.
El pueblo, que había estado contemplando con estu- por y honda pena las desgracias del país y la conducta de los reyes para con la funesta personalidad que ellos mismos habían creado de la nada, concluyó por odiar á Godoy, por persuadirse de que nada bueno había que esperar ya del indolente Carlos IV, y por poner todas sus esperanzas en el príncipe de Asturias. Éste, á su vez, más por ambición que por virtud, se declaró ene- migo del favorito, y aspiró á arrebatar el trono á su padre. Tales ambiciones y enemistades fueron causa de que ocurrieran en la corte sucesos muy escandalosos, éstos determinaron al pueblo á sublevarse en Aranjuez contra Godoy en Marzo de 1808, y el rey, temeroso de que su favorito perdiera la vida, abdicó la corona en el príncipe de Asturias, quien tomó el nombre de Fer- nando VII, en medio de entusiastas festejos populares.
Napoleón I, que perseguía el pensamiento de apode- rarse de toda la Península, aprovechó la oportunidad que le presentaron los desastres de España y los increí- bles desórdenes de la familia real, para llegar á su fin. Invocando la alianza que existía y las necesidades de la guerra de Portugal, obtuvo de Carlos IV el per- miso de pasar un nuevo ejército. Éste, dividido en varios cuerpos y constante de 100 mil hombres, entró en España por diversos puntos (Enero de 1808) y ocupó varias plazas importantes. Esto hecho, el general fran- cés que operaba en Portugal desde 1806 proclamó rey á Napoleón (Febrero); Murat ocupó á Madrid mientras Carlos abdicaba, y cuando Fernando VII entró en la ciudad aclamado por el pueblo, se vió que el generalí- simo de las tropas francesas le negó el reconocimiento de la autoridad real que acababa de recibir, y que, anunciando la venida del Emperador, indujo á Carlos, á Fernando, á toda la familia real y á Godoy á que salieran al camino para recibirlo.
Los tres fueron á Francia : Fernando con el ánimo de hacerse reconocer rey; Carlos, arrepentido de haber abdicado, con la pretensión de que su hijo le devolviera la corona; y Godoy con la esperanza de conservar su posición mediante el restablecimiento de Carlos en el trono. Todos ellos buscaban en Napoleón I al juez de su derecho; pero el Emperador obligó en Bayona á Fer- nando á que abdicase en favor de su padre y á éste á que le entregase el cetro á él mismo, con lo cual la familia napoleónica sucedió á los borbones (Mayo de 1808). El emperador reunió en la misma ciudad un con- greso para que ratificase la cesión de Carlos y no tardó en nombrar á su hermano José Bonaparte rey de Es- paña y de las Indias (Junio).
En cuanto el pueblo se convenció de que los que pasaban por aliados se habían convertido pérfidamente en conquistadores, se levantó en toda España espontá- neamente y comenzó á luchar individuo contra indivi- duo, grupo contra grupo, ejército contra ejército, niños, mujeres y hombres de trabajo contra militares aguerri- dos, con armas ó sin ellas, cada cual como podía. Sin concierto previo desconocióse en todas partes el derecho de la nueva dinastía, proclamóse á Fernando VII, cada provincia nombró una Junta para que la gobernase, y todas enviaron después diputados para que compusiesen la Junta suprema de gobierno, así que los españoles ganaron la famosa batalla de Bailén (1808). Esta junta, instalada en Aranjuez, tuvo que trasladarse á Sevilla, y luego á la isla de León, en donde se constituyó tam- bién un Consejo supremo de regencia para que supliese la autoridad real mientras Fernando VII estuviese detenido en Francia. Á los españoles se unieron los ingleses en la guerra, y ésta continuó sangrienta y te- rrible durante seis años.
Los descubrimientos hechos por los portugueses en África, Asia y América dieron á Portugal importancia y renombre. Esta monarquía estableció colonias por todas partes y se puso en relación con chinos y japoneses, por manera que su comercio, su marina y su poder político crecieron mucho en el decurso del siglo XVI, aunque no tanto como hubieran aumentado si los colonos del Brasil hubiesen estado sometidos á una sabia organización y hubiesen sido más arreglados en su conducta.
Portugal fué conquistado por Felipe II en 1580, y con él pasaron al dominio de España las posesiones portu- guesas de América, África y Asia. Conocido es ya el despotismo con que la dinastía austriaca gobernaba en España. No era más blanda en los otros países que le obedecían. La tiranía que desplegó en todas partes el conde-duque de Olivares, primer ministro de Felipe IV, superó á la de Felipe II; y tanto, que, no pudiendo resistirla los catalanes, se sublevaron con el auxilio de la Francia por emanciparse. Portugal estaba mirado así por haber perdido su independencia como por la dureza extrema del gobierno, cuando sus nobles fueron llama- dos á la guerra que se seguía contra Cataluña.
La irritación de los ánimos se aumentó con este motivo de tal modo, que los portugueses se rebelaron, se declararon independientes, y llamaron al trono al duque de Braganza con el nombre de Juan IV (1640). La guerra duraba aún, cuando este rey fué sustituido por Alfonso VI, su hijo, en 1656. De conducta en extremo desarreglada, pesó el nuevo rey como una desgracia en su patria. Su vida fué una sucesión de escándalos. Los ingleses le exigieron Bombay y Tanger; los holandeses se apoderaron de las colonias de las Indias. Pasó los últimos años de su vida en el encierro y murió odiado por su pueblo (1683).
Á Alfonso sucedió su hermano Pedro II, que ejercía la regencia desde 1667. En 1668 ajustó la paz con España, quien reconoció la independencia de Portugal, si bien quedándose con la plaza africana de Ceuta. Hizo florecer el comercio y las artes y aseguró la paz de su reino contra eventuales ambiciones de España mar- chando de acuerdo con Inglaterra, la cual se prevalió después de estas relaciones para influir en la política portuguesa en favor de su interés comercial. Uno de los actos debidos á esta influencia fué el haber acom- pañado á ingleses y austriacos en la guerra que hicie- ron á España cuando vino la familia borbónica al trono de este estado, invadiéndolo y tomando las principales ciudades de Estremadura (1703).
Muerto de apoplejía en 1706, vino al poder Juan V. Siguió el ejemplo de su padre, haciendo causa común con el Austria, pero lo derrotaron los franceses. Desde la paz celebrada en Utrecht (1713) gozó de tranquilidad y se dedicó á hacer prosperar las ciencias, las letras y las rentas públicas. Fundó la academia portuguesa y restringió el poder de la inquisición; pero este espíritu no le impidió celebrar con fausto extraordinario las fiestas de la Iglesia.
Su hijo José I ocupó el trono en 1750. Le acompañó el ministro marqués de Pombal, que se hizo célebre por sus actos de gobierno. No le permitieron los compro- misos con Inglaterra abstenerse de auxiliarla en la Guerra de siete años, que le fué desfavorable, pues que perdió dos provincias en Europa y posesiones en Amé- rica. Pero, hecha la paz en 1763, el ministro Pombal se aplicó á combatir la prepotencia comercial y política de los ingleses, abatió el poder de los nobles, expulsó á los jesuítas, reprimió á los inquisidores y dió notable impulso á la civilización.
Pero vino luego María I (1777), quien, como si hubiese traído el propósito de deshacer la obra que dió gloria al padre, restituyó su poder al clero, á la inqui- sición y á la nobleza, así como consintió que Inglaterra volviese á ejercer su costoso influjo. Padeció larga melancolía por la muerte de su marido y por fin vol- vióse loca por temores religiosos que le infundió su confesor. Durante el primero de estos estados mentales la suplió su hijo Juan en el gobierno como auxiliar (desde 1793) y después como regente (desde 1799). La revolución francesa, que conmovió desde el primer día todos los tronos, obligaba á los monarcas á desplegar mucho genio para conjurar el peligro; pero Juan no lo tuvo. Lo habían educado su madre y los clérigos, y for- maron en él un místico ajeno á la vida real y á las necesidades del mundo. No fué difícil, pues, imponerle ministros incapaces, susceptibles de servir dócilmente de instrumento, y que éstos hicieran de él lo que qui- sieran. Entre los errores graves de este gobierno sobre- sale el de haber secundado á España y á Inglaterra en la guerra que en 1793 declararon á la Francia republi- cana, por obedecer á la segunda, pues sacó de esa empresa la peor parte, tuvo que soportar la prepotencia ilimitada que los ingleses ejercieron en Lisboa, y se atrajo la malquerencia de Napoleón, que había de serle funesta.
Habiendo sido enemigas Inglaterra y Francia cons- tantemente desde la muerte de Luis XVI, se propuso Napoleón combatir la preponderancia comercial de los ingleses; y como éstos disponían y abusaban de las complacencias de Portugal, así como los franceses tenían ganada la voluntad del rey de España, resultó que la monarquía lusitana tuviera que sufrir la guerra que en su territorio hacía Napoleón á los ingleses y que aquél contase para ello con la cooperación de Carlos IV.
Es así que en la guerra de 1800 mandó Napoleón á Portugal un ejército francés, acompañado de otro espa- ñol, por desalojar la influencia inglesa y cerrarle los puertos lusitanos. Los portugueses perdieron una parte de la Guayana y la plaza de Olivenza, y tuvieron que pagar una fuerte suma en dinero. Vuelven los ingleses á conseguir los favores del regente don Juan, y Napo- león á luchar con los ingleses, en cuanto de Cónsul I pasa á ser emperador de los franceses. Don Juan, temeroso de este déspota, se mantuvo durante algún tiempo en actitud equívoca; pero, obligado á declararse enemigo de Francia ó de Inglaterra claramente, se decidió á ser amigo y aliado de Francia y de España y se obligó á cerrar los puertos de Portugal á la Gran Bretaña. En Noviembre de 1807 llegó á ordenar el secuestro de los súbditos y de las propiedades inglesas existentes en Lisboa.
El gobierno inglés ordenó inmediatamente el bloqueo del Tajo, é intimó al Príncipe regente que le entregase la escuadra, ó que se sirviera de ella para trasladar la familia real al Brasil.
Mientras tanto los ejércitos de Francia y España habían invadido el territorio portugués en son de guerra, y el primero estaba cerca de Lisboa. Viendo el Regente que su conducta para con Inglaterra (dema- siado tardía quizás) no lo salvaba de la enemistad de Napoleón, aceptó la intimación del gobierno inglés, se embarcó en su escuadra con la familia real, los minis- tros y las personas que componían la corte, y tomó el camino del Brasil, publicando un decreto por el cual declaró que, habiéndole sido imposible conservar la neutralidad, á pesar de haber agotado su tesoro y hecho el sacrificio de cerrar los puertos á su antiguo y leal aliado el rey de la Gran Bretaña, había resuelto, por evitar al pueblo los peligros de una resistencia inútil al ejército que se acercaba á la capital, partir á sus esta- dos de la América y fijar su residencia en Río de Janeiro hasta que se restableciese la paz general de Europa.
El general Junot, jefe del ejército invasor, proclamó entonces á Napoleón rey de Portugal, á consecuencia de haber declarado el Emperador depuesta la dinastía de Braganza. Sin embargo, los ingleses ocuparon á Lisboa y la gobernaron como si les perteneciera, á pesar de haber enviado Francia en 1808, 1809 y 1810 tres ejércitos para desalojarlos.
Los portugueses habían hecho, como ya se ha expre- sado, descubrimientos en las costas occidentales del África y habían llegado á las Indias asiáticas doblando el cabo de Buena Esperanza antes que los españoles hubiesen descubierto la América. Así que este descu- brimiento se efectuó, los reyes de España y Portugal solicitaron del papa Alejandro VI que interpusiera su autoridad suprema, como representante de Dios que era, adjudicándoles el dominio de las tierras ya descu- biertas y que en adelante descubriesen sus súbditos.
El papa decidió que en adelante pertenecerían á Portugal las tierras que descubriese al Levante de una línea meridiana situada á cien leguas de las islas Azores y las de Cabo Verde, y que pertenecerían á España las que ésta descubriese al poniente de la misma línea meridiana. Pero, no habiéndose confor- mado con esta decisión el gobierno portugués, ambos soberanos celebraron en 1494 el tratado de Tordesillas fijando la línea meridiana divisoria á 360 leguas al Oeste de Cabo Verde.
En Noviembre de 1499 salió de España Vicente Yáñez Pinzón, cruzó el mar del Norte y llegó en Enero de 1500 á tierras desconocidas. El punto descubierto pertenecía á la costa del Brasil y estaba próximo al Amazonas. Descendió en otros parajes de la misma costa y luego regresó á España.
Pedro Álvarez Cabral salió á su vez de Portugal mandando una escuadra que había de ir al Asia para asegurar las posesiones allá adquiridas. Pero, como marchara á cierta distancia de las costas africanas, las corrientes del Atlántico, desconocidas entonces, lo arrastraron tanto de Este á Oeste, que dió sin pensar con tierra de que no tenía noticia, en Abril de 1500. Esa tierra era también parte del Brasil y estaba cerca de Puerto Seguro.
Es decir que con intervalo de tres meses tuvo el Brasil dos descubridores: uno español primero, otro portugués más tarde. Pero, más lista la corona de Portugal que la de España, se apresuró á tomar pose- sión de los descubrimientos de Cabral y á hacerlos explorar, acaso en el concepto de que estaban com- prendidos en el hemisferio oriental del meridiano seña- lado en el tratado de Tordesillas.
Nació inmediatamente la cuestión de si los lugares descubiertos por Yáñez y Cabral estaban dentro de los límites de Portugal ó dentro de los de España. Calcu- laban los españoles que la línea meridiana que separaba ambos dominios pasaba por la boca del río Marañón. Los portugueses sostenían que la línea pasaba mucho más al Oeste, y llegaron á pretender que por muy cerca del río Uruguay. Según el primer parecer, no pertene- cía á los portugueses más tierra americana que la situada al Oriente del meridiano 53, (longitud de París) pero según el segundo parecer les pertenecía la gran extensión situada al Este del meridiano 60.
¿Quién estaba en lo verdadero ? Para saberlo habría sido indispensable demarcar en el suelo los puntos por donde pasara la línea divisoria que en Tordesillas se acordó. Geógrafos nombrados por los dos gobiernos varias veces se reunieron para delimitar las posesiones, pero no pudieron resolver nada, porque mientras unos entendían que las 360 leguas debían partir de una isla, entendían los otros que debería partir de otra; aquéllos tomaban una legua como unidad de medida, y éstos otra de diferente longitud; y, como si estas desave- nencias no bastaran para dificultar la solución, se agregaba que los instrumentos, demasiado imperfectos, no daban á españoles y portugueses iguales resultados. Es decir que, no habiendo podido entenderse sobre la demarcación de la línea divisoria, no podían ponerse de acuerdo las dos potencias sobre si tales ó cuales puntos dados pertenecían á una ó á la otra, de cuya incertidumbre tenían que surgir necesariamente nume- rosas disputas.
El rey de Portugal no se sintió arredrado por tales dificultades, sino que, aprovechándose hábilmente de las circunstancias en que la política europea tenía absorbidas la atención y las fuerzas de España, ocupó rápidamente casi toda la costa oriental de Sud América, que queda al Norte de Santa Catalina, la dividió en capitanías y la colonizó. Para 1532 las capitanías eran 14. La más septentrional era la de Gran Pará; la más meridional la de San Vicente. Sus frentes al océano Atlántico eran muy desiguales. El mayor era el de Gran Pará, que contaba 160 leguas. El frente menor era de 6 leguas. Los demás ocupaban términos inter- medios, que se acercaban al máximo ó mínimo; pero ninguno era mayor de 125 leguas ni menor de 25. La capitanía de San Vicente no tuvo latitud fija, pues á veces no pasó al Sud de la isla de Santa Catalina y otras veces se ha pretendido que llegara hasta el río de la Plata. En cuanto á la extensión desde la costa hacia el Oeste, era indefinida: cada capitanía podía ocupar hasta donde los españoles permitieran.
El rey adjudicó cada capitanía á un hidalgo ó á una persona que se hubiese distinguido por sus servicios, y á título de recompensa. Los titulares podían disponer de las tierras y de los indios de su respectiva capitanía con mucha libertad. Cada uno era gobernador y capitán general; y estaba investido, por lo mismo, de autoridad política, civil y militar. Sus derechos y facultades eran semi-sobe- ranos, y pasaban á sus hijos hereditariamente. La corona se había reservado el décimo de los productos y el derecho de acuñar moneda. Como estos gobernadores eran inde- pendientes entre sí, y no había una autoridad superior que armonizase sus actos administrativos, cada capitanía fué gobernada como á su jefe le plugo, y su admi- nistración difirió de la de las otras más ó menos, según las aptitudes é ideas del gobernador. Aparte de estas diferencias, nacieron rivalidades y conflictos de derecho entre las capitanías, que no podían dirimirse más que por la fuerza. El interés de reprimir tales desórdenes, á la vez que el de dar unidad al gobierno como medio de que las fuerzas de unas capitanías sirvieran para salvar de peligros á otras, movió al rey, en 1519, á abolir algunos privilegios de los gobernadores y á establecer uno general con plenos poderes en materia civil y criminal, quien estableció en la bahía de Todos os Santos la capital del Brasil ó Nueva Lusitania, fundando y fortificando la ciudad de San Salvador, conocida comúnmente por el nombre de Bahía. Esta gobernación única duró veintidós años. En 1572 se dividió el Brasil en dos gobiernos: uno del Norte, con Bahía por capital, y otro al Sud, cuya capital se estableció en Río de Janeiro; pero cuatro años des- pués se restableció la gobernación única dándole asiento en Río de Janeiro.
Algunas capitanías prosperaron en población é indus- tria, otras no. Todas tuvieron que luchar con los salva- jes y las más fueron teatro de desórdenes internos, debido á que los colonos que las poblaban no eran siempre de clase escogida y á que se incorporaban á ellas demasiado á menudo malhechores y gentes de malas costumbres que huían de la justicia de Portugal ó que las autoridades del reino confinaban.
La capitanía de San Vicente merece atención especial porque era la más inmediata á las posesiones españo- las rioplatenses, y porque en el interior de su territorio se fundó y floreció una colonia que gozó de mal renom- bre durante mucho tiempo.
Es la colonia de San Paulo, que se estableció hacia 1554. La compusieron personas de diversas proceden- cias, entre las cuales abundaron las de costumbres depravadas y aventureros indisciplinados. Esta pobla- ción se mantuvo durante más de un siglo sin sujeción al rey de Portugal, ni al gobierno general del Brasil, ni al gobierno particular de San Vicente. Obró con entera independencia de autoridades humanas, y es preciso agregar que también con independencia de las leyes naturales que regulan la vida moral de los hom- bres.
Tomaron por mujeres, sin las formalidades que la civilización prescribe, á las indias. Muchos de ellos, y de los mestizos que engendraron, se mezclaron con los negros esclavos que el Brasil importaba del África y de Europa, y resultaron de estas uniones generaciones de zambos y mulatos que compusieron la clase denominada de los mamelucos, casi nómada, de instintos bárbaros, incansable en sus correrías.
Los portugueses esclavizaron á los indios salvajes como á los negros africanos. La condición de aquéllos fué más desgraciada en el Brasil que en las posesiones españolas, porque mientras acá muchas leyes defendían la libertad del indígena y no faltaban autoridades que vigilaron el cumplimiento de la ley, allá faltó la protec- ción del monarca y los gobernadores se cuidaron poco de hacer respetar el carácter humano de los salvajes. Es así que se generalizó la compra-venta y la permuta de indios tanto como la de africanos.
Los mamelucos se dedicaron, pues, á cautivar indí- genas y al abigeato, y á comerciar con los hombres y las bestias, cuando no los empleaban ellos mismos en los campos que violentamente se apropiaran. Las grandes distancias que solían recorrer, ya solos, ya en unión con tribus salvajes aliadas, la audacia y el tesón que desplegaron, y la crueldad de que hicieron alarde, contribuyeron á extender por toda la América del Sud la fama de sus empresas, y á que nadie oyese su nombre en una extensa zona sin horrorizarse.
El Brasil ha sido codiciado en diversas épocas por varias naciones europeas, pero principalmente por los franceses y los holandeses. Las primeras invasiones francesas se verificaron en el siglo XVI, por motivos religiosos. La reforma de Lutero se había extendido al mediodía de Europa, y las autoridades de Francia y de España la perseguían terriblemente. El almirante francés Gaspar de Coligni, que profesaba el calvinismo, se hizo protector de los perseguidos y concibió el proyecto de formar en América colonias con los protes- tantes franceses que huyeran de la sangrienta intole- rancia de los parlamentos y reyes católicos. La primera expedición, autorizada por el rey de Francia (Enrique II) partió en 1555 en tres buques de guerra bajo las órdenes del vice-almirante Villegagnon, se apoderó de una isla próxima á Río de Janeiro, la fortificó, hizo construir chozas, y luego hizo acto de posesión de las tierras confinentes poniéndoles el nombre de Francia antár- tica. A fines del año siguiente partió otra expedición en tres buques armados bajo las órdenes de Dupont, la cual se unió en el Brasil á la anterior. Pero las discu- siones religiosas dividieron pronto á los franceses; muchos de ellos pasaron al continente, y allí fueron atacados y muertos ó prisioneros por los portugueses á los doce años de ocupación, y los demás regresaron á Europa. Este suceso fué la causa de que se fundara la ciudad de San Sebastián ó Río de Janeiro (1567).
En 1611 partió otra flota de guerra, enviada por María de Médicis, reina regente de Francia por la minoridad de Luis XIII, la cual tomó posesión de Mara- ñón y fundó la ciudad de San Luis. El Brasil pertenecía entonces al rey de España. Los franceses fueron ata- cados á los tres años de su arribo por fuerzas portu- guesas, y obligados á retirarse dejando los edificios y fortalezas que habían construido.
Transcurrió un siglo sin que los franceses intentaran nuevas conquistas en el Brasil. Declarada la guerra de sucesión á la corona de España, al encontrarse Francia y Portugal en campos opuestos pensó la primera en despojar á la segunda de algunas de sus posesiones ame- ricanas, y envió una escuadra con 1000 hombres de tropa mandados por Duclerc en 1710, y otra bajo las órdenes del célebre Duguay-Trouin con 5700 hombres en 1711. Duclerc atacó á Río de Janeiro y consiguió penetrar en sus calles; pero, no pudiendo resistir el fuego que se le hacía de las casas, tuvo que rendirse cuando ya había perdido la mitad de su tropa. Murió él asesinado, y los heridos y prisioneros padecieron en las prisiones de hambre y de miseria. La segunda ex- pedición tuvo por objeto vengar estas crueldades. Penetró en la bahía de Río de Janeiro afrontando el vivísimo fuego que le hicieron las baterías que defen- dían el puerto, desembarcó 4000 hombres, intimó á la plaza la inmediata entrega de los autores de la muerte de Duclerc para hacer en ellos ejemplar justicia, y, como no fuera satisfecho, llevó el ataque, tomó los fuertes, recuperó 500 prisioneros de Duclerc y obligó al gobernador portugués á abandonar la plaza y á atrin- cherarse á poca distancia. Concluyó esta campaña recibiendo Duguay como indemnización 610 mil cruza- dos, 500 cajas de azúcar y 200 animales vacunos, y volviendo con su escuadra á Francia.
De mucha mayor importancia que estas invasiones fueron las que operaron los holandeses durante el medio siglo que siguió al año 1624. En este año partió una escuadra de 32 buques de guerra, armado cada uno con 28 á 36 cañones, y 1600 hombres de desem- barco. Su jefe recibió la orden de apoderarse de la capitanía de Bahía, y la cumplió tomando á viva fuerza la capital, y obteniendo de la mayoría de sus habi- tantes el juramento de fidelidad á las Provincias Unidas de Holanda. Pero, habiendo venido en el año siguiente una escuadra española y otra portuguesa, combinadas para retomar la ciudad con 12000 hombres de tropa, tuvieron los holandeses que capitular y volver á su país.
Entonces propuso la Compañía de las Indias occiden- tales al Consejo de los Estados generales la conquista del Brasil y del África occidental como medio de per- judicar á España, su enemiga, y de hacer prosperar á los holandeses comercial é industrialmente. El Consejo mencionado autorizó á la Compañía para emprender la conquista equipando una escuadra de 70 buques y mandar á su bordo 8000 soldados y 5000 marineros.
Esta guerra empezó en 1629 con una escuadra de 46 buques y 7000 y tantos hombres, que partió frac- cionada en pequeñas divisiones. Los holandeses se apoderaron sucesivamente de diversos puntos de la costa brasileña septentrional. Su posesión fué constan- temente disputada con sucesos diversos. Estos fueron en general favorables á la conquista. Pero desde media- dos del siglo XVII los portugueses vigorizaron su defensa; poco después obtuvieron repetidas ventajas; Holanda suspendió sus expediciones, y por fin, asegu- rada la independencia de Portugal, se entró en la vía diplomática. Interrumpiéronse las negociaciones varias veces, mas, proseguidas de nuevo, dieron por resultado que en 1654 se firmara un tratado por el cual los holandeses evacuarían los puntos que ocupaban en el Brasil, y que en 1661 celebraran las Provincias Unidas y Portugal en la Haya un tratado de paz y de alianza.
Las invasiones extranjeras tuvieron el efecto de esta- blecer vínculos estrechos entre las capitanías por el interés común de defenderse, de hacer levantar nume- rosas fortificaciones, de abrir extensas vías de comu- nicación, de desenvolver el comercio y las industrias, de valorizar las tierras y de templar el carácter.
En la primera mitad del siglo XVIII adelantó la administración, la población creció y la explotación de minas tomó mayor importancia.
El rey José I constituyó el virreinato del Brasil, con residencia en Río de Janeiro (1762), y el ministro Pom- bal impulsó los progresos de la colonia de modo que honran su esclarecido nombre.
Los sucesos ocurridos en Portugal en 1807 vinieron á dar nuevo empuje á estos adelantos, pues que al tras- ladarse al Brasil la familia real trajo consigo la fuerza intelectual, el brillo y el prestigio de la corte. En cuanto llegó el regente á puerto brasileño (Enero 1808) dió un decreto aboliendo el sistema de monopolio que de antiguo existía, y permitiendo que se comerciara libremente con todas las naciones amigas del mundo, á cuyas naves quedaban abiertos los puertos del Brasil. En Marzo estableció la capital en Bahía, provisional- mente. En Abril declaró que todo brasileño podía pro- fesar cualquier industria, sin excepción de cosa ni de persona.
Organización política y administrativa del Río de la Plata
Asegurada la dominación de los pueblos situados entre los Andes y el Uruguay, pudieron los conquista- dores entregarse más libremente que hasta entonces á colonizar el país y á organizar la administración pública, cosas ambas reclamadas por los intereses económicos, morales y políticos así de las poblaciones del Río de la Plata como de España.
Hernando Arias de Saavedra había demostrado al gobierno de la Península que no sería fácil gobernar estas colonias, si la administración tuviera, como hasta entonces, el solo centro de la Asunción del Paraguay. La conquista del interior meridional se verificaba inde- pendientemente de aquella autoridad, y los gobernantes que esa conquista requirió funcionaban con igual inde- pendencia. No se reputaban gobernadores del Paraguay ni del Río de la Plata; eran gobernantes de Cuyo y del Tucumán, que era como decir de otros estados. Tal dualidad era incompatible con los intereses primor- diales del Plata, pues el país, de los Andes al Este, era geográficamente uno; la naturaleza lo separaba de Chile y del Perú, y tenía su natural vía directa de comu- nicación, con el soberano y con toda la Europa, en el gran río y en el Océano del Norte (Atlántico) que bañan sus costas.
Por otra parte, habíase fundado otras colonias, además de Buenos Aires, á lo largo del Paraná, las cua- les requerían la atención constante é inmediata de las autoridades. Situado el gobierno en la Asunción, y separado por largas distancias de sus dominios, ejercía el poder con irregularidad acrecentada por la imper- fección y escasez de los medios de comunicación. Esto era peligroso hasta para la integridad del territorio conquistado, pues la tentativa de un corsario inglés por apoderarse de Martín García y la de un pirata de la misma nacionalidad por tomar á Buenos Aires revelaban que en los extranjeros empezaba á obrar la idea de arrebatar á los españoles sus posesiones meridionales. Estaba claro que tal propósito sería fomentado por el aumento de las colonias en número, en población y en movimiento, como lo estaba que la de Buenos Aires adquiriría pronto, por su situación, excepcional impor- tancia y era la naturalmente destinada á servir de cen- tro al desenvolvimiento de las poblaciones que vivían entre el Uruguay y los Andes.
No fué, pues, muy difícil á Hernando Arias llevar al ánimo del Rey la convicción de que era urgentemente reclamada la división del gobierno de estas regiones. Así fué que, conservando el territorio de Cuyo como parte de Chile y la provincia de Tucumán bajo la dependencia de su gobernador, separó en 1620 del gobierno del Paraguay, é hizo de ellas una gobernación aparte, dependiente del virrey del Perú, las tierras y poblaciones situadas entre el Paraguay, el Brasil, el Plata, el Atlántico, Chile y Tucumán, reservando al gobierno de la Asunción el territorio propiamente para- guayo, que se extendía del Río Paraguay hasta las sierras que dan aguas al río de igual nombre y al Paraná, y el territorio de Guairá, que se comprendía entre dichas sierras y el Paraná, con más una vasta extensión hacia la izquierda de este río. Este estado de cosas duró hasta el año 1776.
Esta división no fué favorable á la prosperidad del Paraguay, porque, dada su posición geográfica, se vería alejado de las fuentes de civilización y carecía de fuerzas y elementos propios para engrandecerse; pero fué benéfica á las regiones del Sud, las cuales progresaron con más rapidez en comercio, industrias, población y gobierno.
Porque estos progresos aumentaron la importancia de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores que se sucedieron se vieron obligados constantemente á defender la integridad del territorio y la tranquilidad de los pobladores contra pretensiones de poderes extran- jeros, y no era posible que un solo funcionario de su clase atendiera bien á necesidades tan multiplicadas, tanto menos cuanto su dependencia del lejano virreinato del Perú le impedía proveer activamente las medidas que las circunstancias requerían. En virtud de estas causas y quizás también porque el Brasil era un vi- rreinato desde 1762, el Rey creó en 1776 el del Río de la Plata, comprendiendo en él las provincias de Char- cas, Santa Cruz de la sierra, Potosí, Paraguay, Tucu- mán, Cuyo y Buenos Aires; es decir, todas las tierras que hoy pertenecen á las repúblicas argentina, uru- guaya, paraguaya y boliviana, y parte de las que posee el Brasil. Este virreinato duró hasta 1810.
La América se dividió primitivamente en dos grandes virreinatos, luego en tres, y por último en cuatro. Cada virreinato se dividía en provincias mayores, cada una estas en provincias menores, y cada provincia menor en secciones ó distritos.
Antes que se hubiese erigido el virreinato del Río de la Plata, los territorios que lo compusieron pertenecían al virreinato del Perú. Entre sus provincias mayores figuraba una que tenía su capital en Santiago de Chile y otra que la tenía en La Plata, capital de la provincia de Charcas. Á la primera estaban subordinados Cuyo y Tucumán; eran parte de la segunda los territorios del Paraguay y de Buenos Aires, los cuales, como se sabe, formaron una provincia menor durante la conquista. Esta provincia mayor se dividió en dos cuando de parte de la gobernación del Paraguay se formó la de Buenos Aires : en una entraron las provincias menores del Norte y en la otra las del Sud. Pero no tardó en reconstituirse la primitiva provincia mayor, pasando á depender de la Plata las gobernaciones de Buenos Aires y del Paraguay.
Erigido el virreinato del Río de la Plata, sus extensas tierras formaron dos provincias mayores : una al Norte con La Plata por capital, y otra al Sud con su capital en Buenos Aires. Estas dos provincias constaban de ocho provincias menores, denominadas también inten- dencias y capitanías generales, á imitación de las del Brasil, que fueron : las de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Paraguay en la región meridional, y las de Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz en la región septen- trional.
Cada intendencia estuvo dividida en secciones admi- nistrativas cuyo número no fué constantemente el mismo. Á principios del siglo XIX las principales divi- siones eran las siguientes :
BUENOS AIRES : gobernaciones de Montevideo y de las Misiones occidentales y orientales del Uruguay. Sub-delegaciones de los partidos de San Miguel, de Yapeyú y de Concepción, en que se dividía la gobernación de las Misio- nes y además las de Santa Fé y Corrientes.
CHARCAS : Sub-delegaciones de los partidos de Yam- paraes, Tomina, Pilaya y Oruro.
PARAGUAY : Sub-delegaciones de los partidos de Ca- guazú, Santiago, Villarrica, Curugualí, Villarreal.
POTOSÍ : Sub-delegaciones de los partidos de Porco, Chayanta, Chichas, Tarija, Lipes y Atacama.
LA PAZ : Sub-delegaciones de los partidos de Si- casica, Pacages, Omasuyos, Larecaja, Chulumani y Apolobamba.
COCHABAMBA : Sub-delegaciones de los partidos de Santa Cruz de la sierra, Valle Grande, Mizque, Elisa, Arque, Tapacarí, Hayo- pava y Sacaba.
CÓRDOBA : Sub-delegaciones de los partidos de Men- doza, San Juan, San Luis y Rioja.
SALTA : Sub-delegaciones de los partidos de Tucu- mán, Santiago del estero, Catamarca, Jujuy, Nueva Orán y Puma.
En la cumbre de las funciones públicas de toda la América conquistada por los españoles estaba el Rey de España. La América no era considerada una depen- dencia de España; el territorio de aquélla no era parte integrante del territorio de ésta; América y España eran dos dominios distintos sometidos á un solo sobe- rano. El rey era rey de España y rey de América. Podía serlo de aquélla y no de ésta, ó de ésta y no de aquélla. Es así que instituyó consejos para gobernar á España y otro consejo para gobernar la América, con residencia cerca del Rey. Este último se denominó Consejo real de Indias. Creó un tribunal, residente en España, con el nombre de Casa de contratación de las Indias, y otro con el de Consulado de Indias, igual- mente domiciliado en la Península.
Aparte de esas autoridades que desde España inter- venían en el gobierno de la América, el Rey instituyó otras muchas que funcionaron en América. Cuéntanse en primer término los virreyes, que estaban á la cabeza de los virreinatos. Al frente de las provincias mayores funcionaban las audiencias reales. Las provincias menores eran regidas por gobernadores intendentes, que eran también capitanes generales. Las secciones de estas provincias se confiaban á gobernadores político- militares, y los distritos habitados por indios á corre- gidores. En las principales ciudades comerciales había un consulado, y, además, en todas las ciudades, villas y pueblos, cabildos, que se llamaron asimismo ayunta- mientos, regimientos y juntas.
Véase ahora en los artículos siguientes qué funciones desempeñaban todas esas personas y corporaciones.
Los reyes no eran elegidos por el pueblo en Europa, sino que venían al poder como herederos de sus ante- cesores, ya se les reconociese este derecho buenamente ó ellos se lo hicieran acatar por la fuerza. Otras veces los reyes de un país se imponían como tales á otro ú otros países, sin más título que el de haber sido vence- dores en una guerra. Algunas veces lo eran en virtud de pactos celebrados con otros reyes, no siempre espon- táneamente, como cuando se hacían cesiones de tierras. El derecho ó la pretensión de ocupar el trono de un país es negocio que en los siglos anteriores se ventilaba entre los reyes, razón por la cual originó con frecuen- cia sangrientas guerras internacionales. En ocasiones se discutía la sucesión al trono, como se decía, entre los grandes señores del país, y de aquí se originaban gue- rras civiles; pero como las familias de los reyes y prín- cipes estaban enlazadas en toda la Europa, sucedía que el éxito de la guerra civil interesaba á reyes extranje- ros pertenecientes á las familias ó dinastías de los pre- tendientes, y que éstos intervenían en la contienda, dando carácter internacional á la guerra civil. De ahí las llamadas guerras dinásticas. La que motivó el advenimiento de Felipe V al trono de España fué una de ellas, pues que se disputaron este trono la dinastía de Austria y la borbónica.
Desde que Carlos I sucedió á Fernando el católico, los reyes españoles, una vez en posesión del trono, constituían los poderes públicos, legislaban, nombraban funcionarios y administraban según su voluntad. Fue- ron soberanos y gobernantes á la vez. Su poder fué absoluto. Á nadie reconocieron el derecho de contrade- cirlo ó de limitarlo. El rey no debía obediencia á nadie, á nada; pero todos se la debían á él. Los reyes decían de los individuos : « Mis súbditos », « Mis vasa- los »; y del territorio nacional: « Mis dominios »; y del tesoro público : « Mi hacienda »; y de las escuadras y ejércitos : « Mis armadas y tropas ». Todo, hombres y cosas, era suyo, y de todo disponía como quería.
Así, pues, España era un dominio del rey; América era otro dominio. Por manera que no pertenecía la América á España, ni dependía de ella, sino que perte- necia al rey y dependía de él. Así era que los reyes decían : « Mis dominios de Indias », « Mis reinos de Indias », como de cosa diferente de « Mis dominios de España » ó « Mis reinos de España ». No existía, pues, entre España y América vínculo jurídico directo; sus relaciones consistían en pertenecer á un mismo rey. Y como todo pertenecía al rey en ambos países, se explica que el rey aplicase sus tesoros de América á las nece- sidades de España, y sus fuerzas de España á las nece- sidades de América.
Las disposiciones de los reyes se llamaban leyes, pragmáticas, decretos y cédulas. Por medio de leyes mandaban cuanto juzgaban conveniente á la generali- dad del Estado, como era la organización de las fun- ciones públicas, los impuestos, los derechos civiles y comerciales, los delitos, las penas, etc. Las pragmáti- cas reales eran leyes que tenían por objeto principalmente asuntos eclesiásticos. Los decretos reales iban dirigidos á hacer cumplir convenientemente alguna ley ya dictada. Las leyes y pragmáticas eran actos de soberanía; los decretos eran actos de gobierno, de administración. Por medio de cédulas reales (que muy á menudo se convertían con el tiempo en leyes), conce- dían los altos funcionarios alguna gracia ó dictaban una providencia particular. Decían al principio: « El Rey », y éste firmaba al fin con las palabras: « Yo el Rey ». El tribunal expedía el despacho así que estu- viera firmado. Las leyes que los monarcas dictaron como reyes de España forman varias colecciones, algu- nas de las cuales son famosas por su sabiduría. La que se publicó en tiempo de Felipe II se llama Recopilación castellana. Las que dictaron desde el descubrimiento de América, como reyes de ella, coleccionadas varias veces, y resumidas, forman otro código, conocido con el nombre de Recopilación de las leyes de Indias, que se mandó observar en 1680, en tiempo de Carlos II. Posteriormente se dictaron otras leyes, decretos y cédu- las que han andado dispersos.
Deseosos los reyes españoles de gobernar debidamente sus vastos dominios de la América, y juzgando que no deberían mezclarse los negocios de sus reinos de Europa con los de su reino de América y que ni deberían servir los intereses de ésta los mismos altos funcionarios que atendían los asuntos relativos al interior de España y á la política europea, instituyeron un Consejo de las Indias, residente en Madrid, compuesto de un presi- dente, un gran canciller de las Indias, un crecido número de consejeros letrados, y además un fiscal, dos secretarios, un teniente de gran canciller, tres relato- res, un escribano, cuatro contadores, un tesorero general y otros funcionarios de menor importancia.
Este consejo tuvo la jurisdicción suprema de la Amé- rica. Hacía las leyes, pragmáticas, ordenanzas y provi- siones de todas clases, previa consulta al rey. Exami- naba las ordenanzas, constituciones y estatutos que propusieran los prelados, capítulos y conventos de las religiones, así como los proyectados por los virreyes, audiencias y consejos de América, para que en virtud de su dictamen los aprobase el rey y mandase cumplir- los. Y, en general, le estaba encomendado todo lo que al gobierno, administración de justicia, buen trata- miento y conversión de los salvajes interesaba. Sus provisiones y mandamientos debían ser cumplidos y respetados en todas partes por toda clase de personas, y ningún otro consejo de los que funcionaban en España entendería en las cosas de América.
Residió desde 1503 en Sevilla, y desde 1718 en Cádiz, un tribunal llamado Casa de contratación, instituido para « establecer y perpetuar » el comercio de España con América. Constaba de un presidente, un tesorero, un contador, un factor, tres jueces letrados, un fiscal y varios otros ministros, cuyas funciones fueron orga- nizadas de varios modos durante el largo tiempo de su duración.
Su cometido era conocer de la guarda, ejecución y cumplimiento de las leyes que se referían al comercio de América y á la navegación del Océano. Es así que entendía en el despacho y registro de las embarcacio- nes que partían para las Indias y en la entrega de los caudales con que regresaban, y fallaba las causas que con motivo de ese comercio y navegación se suscita- sen, fuesen de naturaleza mercantil ó criminal. En la materia civil cuyo conocimiento correspondiera á los jueces ordinarios, el actor podía entablar la demanda ante la Casa de contratación, siempre que los hechos hubiesen ocurrido en América ó durante el viaje, y el reo estuviese en Sevilla. Además este tribunal tenía el deber de hacer al Rey todas las indicaciones que juz- gara convenientes á la navegación ó al comercio de América.
Otra institución, que tuvo su asiento en Sevilla desde 1543, y en Cádiz desde 1718, fué el Consulado de Indias, llamado por las leyes Universidad de los cargadores de las Indias. Era un tribunal compuesto de dos, primero, y luego de tres funcionarios llamados cónsules, cuya presidencia ejercía uno de ellos, el prior. Se reunían todos los años los cargadores que traficaban en Amé- rica, para elegir, de entre ellos, treinta electores bien conceptuados, cuyo oficio debía durar dos años. Los electores y los elegidos debían ser necesariamente españoles. Estaba prohibido que lo fueran extranjeros, ó sus hijos ó nietos. Estos electores elegían á su vez los dos ó tres cargadores en forma secreta : uno para cón- sul prior, otro para cónsul segundo, y otro para tercero, cuando se estableció. El cargo de éstos duraba un año, cuando los cónsules eran dos, y tres cuando aumentó su número; no podían ser reelegidos en el año inme- diato; pero servían de consejeros á sus reemplazantes.
El consulado conocía en las causas de los cargadores para las Indias. Se procedía ante él verbalmente, sin figura de juicio, « por la verdad sabida y la buena fe guardada. » No era permitida la asistencia de abogados, ni la presentación de escritos hechos por ellos, porque los pleitos fuesen breves y no influyese en su solución otro arte que el buen sentido. Los cónsules podían, empero, consultar abogado antes de fallar.
La imposibilidad de gobernar convenientemente toda la América desde España decidió á los reyes á nombrar representantes suyos en Méjico, en el Perú y en el Nuevo reino de Granada, con el nombre de virreyes, á quienes confirieron el gobierno superior y la facultad de hacer y administrar justicia, y de entender en todo lo que conviniera al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación de sus respectivos pueblos. Por ser exce- siva la extensión del virreinato del Perú y dificultarse su acción en el Río de la Plata por la interposición de los Andes, se acordó nombrar otro virrey para estas regiones, como ya queda dicho en el artículo XXXVI. Estos empleos eran confiados por el Rey á personas de distinción nacidas en España, con la condición de que habían de venir á la América sin sus esposas, hijos, yernos y nueras. Esta regla no se observó, empero, tan rígidamente como lo prescribían las leyes, en los últi- mos tiempos de la dominación española.
En conformidad con el fin de tan alta institución, los virreyes tenían el cometido de difundir la religión cató- lica entre los indios; administrar y ejecutar la justicia; gobernar y defender sus distritos; premiar y gratificar á los sucesores de los autores de descubrimientos, paci- ficación y población de las Indias; cuidar de que los indios fueran bien tratados y conservados, y de que se hiciera bien el recaudo, administración, cuenta y cobranza de la real hacienda; de hacer lo que les pare- ciere y vieren que conviniese en todas las cosas, casos y negocios que se ofrecieren, proveyendo todo aquello que el Rey habría podido hacer y proveer, de cualquier calidad y condición que fuera, como si el mismo Rey gobernara, en lo que no les estuviera especialmente prohibido.
Los virreyes eran además capitanes generales de mar y tierra en las provincias de su virreinato, para cuyo efecto podían valerse de lugartenientes y capitanes nombrados y removidos por ellos con entera libertad. Eran los presidentes de la audiencia que funcionaba en la misma ciudad que ellos, y podían presidir las otras audiencias de su virreinato, siempre que accidental- mente se hallasen en el lugar de su asiento. Eran asi- mismo los gobernadores de las provincias de su cargo, incluso los distritos de las audiencias. Podían perdonar los delitos á la par que el rey, y detener la acción de la justicia. En general no podían los virreyes inmiscuirse en los asuntos judiciales en que las audiencias debían conocer, ni aun con su voto cuando presidían las sesio- nes, como tampoco podían las audiencias invadir las atribuciones gubernativas del virrey; pero podían fallar en primera instancia en los juicios que tuvieran indios ó españoles contra indios. En tal caso se deducía la apelación para ante la audiencia real y ésta fallaba en segunda instancia.
El domicilio del virrey del Río de la Plata llamábase real palacio y funcionaban en él, además que el virrey : un secretario de cámara, tres oficiales, un archivero y un asesor general del virreinato.
La audiencia real se componía de un presidente y cuatro ó más oidores, al cual se agregaban uno ó varios fiscales, un alguacil mayor, un teniente de gran can- ciller y otros ministros y oficiales de menor importan- cia. Á veces había, además de los oidores, varios alcaldes. Dependían estas diferencias de la importancia y cantidad de los asuntos en que tenían que intervenir los ministros. Todos los funcionarios solían ser espa- ñoles, y su nombramiento venía del Rey.
Las audiencias conocían en los juicios civiles y cri- minales en que hubiesen intervenido y pronunciado sentencia jueces inferiores, y de cuyas sentencias se hubiera interpuesto primera ó segunda apelación. Es decir que conocían en segunda y tercera instancia. También conocían en primera instancia, si se trataba de personas muy principales, ó de crímenes muy gra- ves. Además intervenían administrativamente en lo relativo al nombramiento ó elección de ciertos funcio- narios del orden judicial, y cuidaban de que se diera á los indios buen tratamiento. Las audiencias gozaban de mucha consideración, y el privilegio de comunicarse directamente con el Rey.
Cuando había en la audiencia oidores y alcaldes, aquéllos conocían de los asuntos civiles y éstos de los criminales; pero, cuando no había más que oidores, ellos conocían en las dos clases de procesos. Los fiscales promovían los pleitos que interesaban al fisco ó á la vindicta pública, y defendían en ellos el cumplimiento de la ley. Si había un fiscal solo, intervenía en lo civil y en lo criminal; si eran dos, uno intervenía en los asuntos de una clase y el otro en los de la otra clase, ó se repartían ambas clases de asuntos de modo que su trabajo fuese igual. Los alguaciles mayores tenían el oficio de vigilar el orden de día y de noche, de prender por orden judicial, y sin orden en caso de delito fra- gante, en las ciudades en que residían las audiencias. El teniente de gran chanciller tenía la guarda del sello real que las audiencias recibían solemnemente cuando les era enviado por el Rey; cuidaba de marcar con él, en cera colorada, las provisiones de la audiencia; con- servaba en armarios los procesos terminados y las pragmáticas y órdenes reales.
Antes que se instituyera el virreinato del Río de la Plata, estuvieron sujetas las colonias que compusieron la gobernación del Paraguay á la audiencia de La Plata, (ciudad de la provincia de Charcas) una de las varias que había dentro del extensísimo virreinato del Perú. Años después de haberse creado la gobernación de Buenos Aires, es decir en 1661, se instituyó la Audien- cia real de Buenos Aires, cuya jurisdicción comprendió las provincias ó gobernaciones del mismo nombre, de Tucumán, y del Paraguay. Se instaló recién el año de 1763, fué suprimida nueve años más tarde (1772), en virtud de real cédula de 1771, y restablecida en 1785, por cédula de 1783 con motivo de haberse constituido poco antes el virreinato del Río de la Plata.
Esta audiencia, presidida por el virrey, era servida por un regente, cinco oidores, un fiscal de lo civil y real hacienda, un fiscal de lo criminal y protector de indios, un honorario, un alguacil mayor, un chanciller, dos relatores, un agente fiscal de lo civil, otro de lo crimi- nal, dos escribanos de cámara, dos porteros, un abogado defensor en lo civil, dos en lo criminal, dos escribanos receptores, seis procuradores, un repartidor, un receptor de penas de cámara, y un tasador de costas.
Era de regla que los gobernadores hubiesen nacido en España. Debían ser nombrados por el rey. Los virreyes estaban facultados para nombrarlos interinamente; por manera que los agraciados con este nombramiento interino tenían que solicitar del rey la confirmación, ó sólo servían hasta que viniera á sustituirlos otro con nombramiento real. Los nombrados tenían que inven- tariar sus bienes, para que constase cuánto poseían al entrar en el desempeño de la gobernación; y que dar fianza y prestar juramento de que desempeñarían su empleo según las leyes, lealmente, y del modo que más conviniera. No podían casarse en el lugar de sus fun- ciones; ni emplear en los puestos civiles ó militares per- sonas que hubiesen nacido en el país, ó que fuesen parientes suyos dentro del cuarto grado; ni hacer tratos ni contratos de ninguna clase.
Antes de erigirse el virreinato, el gobernador de Buenos Aires presidía la audiencia real mientras la hubo. Como tal presidente, no podía votar, pero sí firmaba los proveídos con los oidores; nombraba las personas que habían de ejecutar las disposiciones de la audiencia; conmutaba las penas de destierro que los oidores hubiesen impuesto; podía requerir el parecer de cualquier oidor en asuntos de gobierno; conocía, acompañado por alcalde, en los juicios criminales que se iniciasen contra los oidores y fiscales de la audiencia; sumariaba á los oidores que hubiesen infringido la pro- hibición de casarse, ó que hubiesen cometido alguna arbitrariedad en el desempeño de su cargo; y cuando ocurría duda acerca de si algún asunto incumbía á él ó á la audiencia, prevalecía su parecer. La audiencia podía advertirle, si se excedía en el uso de sus faculta- des; pero si no reconocía su exceso, se cumplía su pro- videncia, sin perjuicio de que el tribunal diera cuenta al Rey. Si faltaba de presidir las sesiones de la audien- cia, le suplía el oidor más antiguo; pero si faltaba de desempeñar el gobierno, la audiencia lo reempla- zaba.
Aparte de la presidencia que algunos ejercían, los gobernadores tenían amplias facultades, acrecentadas por el cargo de capitán general que les era anexo. Como simples gobernadores, administraban la hacienda de la provincia, proveían empleos civiles y cuidaban de que fueran bien desempeñados, disponían que se hicieran las obras públicas necesarias, cuidaban de que se respetasen las policías que á sí se daban los indios, de que se guardasen sus costumbres, en cuanto no se opusieran á la religión, y de que nadie, ni sus caciques, les diera malos tratos; tomaban las medidas necesarias para que se difundiese la doctrina católica entre los indígenas, y de que éstos fueran sometidos á las reglas de la vida civilizada; fundaban pueblos, señalaban la jurisdicción que habían de tener y les decretaban las autoridades por las cuales se habían de regir, y adminis- traban justicia conociendo en los juicios que procedían de los jueces inferiores por apelación de alguna de las partes. Como capitanes generales tenían además á su cargo el mando de las fuerzas, la dirección de las ope- raciones de guerra, y la administración de todo lo relativo al ramo.
Después de erigido el virreinato, los intendentes ocuparon el puesto que los gobernadores habían tenido en las provincias menores, con sus facultades políticas y militares; por manera que tuvieron á su cargo, como decía la cédula de su institución, « los cuatro ramos de justicia, policía, hacienda y guerra, » con toda la jurisdicción y facultades necesarias, pero dependiendo del virrey en lo gubernativo y de las audiencias en lo judicial, y recibiendo el nombramiento del monarca como era de regla. La intendencia de Buenos Aires estaba desempeñada por el mismo virrey, (razón por la cual tenía éste las atribuciones propias de los dos cargos) y servían además en ella : seis oficiales de secretaría, un agregado y un escribano.
Los gobernadores que se nombraron dentro de algu- nas intendencias no podían tener, pues, la amplitud de poderes que habían tenido los primitivos gobernadores, porque se oponía á ello la institución de los intendentes, á quienes se había atribuido lo más principal de sus cometidos. Pero ejercieron, en la medida reclamada por la región que habían de servir, algunas facultades políticas y militares.
El consulado era un tribunal compuesto de un prior y varios cónsules, todos elegibles, como en el consulado de Sevilla. Electores y elegidos debían ser personas nacidas en España. Bajo la presidencia del consulado cesante se reunían en los primeros días de cada año los que ejercían el comercio por cuenta propia y elegían el número de electores reglamentario, que solía ser de quince, treinta, ó más ó menos, por medio de cédulas cerradas, para que el voto fuera secreto. Los electores se reunían después y elegían el prior y los cónsules, así como varios diputados para que auxiliasen, habiendo necesidad, en la expedición de los asuntos. El primer consulado que se instituyó en América tuvo asiento en el Perú. El de Buenos Aires se fundó estando ya por terminar el siglo XVIII, (1794) y fué servido por un prior, dos cónsules, (1º y 2º) un asesor, un escribano y dos porteros-alguaciles.
El consulado tenía el encargo de sustanciar y fallar todos los pleitos que se promoviesen en materia mer- cantil, fuese terrestre ó marítima, ó entre comerciantes y sus auxiliares de comercio. No podía intervenir ningún letrado en las defensas, ni era permitido á los litigantes presentar escrito de letrado, ni invocar leyes, sino que el actor debía exponer verbalmente los hechos y la peti- ción con sencillez y contestar de igual modo el reo. El consulado procuraba ante todo que los adversarios se conciliasen mediante la intervención de parientes y amigos; y entraba á conocer en el caso que fuera imposible el avenimiento. Su fallo no debía ajustarse tanto á la ley como á la equidad, según las circunstancias. Si alguna de las partes se creía agraviada por la senten- cia, apelaba para ante el oidor ú oidores de la audiencia encargados de conocer en la segunda instancia de tales juicios; y lo sentenciado por ellos era ejecutado por el prior y los cónsules.
Los corregidores podían ser nombrados por el virrey ó por los intendentes con carácter interino; pero solo el rey podía nombrarlos en propiedad. Estaban obligados, como los intendentes y gobernadores, á inventariar sus bienes, á prestar fianza de buena conducta y á jurar; y, como ellos, no podían casarse en el lugar de sus fun- ciones, ni tener empleados naturales del país, ni tratar ni contratar. Sus principales funciones eran las de juz- gar las cuestiones civiles ó criminales que en los dis- tritos de indígenas encomendados ocurrieran entre españoles, entre indígenas, ó entre indígenas y espa- ñoles. Tenían el encargo de permitir que los indios con- servasen su policía y sus costumbres en cuanto no fue- ran incompatibles con los preceptos de la Iglesia, y de enseñarles á trabajar la tierra y otros oficios como se usaba en España, á fin de que no fueran haraganes y ganasen los medios de llevar vida cómoda y arreglada. Les estaba prohibido apropiarse en todo ó en parte el fruto del trabajo indígena, así como el hacerlos tra- bajar para sí sin pagarles el justo precio.
El cabildo, llamado también ayuntamiento y regi- miento, tenía importancia especialísima en la constitu- ción de las colonias. Era una junta compuesta de número variable de personas, que oscilaba entre seis y doce, según fuera la importancia de los intereses que había de manejar.
El cabildo formaba excepción á la regla de quiénes habían de ser los nombrados y quiénes nombrasen. No era necesario, como respecto de las otras funciones, que los capitulares fuesen españoles; estaba mandado por las leyes que fueran vecinos del lugar en que habían de servir, y podían serlo los nacidos en España ó en Amé- rica. No era tampoco el Rey, ni el Consejo de Indias, ni el Virrey, el Intendente ó el Gobernador quien debiera nombrarlos, y sí el cabildo mismo de la ciudad, villa ó población en que tenía su asiento, y estaba rigu- rosamente prohibido á los gobernadores y demás minis- tros que influyeran de cualquier modo en la elección. Y, si bien se requería que los capitulares fuesen per- sonas distinguidas, como no abundaban los hombres instruidos en las más de las ciudades y villas, era per- mitido que se eligiese á personas que no supiesen más que leer y escribir, y aun á quienes carecieran de este saber, si se trataba de pueblos de escasa importancia, siempre que tuvieran la condición de ser naturales, y vecinos bien conceptuados. Estas reglas solían tener una excepción, y es que el Rey nombraba á veces algu- nos capitulares con derecho vitalicio ó hereditario.
Por lo que se vé que el cabildo era una institución popular, tanto si se mira á las cualidades que habían de tener los elegidos, como á las que debían tener sus elec- tores.
La elección se hacía todos los años, el día primero de Enero, por medio de cédulas cerradas, y en la casa capitular, no en la del gobernador, ni en ninguna otra, porque no hubiera coacción.
Los cabildos eran autoridades esencialmente locales. Cada ciudad, cada villa, cada lugar algo populoso, hasta donde alcanzaba su respectiva jurisdicción, tenía el suyo.
El fin de los cabildos era administrar todos ó casi todos los intereses comunes de su pequeño territorio. La justicia civil y criminal; la policía; las fiestas; la milicia; la defensa de los menores de edad y de los pobres; la belleza, comodidad y salubridad de la pobla- ción; los caminos vecinales; los depósitos decretados por autoridad pública; la hacienda que estos servicios requerían : entraban en el número de los cometidos capitulares.
En estas materias gozaba el cabildo de completa autonomía. Sus miembros se reunían al toque de cam- pana, al son de trompeta, por voz de pregonero, ó por citación que el portero les llevara; y, una vez reunidos en número suficiente, deliberaban discutiendo y votando lo que juzgaban conveniente á la comunidad, como legisladores.
Las sesiones se verificaban comúnmente con asis- tencia de los capitulares solos, y se decía que en tales casos se celebraba cabildo cerrado. Pero en ocasiones, cuando el pueblo se hallaba agitado por asunto de extraordinario interés, se le convocaba á la sesión para que expusiera y defendiera su parecer, y se decía que entonces había cabildo abierto. La asamblea tomaba en tales casos un carácter popular.
L. — Oficios particulares de los capitulares
Como las deliberaciones del cabildo necesitaban ser dirigidas y ejecutadas, y leyes había que los capitulares tenían que aplicar ó hacer cumplir, era de regla que cada clase de función administrativa fuese desempe- ñada por un individuo; y así es que en los cabildos había : un presidente; dos alcaldes ordinarios, llamado uno de primera vara ó de primer voto, y el otro de segunda vara ó de segundo voto; un alcalde de her- mandad; un juez de fiestas; un juez de policía; un síndico procurador; un defensor de menores; un defen- sor de pobres; un decano; un alférez real, un fiel ejecu- tor; un depositario y un alguacil mayor. Había además uno ó varios alguaciles menores, y un escribano. Los capitulares recibían el nombre genérico de justicias, si ésta era su función, y el de regidores los demás. El ayuntamiento de Buenos Aires contaba con un alcalde de 1º voto; uno de 2º; cuatro regidores perpetuos, que lo eran: el alguacil mayor, el alcalde provincial, el decano y el depositario general; y seis regidores elec- tivos, entre los cuales se contaban : el alférez real, el defensor general de pobres, el de menores y el procu- rador síndico general.
La presidencia del cabildo era desempeñada por el gobernador, sin voz y con solo el voto de calidad ó pre- ponderante, si residía en el lugar, ó por el alcalde de primer voto en el caso contrario, ó si faltaba acciden- talmente á la sesión.
Los alcaldes de primera y de segunda vara adminis- traban la justicia civil y criminal en primera instancia, auxiliados por asesores letrados, porque no sabían derecho. Cuidaban de que al pueblo no le faltaran las provisiones más necesarias, si no había persona encar- gada especialmente de este servicio; tasaban, auxilia- dos por otro capitular, los comestibles que vendían los regatones, y el de primer voto suplía al gobernador en las funciones de gobierno, cuando éste faltaba ó se incapacitaba. Ocupaban el primer puesto en los cabil- dos cuando presidían.
El alcalde de hermandad conocía en los juicios por delitos cometidos fuera de poblado, cuyas causas se llamaban de hermandad.
El juez de fiestas estaba encargado de hacerlas guar- dar, y de aplicar á los infractores las penas que la ley y las ordenanzas habían establecido.
El juez de policía tenía á su cargo todo lo que se relacionaba con el orden público, la limpieza y el arre- glo de la población.
El síndico procurador defendía el interés del fisco. Era un fiscal.
El defensor de menores tenía el deber de salir á la defensa de los menores de edad, con el fin principal de que éstos no fueran perjudicados en sus personas, ni en sus bienes, por sus padres, tutores, ó parientes.
El defensor de pobres debía defender á toda persona que justificase que carecía de bienes bastantes para pagar un defensor en los juicios que le promovieran ó que tuviera que iniciar.
El decano representaba al cabildo en las ocasiones en que hubiera de hablar en nombre de éste; y al pue- blo, si en nombre del pueblo había que expresarse; tenía las llaves de la ciudad, si ésta estaba dotada de puertas; guardaba una de las llaves del archivo; per- mitía ó negaba el uso de la palabra en las sesiones del cabildo; cuidaba de que nadie estuviera sentado debiendo estar en pie, ó con la cabeza cubierta debiendo tenerla descubierta; recibía de los alcaldes cesantes la vara que les servía de insignia y la entregaba á los recientemente electos, y convocaba á los capitulares para celebrar sesión.
El alférez real tenía por oficio llevar la bandera ó pendón de la milicia, alzar el pendón real en ciertas solemnidades y suplir á los alcaldes ordinarios cuando éstos estaban incapacitados para funcionar. Le corres- pondía el puesto inmediato al alcalde.
Al fiel ejecutor correspondía el cuidado de que la ciudad estuviese provista de lo más indispensable para la vida, de que los vendedores de víveres no engañasen á los compradores dándoles artículos de mala calidad ó escasa medida, y de castigar las infracciones que en este punto se cometieran.
El depositario guardaba los valores que hubiera que depositar por orden de la justicia ó de otro funcio- nario.
Los alguaciles cuidaban de que se pagaran puntual- mente los impuestos, aprehendían delincuentes y reci- bían y transmitían del cabildo las órdenes, y las hacían cumplir.
El escribano llevaba el libro de actas y el de depósi- tos, autorizaba los actos del fiel ejecutor, etc.
Los cabildos designaban, en el acto en que elegían á sus sucesores, quiénes habían de desempeñar cada uno de los oficios descriptos. No podían elegir para alcaldes ordinarios á regidores que estuviesen funcionando ya; y como algunas de las otras funciones solían ser pro- vistas á veces por el rey con derecho vitalicio y aun hereditario, sólo existía libertad de elección respecto de los oficios vacantes. Excusado es advertir que los oficiales eran tantos como los oficios, cuando el número de los capitulares era el máximo permitido por la ley; que cuando no, un mismo capitular desempeñaba varios oficios, ó se suprimía alguno de éstos. Así, por ejemplo, había pueblos en que no se elegía más que un alcalde.
La población, la instrucción y las industrias del Río de la Plata
Apenas descubierta la América, juzgaron los espa- ñoles que podrían sacar de ella grandes riquezas á costa de poco trabajo, y fué general el deseo de trasla- darse á las Indias con el ánimo de volver poderosos. Este modo de pensar motivó una corriente de emigra- ción á que estaban muy poco acostumbrados los euro- peos, y que no tardó en alarmar á los estadistas de la Península, razón por la cual se prohibió que los espa- ñoles emprendieran viaje sin permiso de la autoridad. No se daba este permiso sino á los que venían á Amé- rica á desempeñar algún empleo, ó á comerciar ó á ejercer alguna industria, ó por otra causa igualmente justificativa. Pero esta rigidez era burlada á pesar de las severas penas con que se amenazaba á los infracto- res, por personas que clandestinamente se embarcaban y permanecían ocultos en los buques hasta que creían desaparecido el peligro de mostrarse á los compañeros de viaje.
Estaba rigurosamente prohibido á los franceses, ita- lianos, ingleses, alemanes, y demás extranjeros el dirigirse á las Indias sin permiso del Gobierno español. Este permiso se otorgaba rara vez y por causas muy extraordinarias. La prohibición fué sugerida por el temor de que los extranjeros explorasen la América y de que se enriquecieran en ella, yendo luego á favorecer á los gobiernos enemigos de España. Se sabe ya que en aquellos tiempos no había amistades internacionales estables. Continuamente en guerra las naciones, las que un día eran aliadas ó neutrales eran enemigas al día siguiente; por manera que no se tenía confianza dura- dera en ninguna, y los gobiernos se precavían cuidado- samente contra todas.
Materia de largas y apasionadas controversias fué la idea de si los hijos de extranjeros nacidos en España, podrían viajar á las Indias como los nacidos de españo- les en España. Durante los siglos XVI y XVII fueron igualmente considerados, toda vez que los padres extranjeros tuvieran domicilio permanente en la Penín- sula. Pero, á principios del XVIII, después de la guerra que motivó el entronizamiento de los borbones, ya porque aumentaran las desconfianzas de los españoles, ya porque quisieran reparar pronto las pérdidas que la tenaz lucha les había ocasionado, reduciendo el número de los que gozaran las ventajas de la nacionalidad, el gobierno prohibió que los hijos de extranjeros se tras- ladaran á la América, á no ser que los padres fueran católicos, residieran en España desde diez años antes, « se hubiesen apartado de la nación á que habían perte- necido y contribuyeran al rey como los demás vasallos » (1728). Al año siguiente se hizo la prohibición absoluta. En 1743 se restableció la regla de 1728; pero en la práctica fué muy restringido su cumplimiento, porque fueron diarias é interminables las cuestiones de si en los padres concurrían todas las condiciones especifica- das por la ley.
En los pueblos antiguos hubo hombres libres y hom- bres esclavos. Éstos eran tratados generalmente con crueldad y considerados como bestias, no como seres humanos. Los bárbaros que invadieron la Europa, si bien fueron crueles también con los esclavos, humani- zaron algo su condición, pues no los igualaron á las bestias, sino que los trataron como á hombres de natu- raleza inferior. En la edad media disminuyó mucho la esclavitud; pero al descubrirse la América existía aún. En esta época y en la que le siguió inmediatamente los esclavos eran en su mayoría africanos salvajes ó bárba- ros; pero la expulsión de judíos y árabes que se operó en España dió ocasión á que muchos de estos desgra- ciados fueran reducidos á la esclavitud.
Los españoles empezaron á aprovechar en América el trabajo de los esclavos desde los primeros años de la conquista. El rey prohibió absolutamente al principio la introducción de esclavos en las Indias, no por com- batir la esclavitud, sino porque no cundiesen en las nuevas tierras las costumbres y las creencias de los judíos y de los africanos. Pero las frecuentes alega- ciones de que el brazo del indio era insuficiente para la labor de las minas y de las tierras indujo á los monar- cas muy luego á dar licencias para que se condujesen esclavos á Nueva España, Tierra Firme y el Perú á condición de que no fueran comprados en Cerdeña, Mallorca, Menorca, ni en otro punto del Levante, (oriente) porque eran de casta de moros. Las compras eran lícitas si se hacían en Portugal, en las islas de Guinea ó en Cabo Verde. Y, como ni aun así se impedía que los esclavos se adquirieran en aquellos parajes, porque en los últimamente nombrados habían encare- cido por efecto de las continuas demandas, el gobierno prohibió á mediados del siglo XVI que nadie condujese esclavos á las Indias sin especial licencia real, bajo penas de confiscación, y de que volviesen á España los que fueran berberiscos, moros, judíos ó mulatos. Estas licencias particulares fueron suprimidas á fines del mencionado siglo XVI y en su lugar se celebraron contratos ó asientos concediendo por cierto tiempo á una persona, á una compañía ó á un estado el privile- gio de vender esclavos en determinada región ó en toda la América. Los que obtenían estos asientos establecían factorías ó mercados de esclavos en uno de los puertos, y allí vendían su mercancía humana.
Á pesar de que los portugueses, los holandeses y los ingleses solicitaron en varias ocasiones el derecho de hacer la trata de negros, los asientos fueron otorgados exclusivamente á particulares españoles en el resto del siglo XVI y en todo el XVII. Pero en cuanto la dinastía de Borbón ocupó el trono, es decir en 1701, el rey Felipe V celebró un tratado con el de Francia, Luis XIV, que pertenecía á la misma rama borbónica, para que ésta hiciese la provisión de negros en las Indias. Francia cedió su puesto á Inglaterra en el tratado de Utrecht (1713) que puso fin á la guerra de sucesión, y los ingleses tuvieron el privilegio hasta 1748. Se otorgó el asiento posteriormente varias veces á españoles hasta 1780, en cuya fecha, con motivo de la guerra que España y Francia hicieron á Inglaterra, se dió á todos los españoles el permiso de vender negros en las Indias; permiso que después se concedió también á los extranjeros.
Hubo esclavos en el Río de la Plata desde el siglo XVI: por cédula real de 1556 se dispuso que no se cobrara en esta provincia por cada esclavo, más que ciento cincuenta ducados, ni más de 170 por cada negra procedente de Cabo Verde.
En 1595 se facultó á Gómez Reynal para que intro- dujese 600 esclavos anuales por el río de Buenos Aires. Á Gómez le sucedió en la posesión del derecho Rodrí- guez Cutiño durante los primeros años del siglo XVII. No se tiene noticia de que se haya renovado la conce- sión en los asientos que el rey otorgó en el decurso del mencionado siglo; pero, como la esclavitud estaba esta- blecida en el Brasil, y los mercaderes de este país mantenían con los del Río de la Plata un comercio clandestino de relativa importancia, la venta de escla- vos en Buenos Aires y sus dependencias continuó á pesar de los obstáculos que le opusieron las autoridades españolas. La trata de negros volvió á ser legal y á hacerse en bastante mayor escala cuando los franceses adquirieron el derecho exclusivo de comerciar en ellos. Los ingleses la continuaron con el celo que suelen aplicar en todas sus empresas, estableciendo, en el paraje conocido hoy por el retiro, su factoría, que por extensión se denominó el asiento, como el contrato.
Anulada la concesión hecha á Inglaterra, continuó la importación de negros al Río de la Plata, ya por asientos otorgados á particulares para que los conduje- sen del África directamente, ya por compras que se contrataban en otras provincias americanas. Muchos de estos negros fueron exportados mediante contratos, como artículos de comercio. El empleo de los esclavos no tomó en el Río de la Plata la magnitud que en algunos parajes del Perú, de Tierra Firme y de Nueva España, porque no se explotaban minas en aquel país como en éstos, ni se cultivaban tanto las tierras. Muchos esclavos fueron destinados al servicio doméstico, en el cual se distinguieron generalmente por su inteligencia y su fidelidad.
Como se infiere de lo expuesto hasta aquí, varias razas concurrieron á componer la población americana después del descubrimiento. El territorio estaba ya poblado, cuando los españoles lo invadieron, por la raza que cuenta, entre sus caracteres exteriores, el color bronceado ó aceitunado más ó menos obscuro de la piel. Á ella se agregó la blanca de los conquista- dores, y éstos introdujeron la negra. Se reunieron, pues, en América las tres grandes razas en que se divide la especie humana. Los hijos que han nacido en América de personas de la misma raza, y por cuyo medio éstas se han perpetuado en el Nuevo Mundo, se han denominado : indígenas, como sus padres, los de indios; y criollos los de europeos y los de negros.
Los hombres europeos no tardaron en tomar por mujeres á las americanas; y, aunque más raros los ejemplos, los hubo de uniones de indios con mujeres europeas. De estos enlaces nacieron los mestizos, lla- mados así por antonomasia. Los indios se unieron fre- cuentemente con negras, y los negros con indias, y éstas cruzas dieron generaciones de zambos. No ha sido muy raro que hombres ó mujeres de la raza blanca se enlazaran con mujeres ú hombres de la raza negra. De estas relaciones surgieron los mulatos.
Á su vez los individuos de las tres razas han solido unirse ya con criollos ó mestizos, ya con mulatos ó zambos, ya con los descendientes de estas mezclas, y se han formado así generaciones en las cuales se han fundido los caracteres de todas las razas.
La blanca fué, durante la dominación española, ver- daderamente privilegiada. Los españoles eran, salvo muy contadas excepciones, los únicos llamados á desem- peñar puestos públicos. Ellos fueron también, general- mente, los que explotaban las grandes industrias, los que ejercían el comercio, y los que poseían el influjo político y mucha parte del prestigio social. — Los crio- llos, hijos de españoles, no podían participar de las funciones administrativas, ni su consejo influía en la marcha política de las colonias; la costumbre los ale- jaba también del comercio, sobre todo si procedían de nobles. Descendientes de los conquistadores, ó de ricos mercaderes, ó de altos funcionarios públicos en su mayoría, se dedicaban más á gozar de la fortuna ó de la posición de sus padres que á trabajar. El salón y la iglesia eran los lugares preferidos de su entreteni- miento. — Los mestizos seguían á los hijos de espa- ñoles en el orden descendente de la escala social, y venían luego los mulatos, los indios, los zambos y los negros que formaban la plebe, eran ocupados en los trabajos rudos ó poco estimados de la colonia, y menos gozaban de la consideración de las clases superiores.
Los trabajos, las guerras, las enfermedades conta- giosas, el descuido, el rigor del tratamiento, la vileza moral á que estaban más ó menos reducidos, fueron causas de que los individuos de las razas indígena y la africana, los mulatos y los zambos disminuyeran en número gradualmente, en vez de aumentar, y de que algunas de estas clases tendieran á desaparecer por completo en los países que colonizaron los españoles y portugueses, ya al pasar del siglo XVIII al siguiente. Su suerte no ha sido, sin embargo, idéntica en todas las regiones. Mientras en unas se han conservado más los indígenas, debido á que han dominado exclusiva- mente extensas secciones del territorio hasta que el progreso de la civilización les permitiera ser conside- rados á la par de los blancos ó poco menos, en otras han persistido los negros á favor de leyes y necesidades económicas que han determinado su importación en grande escala, y en otras han crecido en número los mulatos por la fuerza de costumbres locales.
En el Río de la Plata la población indígena ha sido en mucho tiempo más numerosa que la blanca, que la negra y que las mixtas. En los primeros tiempos de la conquista, los españoles, los africanos, y sus hijos fue- ron, naturalmente, muy pocos, y el número de todos ellos vino aumentando de modo gradual; pero nunca fueron muchos los negros, ni los mulatos ni los zambos. En las ciudades y villas formaban gran mayoría los españoles y los criollos, sus hijos; en los pequeños pue- blos y en el campo, al contrario, componían la mayoría ó la casi totalidad los indígenas y los mestizos. Cálculos más ó menos aproximativos hechos en los primeros años del siglo XIX hacen creer que en todo el Río de la Plata había solamente 32 individuos de raza blanca, (incluyendo en esta cifra los europeos y sus descen- dientes), por cada 120 de raza americana; es decir, poco más de la cuarta parte. El número proporcional de los de raza mixta era 74, y, seguramente, la mayoría de este número era de mestizos.
Los españoles hallaron á los americanos sumidos en la más crasa ignorancia. Fuera de las clases privile- giadas de los imperios de Méjico y del Perú, los indios no conocían más del mundo que lo que sus sentidos le daban á conocer sin ánimo ninguno de investigar, y las pocas nociones industriales que empíricamente se tras- mitían de padres á hijos. Los conquistadores no traje- ron gran caudal de conocimientos, como se ha dicho en la Introducción de esta obra, y, sobre todo, no importaron el afán de comunicar á los salvajes todo lo que sabían. Se pasó, pues, mucho tiempo sin que las autoridades pensaran en difundir la enseñanza primaria.
El primer esfuerzo deliberado que se hizo por trans- mitir nociones elementales partió de los misioneros. Más que en el de otros entró en el plan de los jesuítas la idea de fundar una escuela al lado de cada iglesia, y no había pueblo sometido á ellos que no tuviera la suya. En estas escuelas se enseñaba principalmente la doctrina cris- tiana; y, como cosa de valor secundario, á leer y escri- bir. En las ciudades se ampliaba este programa con elementos de aritmética. Los cabildos contribuyeron mucho más tarde con algunos establecimientos prima- rios, pero fueron muy pocos y no mejoraron la exten- sión ni el carácter de la enseñanza. En las capitales de algunas provincias fundaron seminarios los obispos y colegios los gobiernos, en muy escaso número, en los cuales se estudiaba la gramática latina, la filosofía escolástica y la teología. Fueron agregadas algunas nociones de física recién á mediados ó á fines del siglo XVIII. Cada virreinato llegó á tener una ó varias uni- versidades, que enseñaron comúnmente el sacerdocio y la abogacía. En pocas, y esto á fines del siglo mencio- nado, se enseñó la medicina. Toda la enseñanza casi de los seminarios, colegios y universidades se hacía en latín, por medio de libros que los estudiantes encomen- daban literalmente á la memoria. El carácter religioso era inseparable de toda clase de instrucción.
La instrucción primaria era aprovechada solamente por los hijos de familias algo acomodadas. La inmensa mayoría del pueblo carecía completamente de ella. Á los estudios de los colegios y seminarios se entregaban los jóvenes de familias pudientes, y pocos de éstos los continuaban en la universidad.
Los tres grados de la enseñanza se difundieron muy desigualmente en el Río de la Plata. La elemental, poco extendida, estuvo en manos de religiosos, (principal- mente de los jesuítas hasta que fueron expulsados), porque su institución, á la vez que los apartaba de las ocupaciones lucrativas á que se dedicaban las demás clases de personas con preferencia al magisterio, que á nadie podía enriquecer, ni aun salvar de la miseria, los inducía á valerse de la escuela como medio de propagar sus creencias religiosas, y de subordinar á las doctrinas de la Iglesia el criterio con que se estudiaran las asig- naturas científicas y literarias. Las escuelas estaban generalmente adscriptas á los conventos; pero no las había en los más, ni eran frecuentadas por más de 30, 40, ó 50 alumnos. El programa de la mayoría no comprendía más que la religión y la lectura. Algunas enseñaban además á escribir. La mujer participaba de estos beneficios. Entre los monasterios que había en todas partes, se contaba alguno acá y allá que se dedicaba á enseñar á rezar y á leer, y á veces á coser. Aunque poquísimas, había también escuelas seglares que les estaban dedicadas, en las cuales se enseñaba lo mismo que en las religiosas.
La enseñanza que puede llamarse secundaria se daba en seminarios y colegios, que no todas las intendencias tenían. La de Charcas contaba hacia 1800 con un semi- nario fundado en 1595 y un colegio que databa de 1621. En el seminario de San Cristóbal, fundado por el deán y cabildo de la iglesia metropolitana, se enseñaba teología, un poco de leyes civiles y canónicas, filosofía, gramática y latinidad. En el Real Colegio de San Juan Bautista, fundado por el Virrey del Perú, se enseñaban las mismas asignaturas que en el otro. Lo dirigieron los jesuítas mientras permanecieron en el país, y después el clero secular, como al anterior. La inten- dencia de Tucumán enviaba su juventud al colegio de Nuestra Señora de Loreto, fundado en 1609, y al Colegio de Nuestra Señora de Monserrat, fundado en 1695. En la intendencia de La Paz funcionó un seminario conci- liar, en el cual se enseñaba teología moral, filosofía y latinidad á 16 estudiantes. El colegio seminario de la Santísima Trinidad, fundado en 1774, enseñaba en la intendencia de Santa Cruz de la Sierra teología moral, filosofía y gramática. Años más tarde, en 1783, se fundaron en la intendencia del Paraguay el Real Colegio seminario conciliar de San Carlos, en el cual se cursó teología dogmático-moral, teología escolástica, filosofía y latinidad; y en la intendencia de Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos, en el cual se fundieron dos cátedras de latín que se habían establecido en 1772 y otras dos de filosofía que se abrieron en 1773. El pro- grama del colegio comprendió estas materias: prima de teología, vísperas, nona, metafísica, lógica, latín y retórica, sintaxis y rudimentos. Los alumnos fueron 69 en 1802.
La dirección de estos establecimientos fué confiada á clérigos, aunque bajo la autoridad del virrey. Cada uno tenía un rector, un vice-rector y un cancelario ó minis- tro. Los alumnos eran de dos clases : capistas y colegiales ó seminaristas. Los capistas eran por lo común jóvenes que por tener sus familias en el mismo lugar en que estaba el colegio, asistían sólo durante el tiempo de las lecciones. Los colegiales y seminaristas, al contrario, eran los que residían permanentemente en el establecimiento, sujetos á su disciplina en las aulas y fuera de ellas. Estos alumnos vivían en comunidad, según reglas monásticas, como si á todos se les educara para clérigos. Oían misa todos los días, en seguida de dejar la cama. Mientras comían guardaban silencio riguroso, para oir la lectura de un libro de religión. Y fuera de estas horas rezaban varias veces al día. Toda la enseñanza estaba fundada en la autoridad de la iglesia. La fe y la memoria eran las únicas aptitudes puestas en ejercicio. La observación y la investigación racional estaban proscriptas.
Arriba de los colegios se encontraban las universida- des, porque en ellas se terminaban las carreras profe- sionales que en América podían estudiarse. La primera universidad que tuvieron las poblaciones situadas al Este de los Andes fué la que en 1622 se fundó en la provincia de Tucumán por virtud de bula del papa Gregorio XV y cédula de Felipe IV, con facultad de conferir los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor. El curso de teología tenía las cátedras de prima, vísperas, cánones, moral y escritura; el de derecho civil se componía de las materias de prima y vísperas; y el de filosofía comprendía dos aulas : la de primero y la de segundo año. — Al año siguiente se instaló la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier en la provincia de Charcas, á consecuencia de bula y cédula del papa y rey nombrados. Las materias que en ella se enseñaron fueron las mismas que se enseñaron en la de Tucumán y además dos años de latinidad. Ambos establecimientos fueron confiados á los jesuítas; pero en seguida de su expulsión vinieron á reemplazar- los los religiosos de san Marcos de Lima en Charcas y los de san Francisco en Tucumán.
Carlos II decretó en 1778 que se fundara otra uni- versidad en Buenos Aires, pero ese decreto no se ejecutó mientras los españoles dominaron la intendencia. Sin embargo, se abrieron escuelas especiales, con el fin de suplir hasta cierto punto la falta, y de dar á la enseñanza extensión en sentido en que todavía no la había tenido en ninguna parte del virreinato. Una de ellas fué la escuela de teología, cuyos cursos deberían durar tres años. En los dos primeros se enseñaría teología escolástico-dogmática y en el tercero teología moral. Pero, fundada en 1776, se suprimió en 1784. Otra de las escuelas fué la de náutica, que se creó en 1796 con audacia revolucionaria, pues su programa había de comprender la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría, la cosmografía, la geografía y la hidrografía. Otra fué una Academia de dibujo y escultura que fundó en el mismo año el Consulado, con no menos atrevimiento, animado por el propósito de ampliar sus cursos más adelante adaptándolos á la carrera del comercio. Ambas, pero principalmente la primera, dieron resultados satisfactorios; mas, como habían sido abiertas sin autorización del Rey, hubo que solicitarla. La resolución de Carlos IV llegó á Buenos Aires hacia 1801: era de que se cerrasen aquellas escuelas, porque no necesitaba la América enseñanzas de puro lujo. Habiéndose creado el tribunal del proto- medicato, dispuso el mismo rey, mejor inspirado esta vez, que se estableciese una cátedra de cirugía y otra de medicina. La primera se abrió en 1801 y la segunda en 1802, con un profesor cada una. En esta escuela se formaron los primeros médicos nacionales del virrei- nato, que recibieron su diploma en 1806.
Resulta de lo expuesto que cualquiera de los jóvenes residentes en toda la grande extensión del virreinato del Río de la Plata que quisiera estudiar la carrera eclesiástica ó la abogacía, tenía que ir á la universidad de Tucumán ó á la de Charcas; y que les fué indispen- sable trasladarse á Buenos Aires á los que quisieron ser médicos, y aun esto, recién á los tres siglos de comenzada la conquista.
La ciencia económica estaba sumamente atrasada en los siglos XVI y XVII. Recién para fines del siglo XVIII hizo algunos progresos, pero sus verdades abstractas se habían difundido poco y se aplicaban escasamente. Esta es la causa de que no se tuviera idea exacta de la riqueza de las naciones cuando se descubrió la América, ni mucho después. Se pensaba en Europa que el indivi- duo más rico era el que tenía más dinero; y que así también la riqueza nacional consistía en acumular gran cantidad de moneda, ó de metales que pudieran redu- cirse á moneda.
Este concepto indujo á los conquistadores y colonos españoles á buscar en América oro y plata; y á los reyes, á apropiarse una parte de estos metales á título de impuestos. Exploraron con ahinco todas las tierras que ocuparon. Hallaron ricas minas á lo largo del Mar del Sud, (Océano Pacífico), las explotaron y extrajeron oro, plata y piedras preciosas en grandes cantidades. Aquellos países eran ricos porque abundaban en tales minas. Al contrario, los países en que no las hallaron, y que sólo cultivaban la agricultura ó la ganadería, eran países pobres.
De aquí fluyeron dos consecuencias. Es una que mientras en los países tenidos por ricos se dedicaba la gente en gran número al trabajo de las minas, y aumentaba rápidamente la población, y el gobierno se aplicaba con esmero á hacerlos prosperar, en los teni- dos por pobres no se fomentaban las industrias ade- cuadas á ellos por la acción de los particulares, ni de los gobiernos, de modo que, habiendo en realidad abundantísimos elementos naturales de riqueza, las poblaciones se conservaban poco activas y pobres, y progresaban poco en número por no apreciarlos como merecían.
Y es la segunda de las consecuencias que, así como la industria minera tomó grandísimo incremento, no floreció ninguna otra. La menos desatendida fué la agricultura. Se cultivó la caña de azúcar en algunas regiones; el añil, el cacao, el algodón, el café, el tabaco, el maíz y el trigo en otras. Juzgando que si en América se fabricara con la materia prima no tendrían las poblaciones americanas necesidad de importar muchos de los productos manufacturados ó fabriles que recibían de España, y que de aquí se seguiría la dis- minución del dinero llevado á la Península, se prohibió, salvo escasas excepciones, que en América se fabrica- ran cosas que pudieran recibirse de Europa. Esta pro- hibición fué una de las causas secundarias que impidie- ron á la industria tomar el vuelo que naturalmente hubiera podido tomar sin ella.
Todos estos hechos, como que son generales, con- vienen particularmente al Río de la Plata. Los españo- les no hallaron en él, como en Méjico, en el Perú y en Chile, minas de metales preciosos. Aun en la agricul- tura distaba mucho de igualarse á otras regiones : no se sacaba de sus tierras la caña de azúcar, ni la cas- carilla, ni el añil, ni el cacao, ni el tabaco, ni el café; ni se cultivaban el algodón y la cochinilla. En el siglo XVI se producía trigo y maíz, y ésta fué en los siglos siguientes su producción agrícola digna de aten- ción. De los animales que abundaban en sus campos se aprovecharon la carne y el sebo en todo tiempo, así como la lana de la vicuña. Más tarde se aprovechó el cuero del ganado vacuno. La fabricación estuvo redu- cida, pues, puede decirse, hasta el último tercio del siglo XVIII, á la de harina, de bizcochos y de cecina (carne salada seca), cuyos productos excedían á las necesidades del consumo local ya en el primer siglo de la conquista. Pero estas ramas de las industrias agrí- cola y pecuaria eran poco estimadas; por la misma razón no se ensayaron otras que habrían podido desen- volverse poderosamente; y de ahí que el Río de la Plata hubiese sido reputado país pobre, durante más de dos siglos y medio. El reinado de Carlos III, tan benéfico para España, lo fué también para la América. Con ideas más exactas del valor relativo de las industrias y de la libertad en explotarlas, unió al pensamiento de consti- tuir el virreinato del Río de la Plata el de modificar en sentido liberal las leyes que impedían á los rioplatenses aplicar útilmente sus fuerzas industriales, y lo puso en obra acordándoles la facultad de exportar á España y á las otras provincias americanas los artículos que pro- dujese (1778). Desde esta fecha tomaron notable incre- mento las industrias que ya se ejercían, y se desarro- llaron otras; por manera que á fines del siglo compren- día la producción, en cantidades relativamente grandes, cueros vacunos al pelo, cueros en correas, cueros de caballo, de carnero, de lobo marino, de león marino, pieles finas, pieles de cisne; carne salada, charque, sebo, aceite de ballena, grasa de ballena y de lobo marino; cerda de caballo, lana de oveja, de vicuña, de alpaca, plumeros; astas, barbas de ballena; harina, etc.
Cediendo siempre con lógica inflexible al erróneo concepto de que España no podría enriquecerse de otro modo que excluyendo á todo el mundo de cualquier ganancia que pudiera hacerse en las Indias, ó con ocasión de las Indias, el gobierno prohibió severamente, desde los primeros tiempos de la conquista, que se recibiesen en América otros buques que los de propie- dad de españoles; y como al principio emplearon éstos embarcaciones construidas en el extranjero, aunque de propiedad suya, se prohibió en seguida el empleo de naves que no fueran hechas en España, á fin de que el dinero no saliera al resto de Europa, ni por pagar el precio de buques. La América era propiedad de España, y ésta quería usar sola el derecho de gozarla. Á tal punto se llevó el rigor de aplicación de tal doctrina, que, temerosos de que por falta de navíos de fabrica- ción española obligara la necesidad á emplear algunos de fabricación extranjera, se prohibió la venta á los extranjeros de los barcos hechos en España, y se alentó con premios á los constructores nacionales. Á mediados del siglo XVIII se expidieron cédulas en virtud de las cuales se estimaron después como construidos en Es- paña los navíos fabricados en cualesquiera puertos de las Indias. Se debió ésto á que las construcciones espa- ñolas eran insuficientes para satisfacer las necesidades del tráfico, y á que por tal motivo los españoles habían tenido que comprar embarcaciones extranjeras. La medida no impidió que se infringieran las leyes prohi- bitivas; por manera que hubo que repetir estas leyes varias veces en el curso del siglo XVII.
Cumplida esta condición, era indispensable que las naves que hacían la carrera á las Indias salieran de puertos de España : no podía recibirse en ningún puerto de América, á no ser por gracia especialmente otor- gada, buque alguno procedente de puertos extranjeros. Y aún los que saliesen de España necesitaban licencia, y carecían de la libertad de elegir puerto.
La licencia debía ser otorgada, al principio, por el rey para cada viaje. Más tarde, hacia 1535, se autorizó para concederla á los oficiales de la Casa de contratación, cuya práctica continuó constantemente, después de un corto tiempo en que la facultad estuvo reservada al Consejo real de Indias. (1609-1613) Con todo, ciertas naves gozaron el privilegio de navegar sin la licencia de la Casa de contratación, en virtud del permiso per- petuo que del Rey recibieron para viajar á determina- dos puertos de América.
Los buques provistos de licencia para las Indias no podían salir libremente de cualquiera puerto de España. En los primeros años del siglo XVI sólo estuvo habili- tado el de Sevilla, para despacharlos y recibirlos. Hacia 1519 se habilitó además el puerto de Cádiz, pero los despachos estuvieron subordinados á las autoridades de Sevilla. Con motivo de haberse trasladado á aquella ciudad en 1718 la Casa de contratación, se invirtieron los papeles : ambos puertos siguieron despachando y recibiendo las naves mercantes, pero el de Sevilla quedó subordinado al de Cádiz. La ciudad de Málaga solicitó en 1667 que se le acordara, como á Sevilla y Cádiz, el privilegio de despedir y recibir por su puerto los buques de su propiedad que navegaran para las Indias; pero no le fué concedido, porque se pensó que perjudicaría al rey y al comercio. Sin embargo, en el decurso del siglo XVIII fueron habilitados los puertos de Málaga, Barcelona, Santander, Coruña, San Sebas- tián y otros para que mandasen sus respectivas naos á varios puntos de América, y las recibiesen de retorno. Las islas Canarias gozaron desde mediados del siglo XVI la facultad muy limitada y varias veces modificada de que sus barcos hicieran el viaje de ida y vuelta de los puertos habilitados de las Indias.
Tampoco pudieron las naves dirigirse á cualquiera puerto americano. Desde el principio del tráfico se dispuso que los navíos no tendrían más puerto habili- tado en Nueva España (Méjico) que el de Veracruz; ni en Tierra Firme (Venezuela) que el de Cartagena; ni las provincias del Perú que el de Portobelo (situado como el anterior en el golfo de Darien.) Esta disposición rigió durante mucho tiempo. Recién en 1728 se habilitó el puerto de Caracas para las procedencias de San Sebastián; cerca de medio siglo más tarde se habilita- ron los de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Marga- rita para los buques que procedieran de los puertos habilitados de España; y á los pocos años de tomar esta medida (1778) se permitió que gozaran de igual autorización algunos puertos de Chile y del Perú.
En cuanto al Río de la Plata, estaba prohibido que entraran en sus puertos otros buques que los que desti- naban los conquistadores á transportar tropas, colonos, animales y mercancías en cumplimiento de los contra- tos que otorgaban con el rey. Recién á principios del siglo XVII, consiguieron los habitantes de Buenos Aires, gracias á que el Portugal y sus posesiones perte- necían á la corona de España desde 1580, que se per- mitiera navegar á unas poquísimas embarcaciones propias entre su puerto y los del Brasil, Guinea é islas cercanas. Este permiso, que duró seis años, fué reno- vado de tres en tres años varias veces por repetidas instancias y no sin vencer serias dificultades. Aunque en términos muy limitados, los buques mercantes empezaron á viajar entre el puerto de Buenos Aires y los de la Península durante la primera mitad del siglo XVII. Hasta 1778 la navegación con España no había podido exceder de dos buques anuales de á 100 tonela- das de porte cada uno, y no era mucho más considera- ble la permitida con las costas del Brasil y del África. En aquella fecha el rey Carlos III se propuso cambiar completamente la situación del Río de la Plata y, á la vez que le dió un virrey, le permitió que sus puertos se comunicasen libremente con los de España y los demás de la América española. Esta libertad fué tan favorable á la navegación, que los buques despachados en Buenos Aires á fines del siglo para los puertos de la Península fueron de 70 á 80 anuales. En 1803 entraron en los puertos del Río de la Plata 100 buques y salieron 102; en 1804 los entrados fueron 148 y los salidos 83; en 1805 entraron 136 y salieron 92. La gran mayoría de estos buques fueron españoles, como es natural; pero los hubo también franceses, ingleses, portugueses, hamburgueses, dinamarqueses, holandeses, prusia- nos, etc., en cantidades que crecieron de año en año.
En los primeros años de la conquista salían las naves de España y volvían de América cuando á sus dueños les parecía bien y de á una, como hoy se acostumbra. Pero si los españoles estaban codiciosos de las riquezas de las Indias, no lo estaban menos los extranjeros. Y como á éstos no les favorecía el derecho de conquista como á aquéllos, ya que no podían navegar legalmente, se dieron á piratear. Á los piratas, que abundaban en todo tiempo, se agregaban los corsarios en tiempo de guerra; y unos y otros perseguían la navegación espa- ñola, sobre todo la que se mantenía entre España y los puertos americanos de Veracruz, Cartagena y Porto- belo. Esta persecución obligó á los particulares á aumentar el porte y la tripulación de las embarcaciones y á armarlas, para facilitar la defensa. Mas, siendo esto insuficiente, el rey procuró protegerlas destinando en 1520 la Armada de la guardia, compuesta de 4 ó 5 buques, y poco después la Armada de la avería, á per- seguir los ladrones del mar. Ordenó además que los barcos regresaran de Méjico y Tierra Firme formando grupos, á fin de que pudieran auxiliarse recíprocamente en caso de peligro. Como este medio hubiera dado buenos resultados, se prohibió que anduviesen buques sueltos entre aquellas tierras y la Península, y se mandó (1561) que los mercantes que se dirigieran á Veracruz, Portobelo y Cartagena marchasen reunidos y militar- mente mandados, ó sea componiendo flotas, y escolta- das por armadas (escuadras) de galeones, bajo las órdenes de un capitán general y de un almirante: Andarían todos juntos hasta llegar á las Antillas; aquí se dividirían é irían : parte, bajo el mando del general, á Veracruz, y los demás, bajo el mando del almirante, á Cartagena y Portobelo; estarían en estos puertos el tiempo reglamentario, se reunirían luego en la Habana y regresarían á España. Desde 1561 salían las flotas de los puertos españoles dos veces por año. Durante la guerra de sucesión al trono de España que se sostuvo al principiar el siglo XVIII cesaron las flotas y los navíos navegaban sueltos á pesar de los peligros; hecha la paz se dispuso (1720) que saliera una flota cada año para Portobelo y Cartagena y otra para Puerto Rico y Veracruz, pero sin perjuicio de la navegación aislada; desde 1757 salió una cada tres ó cuatro años y en 1778 se suprimieron para siempre las expediciones con- voyadas.
La navegación al Río de la Plata y á los puertos de Chile y del Perú no estuvo sujeta á las reglas de seguridad que se acaban de resumir. Por su escasa importancia, por la distancia á que se hacía, y por la época en que comenzó, no tuvo necesidad de tantas precauciones.
No existió la libertad de comerciar con las Indias. Los nacidos en España, de padres españoles, con resi- dencia en su patria, no podían comerciar con las Indias sin obtener permiso previamente á cada remesa. Nadie podía mandar mercadería desde puertos extranjeros; ni los extranjeros podían comerciar desde España; y ya se sabe que se tenía por extranjero aún al nacido en España, si eran extranjeros los padres, y éstos no eran católicos, no habían renunciado á su patria, no pagaban tributo al rey y no tenían una residencia de más de diez años. Esta prohibición impuesta á los extranjeros, no se cumplía, empero, fielmente, pues los nacidos fuera de España y sus hijos se valían de españoles para que éstos hicieran el comercio como suyo, mediante una comisión ó una participación en las ganancias.
Lo dicho acerca de la navegación demuestra que, aún los españoles autorizados para ejercer acto de comercio, tenían que hacer sus remesas de puertos determinados de España á puertos determinados de América, en determinadas épocas del año. Así como las flotas con las mercancías españolas y los dueños se dirigían á Veracruz, á Portobelo y á Cartagena, con- currían al primero de estos puertos los comerciantes de Nueva España, al segundo los del Perú, y al tercero los de Tierra Firme, por sí ó por medio de represen- tantes, llevando consigo barras de oro y plata y otros frutos. Reunidos en ellos los mercaderes de América y de España hacían las compra-ventas y los cambios durante el tiempo señalado por la ley, y, terminado éste, los comerciantes de la Península volvían á ella con las cargas de frutos y de metales preciosos, que eran conducidos : aquéllos en las flotas, y éstos en los galeones, y se retiraban con lo comprado los negocian- tes de América á sus respectivas plazas, desde donde distribuían las mercaderías á todas las provincias del virreinato.
Á fin de que las compra-ventas y trueques se hicieran moderando los precios por la concurrencia de muchos á un tiempo en demandar y en ofrecer, se estableció en Portobelo, hacia 1575 una feria ó mercado, en el cual todos exhibían sus objetos y operaban más ó menos notoriamente, evitándose los abusos que de otro modo se cometían en cuanto al precio y á la calidad. La feria se estableció sólo en Portobelo, porque parece que los mercaderes del Perú se distinguían de los demás de América por la mala fe con que procedían en sus tratos. Pero como la experiencia demostró que, además de moderarse los precios, se uniformaban éstos y se con- cluían las operaciones con rapidez suma, quedando los mercaderes y las naves habilitados para regresar á su origen al poco tiempo, con notable reducción en los gastos, los de Nueva España consiguieron que se esta- bleciera otra feria en Veracruz en 1728.
Era cosa sobreentendida que, en principio, todos los artículos que se remitiesen á las Indias habían de ser elaborados en España; pues siéndolo en el extranjero, aunque pasasen por España, perjudicaría la industria manufacturera y fabril de este país, y obligaría á exportar una parte proporcional del oro y de la plata recibidos de América.
Pero esta regla sufría numerosas excepciones en la práctica. Por un lado sucedía que los fabricantes espa- ñoles no producían cuanto la América necesitaba, y era forzoso que los comerciantes ocurriesen á las fábricas de fuera del reino. Es así que los lienzos venían de Francia, Silesia, Sajonia, y algunas ciudades libres de Alemania á las casas que nacionales de estos países tenían establecidas en los puertos habilitados de España, y que también venían de fuera otros muchos artículos, como instrumentos metálicos, objetos de cris- tal ó vidrio, el marfil, el papel, la cera, la especería, los sombreros, las medias, los botones, las telas listadas de lino, etc., á pesar de lo mucho que los españoles se quejaban de que, yendo todo esto á América, á Francia, á Flandes, á Italia y á Alemania aprovechaba el oro con que América lo pagaba, y á pesar también de los pre- mios que el Rey decretó más de una vez por estimular la fabricación nacional. Mas fueron inútiles tales medios para evitar los perjuicios, porque se mantenía intacta su causa principal, que era la habilitación de un par de puertos para todo el comercio de América, pues así estaba monopolizado todo el comercio de exportación por unos pocos mercaderes y éstos forzaban á las fábricas á conformarse con los escasísimos precios que quisieran darles, las privaban de ganar y de todo estí- mulo, y las ponían en la imposibilidad de prosperar y aun de sostenerse.
Por otro lado tomó increíble fuerza la corrupción de los funcionarios encargados de impedir el contrabando, así en América como en España. No era raro, en tiempo de paz, que los comerciantes extranjeros desem- barcasen en las costas americanas sus mercancías, burlando la vigilancia de las autoridades ó contando con su connivencia. En tiempo de guerra de alguna potencia con España, se creían todos autorizados para prevalerse de la situación embarazosa de ésta y comer- ciar francamente con sus colonias. Hay que agregar que los franceses se prevalieron del privilegio de tener factorías en América, para comerciar más de lo que era lícito, y que los ingleses autorizados para recibir en frutos del país el precio de los negros que vendían, llevaron á tan alto grado el abuso en comprar produc- tos americanos y en vender los suyos propios, desde que sucedieron á los franceses en el goce del asiento, que el rey de España, no consiguiendo corregir el mal de otro modo, revocó el permiso en 1740, cuyo acto fué origen de la guerra que ambas naciones sostuvieron hasta 1743. Al contrabando que se hacía en América se agre- gaba el muy considerable que se hacía en los mismos puertos españoles, trasbordando mercancías de los buques extranjeros á los de la carrera de Indias, mediante un premio que se pagaba á los funcionarios públicos por consentir. La inmoralidad se hizo tan habitual, que, hecha pública, á nadie causaba escán- dalo. Era también frecuente que las naves saliesen en regla de los puertos de Cádiz y Sevilla; y que so pretexto de mal tiempo arribasen á otros puertos y allí comple- tasen su carga con mercaderías extranjeras.
Todos estos hechos, muy conocidos en Europa, dieron margen á que se dijera que España era la garganta por donde las demás naciones absorbían las riquezas de la América.
No era permitido mandar libremente á los puertos de ésta ni aun todos los productos de las fábricas espa- ñolas. Entre las cosas cuyo comercio no podía hacerse sin permiso especial del rey estaban las alhajas de oro y plata, estos metales aunque no estuviesen labrados, las piedras y perlas engastadas ó por engastar, toda clase de moneda, aunque fuese la de vellón. La prohibi- ción no era menos absoluta respecto de los libros de romance que trataran de materias profanas ó fabulosas, de las historias fingidas, de las armas ofensivas y defen- sivas, y del hierro de Lieja, fuese en barras ó en obras, como azadones y clavos. Estas prohibiciones fueron dictadas desde el siglo XVI. A mediados del siglo XVII se prohibió introducir en América aguardiente de Levante, y algunos años después se publicó un regla- mento en que se indicaban menudamente cuáles eran los artículos en que se podía comerciar y cuáles no.
Tales fueron las reglas generales que rigieron el comercio exterior de la América. Á ellas se agregaron otras, dictadas especialmente para el Río de la Plata. Mientras fueron parte del virreinato del Perú, no tuvie- ron las provincias rioplatenses la libertad de comer- ciar directamente con España. Se prohibió absoluta- mente este comercio desde que se inició la conquista, porque, como no producían Buenos Aires y el Paraguay oro, ni plata, no tenían con qué pagar las mercaderías que les viniera de Europa, á no ser que trajesen aque- llos metales del Perú, de Chile ó de Potosí. Pero, trayén- dolos, resultaría que los comerciantes del Pacífico se verían obligados á restringir sus negocios, con gran perjuicio del movimiento que se operaba por Portobelo, y no era sensato sacrificar tan cuantiosos intereses por favorecer á comarcas pobres como eran las del Plata. Rigió este criterio en todo el siglo XVI; y mientras tanto fué necesario que las poblaciones del Paraguay y de Buenos Aires recibieran directa ó indirectamente del Perú, á lomo de mulas, las mercaderías de que habían menester, cuando no podían conseguirlas en mejores condiciones y clandestinamente de los dueños del asiento de esclavos ó de las colonias portuguesas.
No por eso dejaron de representar los mercaderes de Buenos Aires con insistencia desde el siglo XVI que, si la población no aumentaba y se carecía de lo más preciso para la vida, se debía á lo difícil y caro del sis- tema que se seguía, no á imposibilidad de adquirir con propios productos lo que se necesitara; y, concretando sus aspiraciones, solicitaron que se les permitiera la entrada de todo género de ropas y mercaderías, en la inteligencia de que aquel puerto era el más adecuado de toda la costa, así como el cambio en el Brasil, Guinea é islas inmediatas, (que entonces pertenecían á España) de los frutos propios por ropa, fierro y demás cosas que las poblaciones necesitaban. El gobierno accedió por vez primera en 1602 permitiendo á los bonaerenses que comerciasen en navíos propios durante seis años con los mencionados puertos, pero á condición de que el total exportado no había de exceder de 2000 fanegas de harina, 500 quintales de carne salada y 500 arrobas de sebo, y de que no se exportaría cosa alguna á ninguna otra parte por mar ni por tierra.
Quiso Córdoba aprovecharse de esa concesión para comerciar por la vía de Buenos Aires; el gobernador de la Asunción proveyó negativamente; la audiencia de Charcas revocó esta providencia; no obedeció el gober- nador y ocurrió en queja al Consejo de Indias; y el Rey resolvió el conflicto prohibiendo á Córdoba y á todas las ciudades de la provincia de Tucumán el ejercer el comercio que quería, á no ser en caso de mucha nece- sidad, previo consentimiento del Gobernador del Para- guay, y en la cantidad estrictamente indispensable. (1606)
Al vencerse el plazo solicitó Buenos Aires una prórroga ilimitada en cuanto á las cosas y al tiempo, para que las ocho ciudades que á la sazón había en la provincia, comerciasen con los puertos españoles, conduciendo sus frutos y los de retorno en buques propios ó arrendados. Informaron el Consulado de Indias y la Casa de contra- tación oponiéndose á la concesión porque, disminuido ya el comercio de América para entonces, más se per- judicaría desde que por abrirse un nuevo puerto á las provincias del Perú disminuiría el movimiento mucho más importante de Portobelo de modo que acaso las flotas tuvieran que viajar una vez cada dos años en vez de hacer un viaje anual. El rey resolvió en 1618 decla- rando que no convenía al comercio en general abrir la contratación con España por el Río de la Plata; pero, no obstante, concedió á las ocho ciudades, por tres años, la facultad de enviar á los puertos españoles dos buques de cien toneladas cada uno, y de vender en las provincias interiores del Perú algunas de las mercade- rías que trajesen de la Península, pagando en la aduana que para el efecto se estableció en Córdoba el 50 por ciento de ciertos derechos que los géneros debían.
En los años posteriores se reprodujo muchas veces la petición de los comerciantes de Buenos Aires, y otras tantas la oposición de los del Perú y de España, quienes la fundaban en los perjuicios que sufría el comercio que se hacía por Tierra Firme y en que los pueblos del Plata tenían todo lo necesario para vivir y podían pasar sin vender los efectos de su industria, tanto más, cuanto su importancia era escasa. Por su parte agregaba el Consulado de Indias que el comercio permitido al Río de la Plata en los años anteriores había fomentado el ilícito que hacía con las colonias portuguesas inme- diatas. Y todos concordaban en que era indispensable volver á la prohibición absoluta del siglo XVI. Pero el permiso de 1618 fué renovado durante todo el siglo XVII y tres cuartos del XVIII, sin la menor ampliación, á pesar de que la feria de Portobelo había sido suprimida y habían cesado las flotas á mediados de este último siglo, y de que desde 1765 regía en otras provincias de América una ley de comercio libre. Extendió Carlos III los efectos de esta ley al Río de la Plata en 1778, al crear su virreinato, y restablecer la real audiencia de Buenos Aires, é igualó el comercio del Plata al del resto de América, en virtud del reglamento general de comer- cio libre que promulgó en el mismo año 1778, cuya libertad consistiría en comerciar sin limitación con la Península y con las demás provincias americanas, aun- que conservando la prohibición de comerciar con los estados extranjeros.
Desde esta fecha se aceleró mucho el progreso de todo el Río de la Plata, sobre todo el de Buenos Aires. En los cinco años que corrieron desde 1792 hasta 1796 no viajaban ya dos buques anuales entre España y la capital del virreinato, sino que iban 56 y volvían 47, término medio; y no se limitaba á 200 toneladas la exportación y á otras tantas la importación, sino que los efectos exportados á España anualmente impor- taron más de 5 millones de pesos y no menos de la mitad los importados de que se tomó cuenta en la aduana, á los cuales se agregó probablemente otro tanto que pasó de contrabando.
El comercio lícito exclusivamente americano, que había estado reducido al de las procedencias del Perú, tomó rápida extensión y aumentó en actividad. Los géneros recibidos de España en el mismo quinquenio fueron vendidos en mucha parte á comerciantes de Chile, del Perú, de Potosí y del Paraguay. Se les ven- dió además á los primeros crecida cantidad de yerba- mate y de mulas. Y Buenos Aires recibió en cambio: vino, de Mendoza; aguardiente, de San Juan; ponchos, frazadas y pieles, de Tucumán; tabaco, maderas y yerba, del Paraguay; azúcar, cacao, canela, arroz, sal, etc., de Lima; plata y oro de algunos de esos países y de Potosí. Mucha importancia tomó también el comercio con la Habana, de donde recibió en cambio de sus productos primos y elaborados animales y vege- tales, su azúcar, sus dulces, miel, cacao, café, aguar- diente, géneros de hilo, maderas, etc.
Puede juzgarse del aumento que se operó en el comercio exterior en los años siguientes, si se considera que las rentas de la aduana de Buenos Aires, que impor- taron casi el término medio de 390 mil pesos en cada uno de los años corridos desde 1791 á 1795, subieron en 1802 á cerca de 858 mil pesos.
Con estos adelantos comerciales coincidió un creci- miento inusitado de población. La provincia, que no contaba con más de 38,000 habitantes cuando se creó el virreinato, tuvo á los veinte años 72,000. Y para fines del siglo había ascendido á 40 mil personas la población de la sola ciudad de Buenos Aires, y á 50 mil para 1807. Así se palpaban los efectos de la libertad.
Las guerras que tuvo que sostener España con Ingla- terra en los primeros años del siglo XIX, no sólo en Europa, sino también en América, perjudicaron gran- demente el comercio del Río de la Plata y las relaciones con la Península, y redujeron á penoso estado la hacienda pública y las industrias del virreinato. Esta situación se prolongó por la guerra de independencia en que muy luego se empeñaron los españoles contra la Francia. Pueblo y gobernantes de Buenos Aires, acosados por la necesidad, buscaban fuentes nuevas de recursos. Se reunieron los hacendados, (1809) y pidieron al Virrey en elocuente memoria que se abriera el puerto al comercio con Inglaterra, (que de enemiga se había convertido en aliada de los españoles) y la libertad comercial tomó entonces una extensión que nunca había tenido, y que influyó poderosamente, así en el orden económico como en el político del Río de la Plata, y aun en la suerte de la América española toda.
Sucesos políticos del Río de la Plata, hasta 1810
Los conquistadores de las tierras que antes de crearse el virreinato del Río de la Plata compusieron la provin- cia de Tucumán se habían servido, para someter á los indios, de las armas y de las misiones religiosas. La experiencia demostró que, si bien por la fuerza se vencía á los indígenas, no se ganaba su voluntaria obediencia y mucho menos su afecto, sobre todo si eran los bravos pampas; mientras que por la persuasión y la blandura se les atraía, se les amansaba, se les habi- tuaba al trato de los europeos, y se conseguía su firme adhesión con relativa facilidad, particularmente si eran tapes ó guaranís. Los gobernantes del Paraguay tuvieron también ocasiones de experimentar la respec- tiva eficacia de los dos medios; y tal persuasión los indujo á favorecer el establecimiento de misiones ó reduc- ciones en el Paraguay, en el Guairá, y en Buenos Aires, confiando la empresa á clérigos de varias órdenes.
Las misiones tomaron mucho incremento, sobre todo después que la provincia de Buenos Aires se separó de la del Paraguay, debido á los poderosos auxilios de la Corona y al empeño con que á fundarlas y fomentarlas se consagraron los religiosos de la Compañía de Jesús en el territorio del Guairá. Emplearon en ello suma habilidad y constancia, combinando la astucia, la man- sedumbre y la violencia. Solían despertar la curiosidad de los salvajes por medio de la música y del canto. Cuando los tenían cerca los exhortaban ofreciéndoles tranquilidad, alimentos y otras ventajas. Los indios se dejaban someter á la vista de abundantes rebaños de ovejas, cabras y ganados mayores, y ante la perspectiva de no sufrir las inclemencias de la vida agreste ó de los encomenderos. Los convertidos servían para convertir á su vez, pues de ellos se valían los jesuítas para hala- gar é inspirar confianza á los inconvertidos. Cuando, llegada á este punto la tarea, se temía no poder prose- guirla felizmente, se cercaba á los refractarios, se les obligaba á la obediencia, y la mañosa zalamería ope- raba el resto de la conversión. Así es como las reduc- ciones progresaron rápidamente.
El primer edificio de cada grupo, era una iglesia; luego se edificaban la escuela, los talleres, la cárcel, la mansión de los directores, el cabildo y las casas en que habitarían los indios. Las iglesias eran construidas de piedra y ricamente decoradas. Las casas eran de adobe, blanqueadas con una especie de arcilla, cubiertas de teja, y con anchos aleros á los lados.
El cura párroco era el jefe; él y sus ayudantes ense- ñaban á los neófitos la doctrina católica, la lectura, la escritura, y los oficios que más conviniera ejercer; les proveían de cuanto necesitaran para vivir, asistían á los enfermos y presidían á su disciplina ó gobierno político, civil, económico y religioso. Los indios elegían sus fun- cionarios civiles entre los de su raza, aunque bajo la dirección ó el consejo de los jesuítas, lo que equivale á decir que las elecciones eran una ficción de las prácti- cas democráticas, adoptada para conciliar el instinto salvaje de libertad con la sumisión impuesta.
Todos trabajaban y tenían su vivienda en terreno que poseía cada familia separadamente, y que culti- vaba. Los principales ramos de cultivo eran la yerba- mate, el maíz, el algodonero y las raíces y legumbres que mejor podían producir las tierras. Los indígenas aprendían y ejercían también oficios, de los utilizables en el pueblo, y tejían lienzos las indias. Á algunos se les perfeccionaba en la caligrafía, y se les empleaba de copistas de los documentos y libros que los padres escribían. Se ha ponderado el primor de algunos de estos trabajos.
Se les hacía creer que ganaban el precio de su labor, y que la propiedad raíz era suya. La realidad no era así, empero. Toda la propiedad era común; es decir, común de la Compañía de Jesús. Todos los productos de la industria se depositaban en grandes almacenes. Magistrados especiales distribuían diariamente entre los individuos del pueblo lo que hubieran menester para satisfacer sus necesidades. Los jesuítas vendían lo sobrante. Exportaban en grandes cantidades la yerba- mate, la carne salada y los cueros. Se ha calculado que no poseían menos de dos millones de cabezas de ganado á mediados del siglo XVII. Con el precio de lo que vendían adquirían los artículos europeos de que las reducciones carecían. Y todo era propiedad de la Com- pañía, como lo eran el terreno y los edificios. Los indios no tenían, pues, más que el goce de los bienes comunes, en la medida que sus directores juzgaban conveniente. Por este medio y el poderoso auxilio de la educación religiosa consiguió la Compañía acumular grandes riquezas, estimular la afición de los indígenas al trabajo, y afirmar su servidumbre; pero anuló la personalidad de sus siervos, incapacitándolos para obrar según su propia iniciativa.
El guaraní era la lengua que todos usaban en la vida privada y en la oficial; algo se enseñaba del castellano á los indios, pero á nadie hasta que lo hablase y á pocos hasta que lo entendieran mediocremente. Así aparentaban los jesuítas que satisfacían el sentimiento de las autoridades españolas, pero realmente conseguían tener á los naturales aislados del influjo de la civiliza- ción colonial y sumisos en todo al de la Compañía de Jesús, para cuyo mejor efecto había ésta prohibido que los españoles residieran en las reducciones.
Los mamelucos de la colonia brasileña de San Paulo empezaron sus violencias apoderándose de las tierras vecinas y de las tribus salvajes próximas que pudieron dominar. Cuando las tierras y los indios escasearon en aquellos parajes, los paulistas extendieron sus empresas hacia el poniente; invadieron el territorio de Guairá y aun penetraron en el Paraguay. Exploraron así vastos desier- tos, situados entre las capitanías del Brasil y las reduc- ciones de los jesuítas, obraron en ellos como dueños, facilitando al gobierno brasileño la tarea de apropiarse de Matogrosso que más tarde llevó á cabo, y se apodera- ron en el Guairá de gran número de ganados y de indios reducidos, válidos de que éstos no podían defenderse por falta de armas. Su acción devastadora fué tan inmensa, que se calcularon en muchísimos miles los ganados robados y en más de 60 mil los guaranís cautivos.
Estos hechos infundieron terror en toda la extensión del Guairá. La población escapada al cautiverio huyó al Paraguay en parte, y el resto, que no excedía de 12 mil personas de las 100 mil que habían sido antes de las malocas de los paulistas, abandonaron la provincia en 1631 y vinieron á poblarse á ambos lados del Uru- guay, al Sud del río Y-guazú, bajo la dirección del padre Montoya. Ciudad Real, Villa Rica, Espíritu Santo y otras poblaciones de menor importancia fueron des- truidas por los mamelucos.
Éstos persiguieron á las poblaciones fugitivas hasta en sus nuevas posiciones, acometiéndolas solos ó alia- dos con naciones salvajes del Brasil; pero, habiendo la Compañía obtenido del rey permiso para armarse, los terribles invasores se encontraron después con resisten- cias que les costaron caras y al fin se retiraron escar- mentados, aunque dispuestos á continuar sus actos de barbarie al Norte, aprovechando la anarquía y la debi- lidad del gobierno paraguayo.
Los jesuítas fundaron desde 1631, al Sud del Y-guazú, á ambos lados del Uruguay, numerosos pueblos que han sido designados con el nombre colectivo de los Pueblos de las misiones. Las Misiones orientales, situadas al Norte del Ybicuy-guazú, constaron de 7; las Misiones occidentales de 23. De aquí que para designar la totali- dad de ellos se haya empleado hasta principios del siglo XIX la expresión de los Treinta pueblos de las misiones. El número de los pobladores creció rápida- mente : á los cuatro años de la traslación referida eran más de 19 mil los hombres obligados á pagar el tributo personal, y ascendía á 123 mil el número de los indios de ambos sexos. Este número subió á 160 ó á 170 mil para el año 1660.
La Compañía de Jesús había adquirido en Europa, para mediados del siglo XVI, un gran poder intelectual y político, que debió á su saber y al tesón con que pro- curó influir en la vida privada y en la pública, á favor del ministerio religioso que ejercía y del fanatismo de todas las clases sociales. Los hombres superiores, menos ofuscados que la generalidad por sus sentimientos mís- ticos, y más libres para juzgar la significación y la trascendencia de los trabajos jesuíticos, se persuadieron de que la Compañía no tenía por fin principal difundir las prácticas piadosas, sino que se servía de su sacer- docio para llegar al dominio del mundo. No alarmaron menos los trabajos que ejecutó en América. Se había apoderado de casi toda la enseñanza que se daba en las escuelas, los colegios, los seminarios y las universida- des; consiguió tener irresistible prestigio en todas las conciencias, y lo mantenía con especial cuidado en las clases más pudientes; gobernaba las reducciones con independencia casi completa del poder real.
Á estos hechos de carácter general vino á agregarse uno puramente accidental, pero que acabó de formar convicción acerca de la vasta y ambiciosa empresa. Habiendo celebrado en 1750 un tratado de límites los gabinetes de Madrid y Lisboa, según el cual sería el río Ibicuy-guazú una de las líneas divisorias de las posesiones americanas de ambas coronas, fueron encar- gados el marqués de Valdelirios por España y Gómez Freire de Andrade por Portugal para que dirigiesen los trabajos de demarcación. Como los siete pueblos de las Misiones orientales vendrían á quedar en territorio portugués, los jesuítas se manifestaron dispuestos á buscar otro terreno, en las posesiones españolas, para trasladarse á él así que hubiesen recogido los productos de la tierra, resignándose con la dura necesidad de per- der sus fincas, y pidieron plazo.
Mas lo utilizaron para armar á sus guaranís y orga- nizar vigorosa resistencia á la delimitación tratada por los soberanos rivales. Así que tomaron posiciones estra- tégicas escalonando sus fuerzas, comenzaron las hostili- dades. Largo tiempo se empleó en negociar un some- timiento voluntario; pero, siendo inútiles los esfuerzos, partieron á la vez tropas españolas del Plata, y tropas portuguesas del Brasil, obraron de acuerdo, y vencieron á los insurrectos después de varias acciones sangrien- tas, en las cuales las huestes de los jesuítas perdieron miles de hombres, cañones, muchas otras armas y estandartes (1753-1756).
La alarma que motivó la conducta de los jesuítas en los centros oficiales de Europa se manifestó por actos violentos. El gobierno de Portugal decretó en 1759 el extrañamiento de la Compañía de todo el territorio de la corona; fué expulsada de Francia tres años después; lo fué de España en 1767, y en seguida de varios esta- dos italianos. No fué desterrada del Brasil hasta el año 1768. Los padres fueron conducidos presos á Lisboa; unos quedaron presos aquí y los demás fueron envia- dos á los estados pontificios. En el Río de la Plata tuvieron lugar el extrañamiento y el embarque para España en 1767 y 1768, de cuyo país fueron remitidos también á los dominios de la Iglesia. Tanto en el Brasil como en el Río de la Plata se confiscaron sus bienes y se aplicaron á sostener establecimientos de instrucción y de beneficencia; y los colegios, seminarios y univer- sidades que ellos dirigieron se confiaron á clérigos de otras órdenes. El papa Clemente XIV abolió la Com- pañía en 1773.
Ya se ha dicho (XXX) que, aun cuando los reyes de España y Portugal habían acordado en el tratado de Tordesillas que sus dominios de la América se dividie- ran por una línea meridiana que pasase á 360 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde, siguieron discutiendo acerca de los puntos terrestres por donde pasa la línea ideal, y, por lo mismo, acerca de si ciertas tierras per- tenecían á una corona ó á la otra. De aquí resultó que mientras los adelantados que venían al Paraguay baja- ban en Santa Catalina reputándola dominio del monarca español, los portugueses sostenían que los de su rey llegaban hasta cerca del río Uruguay. Fuera de buena ó de mala fe, el hecho real era que las dos monarquías durante largo tiempo pretendieron que les pertenecía exclusivamente el territorio situado al Norte del río de la Plata, entre el Uruguay y Santa Catalina.
Los españoles descendieron varias veces en las costas del Atlántico, del Plata y del Uruguay durante el siglo XVI, lucharon con los salvajes y ejercieron otros actos de autoridad; pero incurrieron en el error de obrar siempre de paso á la Asunción del Paraguay y de modo que sus hechos no podían considerarse sino accidentales. No trajeron ni una sola vez el propósito de sojuzgar á los charrúas y guaranís que poblaban las márgenes de los grandes ríos de esta zona, y menos el de establecer colonias permanentes, pues el fuerte que hizo levantar Caboto en 1527 en donde el San Salvador echa sus aguas al Uruguay, los ranchos que edificó Juan Romero en 1550 en donde desagua el arroyo San Juan, y la reconstrucción de San Salvador por Zárate en 1574 fueron actos que no correspondieron á ningún plan serio, y que, por esto mismo, carecieron de estabilidad como que todas esas construcciones desaparecieron al poco tiempo de hechas. Pasóse también el siglo XVII sin que los españoles hubiesen hecho otra tentativa de ocupación entre el Uruguay, el Cuareim y el Plata, que una reducción de indios chanás fundada hacia 1650 por padres franciscanos en la pequeña y anegadiza isla del Vizcaíno, que queda cerca de la desembocadura del río Negro, cuya reducción se llamó de Santo Domingo Soriano (1).
No necesitaban más los portugueses, codiciosos de estas tierras, para defender su ambición, y para sentirse animados á extender sus posesiones. En efecto, las capi- tanías, sobre todo la de San Vicente, que, como se ha dicho, era la más meridional, empezó á ensanchar sus fronteras occidentales, y el gobierno lusitano directa- mente autorizó ocupaciones que avanzaban en la zona disputada. Donó en 1654 las tierras de Santa Catalina á Francisco Díaz Vello; y, no habiendo tenido tiempo éste para colonizarlas, porque fué muerto por un pirata inglés, el Gobierno llevó á cabo la colonización oficial- mente con familias que hizo conducir de las islas Azo- res. Sus avances continuaron muy luego hacia el Poniente, hasta llegar casi al río Uruguay, con cuyos hechos provocó las guerras y negociaciones diplomá- ticas que se relatarán en los siguientes artículos.
Para el último cuarto del siglo XVII, habían llegado las desgracias de España, como se sabe, á un grado extremo. Aprovechóse de ellas el regente de Portugal, don Pedro, para ordenar al gobernador de Río de Janeiro que fundase una colonia en la isla de San Gabriel ó en un paraje próximo del río de la Plata que le pareciera más conveniente. El gobernador, que lo era el maestre de campo Manuel Lobo, se embarcó con 4 compañías de á 200 hombres, con artillería y con varias familias de colonos, llegó á principios de 1680 al lugar indicado, estableció en la margen septentrional del Plata la colonia que denominó del Sacramento, y la fortificó. El gobernador de Buenos Aires reclamó la evacuación al de Río de Janeiro; éste se negó, alegando que la colonia estaba situada en territorio portugués; fué necesario recurrir á las armas. Las fortificaciones fueron asaltadas y tomadas el mes de Agosto del mismo año por un numeroso cuerpo de españoles, mulatos y guaranís de las Misiones en cuya operación se conduje- ron éstos valientemente. De la guarnición portuguesa murieron 200; los demás cayeron prisioneros, incluso el gobernador Lobo. El ejército de Buenos Aires tomó toda la artillería, armamento y municiones del vencido. Lobo falleció de pesar.
Así que el gobierno portugués tuvo noticia de los hechos ocurridos, entabló negociaciones, las cuales dieron por resultado el tratado provisional de 1681 (7 de Mayo). Se estipuló en él que la colonia fuese devuelta á las autoridades del Brasil con sus armas, artillería, municiones y habitantes que permaneciesen en Buenos Aires; que el gobernador bonaerense sería amonestado por su conducta; que el gobierno portugués restituiría las usurpaciones de los paulistas, si las hubiese, y que ambas coronas nombrarían comisarios para que demarcasen el límite común de sus posesiones. Se nombraron las comisiones y se acordó que los por- tugueses devolverían 300 mil indios y los ganados robados por los mamelucos, y que los españoles podrían comerciar con el Sacramento. La colonia fué entregada en 1683, pero hubo de parte de los portugueses tan poca disposición de llegar á una solución en la cuestión de límites, que los comisarios nada concluyeron, y la posesión del Sacramento, que había de ser de muy corta duración, se prolongó mientras la dinastía austriaca estuvo en el trono de España, y aún des- pués.
Esta posesión fué disputada posteriormente por la vía diplomática sin éxito ninguno, pues la corona de Por- tugal la defendió á título de primer ocupante. Cuando los borbones sustituyeron á los austriacos en el trono de España se renovó la cuestión y como los portugueses lo cedieran, en cuanto éstos entraron en la liga que favorecía la pretensión de Austria recibió orden el gobernador de Buenos Aires para que se apoderase del Sacramento. Fueron llamados otra vez los guaranís del Paraná y del Uruguay; en gran número (4000) sitiaron la plaza á fines de 1704, y á los seis meses se retiró la guarnición abandonando la artillería y las municiones, cuando llevaba ya 22 años de ocupación constante.
Terminada la guerra de sucesión, celebraron los españoles y portugueses el tratado de Utrecht de 1715 (Febrero). Los primeros se obligaron á entregar la colonia con un territorio limitado por el alcance de un cañón; y los segundos se obligaron á restituirla siempre que los españoles ofreciesen dentro de año y medio un terreno equivalente. Al cumplirse este acuerdo preten- dieron los portugueses que como antes de 1705 habíanse poblado en otros puntos de la orilla izquierda del Plata, debía devolvérseles, además del pueblo, los otros terrenos que habían abandonado por la fuerza; pero España se atuvo al tratado de 1715 é hizo en 1716 la entrega según se había estipulado.
No impidió ésto que los rioplatenses y los brasileños siguieran disputándose terrenos, cuyas cuestiones eran ocasionadas en parte por la demora en efectuar la subrogación que en 1715 se había dejado pendiente. Después de un asedio infructuoso á la colonia (1735) y de laboriosas negociaciones vino á acordarse por el tra- tado de 1750 que anuló todos los tratados anteriores y estableció la línea que en lo futuro separaría los domi- nios del rey de Portugal de los del rey de España. En cuanto al territorio oriental del Uruguay interesaba, la línea partiría de la barra del Chuy, seguiría por las cumbres de las montañas hasta hallar el origen del Rio Negro, de aquí hasta la principal fuente del Ibicuy, y luego á lo largo de este río hasta el Uruguay. Así, pues, la colonia del Sacramento vendría á ser del rey de España y las Misiones orientales del rey de Portugal: y para que no hubiera duda á este respecto, ambos monarcas se cedieron expresa y recíprocamente esos territorios. Se quiso dar tanta firmeza á este tratado, que se pactó su subsistencia aun cuando sobreviniese una ruptura entre las dos coronas.
Los comisarios nombrados por ambas partes comen- zaron su tarea por el extremo Sud de la línea ideada, sin mayor dificultad; pero ellas fueron apareciendo y creciendo según avanzaban hacia el Norte, no sólo por la oposición que hicieron los jesuitas de las siete misiones orientales del Uruguay, sino también porque algunos de los puntos indicados en el tratado de 1750 no tenían correspondencia en el terreno, de lo cual se originaron frecuentes discusiones insolubles. Se vió así que el tratado no era fácilmente ejecutable; y ya por ésto, ya porque ninguno de los dos gobiernos estuviera satisfecho de haberlo firmado, convinieron en 1761 anu- larlo completamente, volviendo las cosas al estado que habían tenido antes de 1750. Es decir que continuaría el Sacramento en poder de los portugueses y las Misio- nes en poder de los españoles.
En el mismo año celebró Carlos III con Luis XV, de Francia, el Pacto de familia de donde resultó que España y Portugal se encontrasen en guerra, y que, por orden de su gobierno, tomase la isla San Gabriel y sitiase el Sacramento el gobernador de Buenos Aires, que lo era el famoso general don Pedro Ceballos. El sitio duró 25 días. El jefe de la plaza, don Vicente da Fonseca, tuvo que capitular el 20 de Octubre de 1762, aunque con los honores de la guerra. Los vencedores tomaron en el puerto 26 buques ingleses cargados, y en la plaza mercancías y efectos de guerra valuados en más de 20 millones de pesos.
Pocos días después llegó una escuadra anglo-lusitana de once buques, que venía á reforzar la guarnición con 500 hombres. Al saber su jefe que los portugueses habían capitulado, se propuso retomar el pueblo é hizo fuego á sus fortificaciones. Hacía 4 horas que se soste- nía, cuando se incendió el Lord Clive, de 54 cañones, que tenía á bordo 340 hombres. El buque se perdió; de sus tripulantes se salvaron solamente 78 y el resto de la escuadra se retiró.
Mas sobrevino la paz en 1763; y como las potencias sentaron en principio la restitución de todo lo que hubiesen tomado durante la guerra, acordaron particu- larmente sus majestades Católica y Fidelísima que se devolviesen la colonia y la isla de San Gabriel á los portugueses, lo cual verificó Ceballos á fines del mismo año, entregándolos artillados como estaban cuando fueron tomados.
Esta paz no se hizo efectiva en el Río de la Plata, debido á que las usurpaciones de los portugueses con- tinuaron sin embozo. Tanta magnitud tomaron en los doce años siguientes, que Carlos III vióse obligado á emprender la guerra nuevamente y á mandar bajo las órdenes de Ceballos, que vino con el título de Virrey, doce buques de guerra y unos cien transportes con 9000 hombres de desembarco. Esta expedición llegó al río de la Plata en Mayo de 1777, tomó el Sacramento sin hallar casi resistencia, y se dispuso á llevar adelante la campaña, cuando la interrumpió la noticia de que los reyes beligerantes habían celebrado un tratado preli- minar de límites en San Ildefonso, el mes de Octubre del mismo año.
Se declaró en él: que se ratificaban los tratados de 1665, de 1715 y de 1763 en todo aquello que actual- mente no se derogase; que pertenecerían privativa- mente á la corona de España los terrenos de las dos márgenes del Plata y del Uruguay, hasta donde desem- boca el río Pequirí ó Pepirí-guazú, empezando la línea divisoria en el arroyo Chuy y corriendo por la margen de la laguna Merim y las cabeceras del río Negro y de los demás que desaguan en el Uruguay hasta las del Pepirí; que ninguna de las dos naciones ocuparía las lagunas Merim y Manguera, ni las tierras situadas entre ellas y el mar, ni una faja que se trazaría hasta el río Pepirí en todo lo largo de la línea, para que fuese neutral; y que se nombrarían comisarios para que se demarcasen los límites.
Este tratado dió fin á la contienda de españoles y portugueses respecto de la colonia del Sacramento, la cual fué poseída por los primeros constantemente desde que, en cumplimiento de las estipulaciones de 1777, fué entregada al representante de Carlos III.
Persiguiendo su propósito de apropiarse toda la costa del río de la Plata, y estando en paz las dos naciones rivales, el gobernador del Brasil ordenó que una parte de su escuadra penetrara en la bahía que baña la base del cerro Montevideo y ocupase la península que queda en la parte opuesta.
Así se intentó en 1720, pero no pudo llevarse á cabo la empresa, porque buques españoles que recorrían las costas descubrieron á los intrusos y los obligaron á retirarse. Se repitió alguna otra vez la tentativa y se frustró igualmente. Pero en 1723 vino un navío con artillería y tropas, desembarcaron 200 hombres y cons- truyeron un reducto.
Así que este hecho fué conocido por el gobernador de Buenos Aires, que lo era el general don Bruno Zabala, se entabló un cambio de comunicaciones. Mas, como no consiguiera el gobernador español por este medio que los ocupantes desistieran de su intento, despachó fuerzas de mar y tierra para que los batieran. No hubo necesi- dad de derramar sangre : el jefe portugués se dispuso á evacuar la península en cuanto advirtió que el enemigo lo amenazaba de cerca.
El gobernador Zabala hizo construir fortificaciones entonces para impedir que en lo futuro se repitieran tentativas como la que acababa de abortar, y los portu- gueses no disputaron más el dominio de este punto. Poco después (1726) fundó Zabala la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo; repartió entre los pobladores los terrenos encerrados por los límites seña- lados á la ciudad, después de haberlos fraccionado en solares que tenían cincuenta varas de frente por otro tanto de fondo; repartió los terrenos del ejido, divididos en suertes de chacra, separadas unas de otras por calles de doce varas de ancho; y dispuso que lo restante de las tierras se dividiesen en suertes de estancia, que tendrían media legua de frente y una y media de fondo. La jurisdicción de Montevideo quedó determinada de este modo: al Sud, el río de la Plata; al Oeste, el arroyo Jofré (Cufré); al Este, el cerro Pan de azúcar y la cuchilla que le sigue en dirección al Norte, hasta tocar la cuchilla Grande; y al Norte, esta cuchilla hasta las puntas del arroyo Jofré; cuya superficie mide poco más ó menos cuarenta leguas de oriente á occidente y veinticinco de Norte á Sud.
Á favor del tratado de 1750 había avanzado la ocu- pación portuguesa, por el Este y el Norte, hasta el arroyo Chuy y cerca del río Cuareim; es decir, por todo el Río Grande y las Misiones orientales; pero no habían usado de reciprocidad devolviendo la colonia del Sacra- mento. Anulado aquel tratado por el de 1761, debieron los portugueses volver á sus antiguos límites, desalo- jando los territorios de Río Grande y de los siete pue- blos de Misiones. No procedieron así, sin embargo; razón por la cual Ceballos, gobernador de Buenos Aires, intimó tanto al gobierno del Brasil como al jefe militar de Río Grande, que evacuasen las tierras indebidamente ocupadas, tan pronto como tuvo noticia del último tra- tado. La reclamación fué reiterada en el siguiente año (1762) sin conseguir resultado alguno.
Llega poco después al Río de la Plata la noticia de que, como consecuencia del Pacto de familia, había estallado la guerra entre las dos coronas de la Penín- sula ibérica. Este suceso movió á Ceballos á conseguir por las armas lo que no había podido obtener amisto- samente. Tomó el Sacramento, como ya se ha dicho, marchó luego hacia el Este á principios de 1763 y tomó sucesivamente el fuerte de Santa Teresa, construido sobre el Chuy, el castillo de San Miguel más al Norte, y la ciudad de Río Grande de San Pedro al Oeste de la laguna de los Patos. El fuerte de Santa Teresa estaba defendido por numerosas tropas (600 hombres según unos, 1300 según otros) pero huyó la mitad de la guar- nición al ser sitiada y se rindió la otra mitad. No hizo ninguna resistencia San Miguel. Y fué tanto el terror que se apoderó de la plaza de Río Grande, que huyeron las tropas y el pueblo dejándolo todo y ahogándose muchos al atravesar el río. El vencedor tomó toda la artillería, armas y municiones, y muchos prisioneros. La paz de 1763 obligó á devolver la colonia del Sacra- mento, pero no el territorio de Río Grande; por manera que las cosas quedaron como se había pactado en 1761, poco más ó menos.
Ni los rápidos triunfos de Ceballos, ni el tratado de 1763 impidieron que los portugueses continuaran porfia- damente en la ejecución de su pensamiento de apro- piarse el Río Grande. Invadieron en 1764 algunos puntos de este territorio y pretendieron navegar en el río de igual nombre. En 1767 atacaron la ciudad y la tomaron. El primero de estos hechos fué reclamado por el gobernador de Buenos Aires; el segundo lo obligó á enviar un cuerpo de 800 hombres, el cual recuperó la ciudad y reclamó el desalojo de los otros puntos ocupa- dos por los portugueses abusivamente, sin conseguirlo. Los usurpadores siguieron su obra. Estos hechos deter- minaron al rey de España á decretar la grande expedi- ción de 1776, que vino al Plata bajo las órdenes del virrey Ceballos.
Al pasar por Santa Catalina, en Febrero de 1777, desembarcó fuerzas en la ensenada das Canaveiras. El gobernador abandonó las fortificaciones y luego capi- tuló cediendo la isla y sus dependencias al rey de España. El virrey se propuso invadir por varios puntos el territorio de Río Grande y ordenó al gobernador de Buenos Aires que marchara á la frontera con las fuerzas disponibles. Mas tiempos desfavorables forzaron á la escuadra á dirigirse al Río de la Plata. Entorpecido el plan por esta contingencia, decidió Ceballos tomar el Sacramento, y volver luego á Río Grande. Ya se sabe cómo ejecutó este primer paso. Á los pocos meses se puso en camino hacia el Este; pero se había celebrado la paz entre los monarcas español y portugués; y, como el tratado de límites de San Ildefonso dejaba el Río Grande del lado de Portugal, cesaron las hostilidades y se devolvió Santa Catalina.
Aunque los portugueses se contuvieron después, durante varios años, volvieron, al concluir el siglo XVII, á invadir, no todavía terrenos españoles, pero sí la zona neutral de la frontera que se extendía desde Santa Tecla hasta el Monte Grande. Y bastó que se supiera en el Brasil que había estallado en la Península ibérica la guerra de 1801 para que el virrey de Río de Janeiro ordenase una campaña y el gobernador de Río Grande llamase á las armas á todos los desertores que quisieran tomarlas. Varios cuerpos de ejército marcharon inme- diatamente y atacaron á la vez las guardias y pequeñas guarniciones que tenían los españoles sobre la frontera, desde el Chuy hasta el Cerrolargo, y tomaron todos estos puntos. Fueron atacados también los pueblos de las Misiones orientales en Octubre y Noviembre; los españoles, desprevenidos, no pudieron resistir con éxito, y los invasores ocuparon todo el territorio hasta el río Cuareim.
Las tropas del Río de la Plata se dirigieron á su turno á la frontera oriental para recuperar las posi- ciones perdidas. Los portugueses se retiraron, antes que llegaran los españoles, tanto del Cerrolargo como de los otros puntos más meridionales. Acaso hubieran hecho lo mismo si las fuerzas rioplatenses hubieran marchado á tiempo hacia el Norte; pero vino á impe- dirlo la paz que los reyes de España y Portugal cele- braron en Junio del mismo año 1801, los lusitanos alegaron que el tratado no los obligaba á abandonar las tierras conquistadas, y continuaron en posesión de ellas para siempre.
Las guerras de España dieron ocasión en todo tiempo á sus enemigos para intentar la usurpación de sus posesiones americanas ó, por lo menos, para ejecutar exacciones y otros actos de prepotencia. El Río de la Plata fué en diversas épocas el objeto de empresas de esta clase.
Estando en guerra Francia con España, vino el gene- ral Osmat, llamado el caballero Lafontaine, por orden de Luis XIV, en 1658, con tres naves, á apoderarse de la ciudad de Buenos Aires. La plaza se defendió con energía. Los franceses perdieron á su general y el prin- cipal de sus buques, y tuvieron que retirarse.
Otros franceses y algunos holandeses y dinamarqueses trajeron en diversas fechas, á distintos puntos del Río de la Plata, amenazas más ó menos serias que nunca se realizaron.
Los más temibles de todos los invasores han sido los ingleses. Ya en 1582 quiso apoderarse de Martín García el corsario Eduardo Fontans.
Cerca de dos siglos después tomaron posesión de una de las islas Malvinas. El virrey de Buenos Aires los hizo expulsar por la fuerza á mediados de 1770; mas Carlos III desaprobó el acto y mandó devolver la isla á los usurpadores, si bien con la condición no reclamada de que más adelante discutirían los gobiernos el derecho de soberanía. Los ingleses poseen, todavía ahora, aquellas islas.
Las guerras en que Napoleón I comprometió á Carlos IV en los primeros años del siglo XIX dieron pretexto á Inglaterra para emprender la conquista del Río de la Plata.
Se vió en Noviembre de 1805 que entraba en la Bahía de Todos los Santos (Brasil) una escuadra inglesa. El virrey del Plata, que lo era el marqués de Sobre-Monte, sintió alguna inquietud cuando lo supo, se trasladó á Montevideo, y dictó allí algunas medidas; pero, como luego viniera la noticia de que la escuadra había tomado la dirección del Cabo de Buena Esperanza, se restableció la tranquilidad.
La escuadra, en efecto, había ido á conquistar el Cabo, (que pertenecía á los holandeses) llevando á bordo fuerzas que obedecían á las órdenes del general David Baird. Pero, cuando ya nadie pensaba en ella, apareció en el río de la Plata (Junio de 1806) y desembarcó en Quilmes, á pocas leguas de Buenos Aires, los 1500 hom- bres que traía. La expedición naval era mandada por sir Howe Popham; la tropa por sir William Carr Beresford. La ciudad de Buenos Aires contaría una población de 50 mil personas próximamente; no tenía defensa ninguna por el lado de tierra; había en sus depósitos mucho armamento, pero carecía de tropas veteranas, pues el virrey había enviado á Monte- video las que había, pensando que ésta era la plaza amenazada. Algunas milicias que salieron al encuentro de los ingleses fueron fácilmente derrotadas. El virrey, en vez de organizar la defensa, huyó al interior con los caudales. Beresford intimó la rendición; reuniéronse los oficiales de la plana mayor y algunas corporaciones para deliberar, los cuales resolvieron entregar la plaza, y los ingleses entraron en ella tranquilamente y ocupa- ron el fuerte y los cuarteles.
En cuanto esto sucedió se dedicaron dos hombres á trabajar por la reconquista : don Martín de Pueyrredón y el capitán de navío don Santiago Liniers. Francés era éste, que servía en la marina española á favor de las relaciones de las dos naciones separadas por los Pirineos, y nacido en el Río de la Plata el otro. El pri- mero ordenó á los paisanos de la ciudad y sus cercanías que se le reunieran; el segundo pasó sigilosamente á Montevideo, obtuvo allí 1000 hombres y cañones, ven- ciendo resistencias que le oponía la autoridad militar, regresó por tierra hasta el Sacramento, atravesó el río, se puso de acuerdo con Pueyrredón, atacaron la ciudad á mediados de Agosto, cooperó el pueblo conduciendo á brazo los cañones y lanzando de balcones y azoteas toda clase de objetos ofensivos, y Beresford se rindió á su vez.
No por eso desapareció el peligro. La escuadra se apoderó de Maldonado y se mantuvo en la boca del río de la Plata bloqueando los puertos y esperando nuevas tropas para recomenzar en tierra las hostilidades. Lle- garon bajo las órdenes de sir Samuel Auchmuty y entonces los ingleses atacaron y tomaron á Montevideo. (Febrero de 1807.)
Como recibieran poco después nuevos refuerzos, los ingleses se dirigieron contra Buenos Aires en número de más de 13 mil hombres, mandados por el general Whitelocke. Desembarcaron en la ensenada de Barragán á principios de Julio; derrotaron á Liniers cerca de Buenos Aires; el cabildo preparó la defensa dentro de la ciudad; llevaron el asalto los invasores; defendióse el pueblo; el combate duró dos días y concluyó por la capitulación del general Whitelocke, quien se obligó á evacuar la capital del virreinato en el término de 48 horas y la ciudad de Montevideo á los dos meses; cuyas cláusulas se cumplieron puntualmente.
En estos hechos hay gloria colectiva, que alcanza á todo el pueblo por igual; pero hay algo más que, apa- reciendo á manera de germen, debía desenvolverse rápidamente, transformarse, evolucionar hasta tomar formas específicas distintas y obrar como fuerza eficiente en los destinos del Río de la Plata. Ese algo es la inter- vención de la clase de los nacidos en América, en los sucesos de orden público. En tiempo de paz los espa- ñoles se habían bastado para desempeñar solos las fun- ciones oficiales; en tiempo de guerra, de una guerra inesperada que no dió tiempo á que un Ceballos trajese de España los soldados españoles que habían de defen- der la América de los ataques del extranjero, ni á que bajasen de las Misiones millares de guaranís sin volun- tad ni aspiraciones propias, fué necesario admitir el concurso de criollos y mulatos, y darles participación consciente en un episodio que era á la vez acto militar y político. Débese al hecho, aunque no al propósito de las invasiones inglesas, que el pueblo americano haya asumido por primera vez en el público escenario del Plata un papel activo y espontáneo.
La revolución del Río de la Plata
Las invasiones inglesas tuvieron una trascendencia tan grande como inesperada en los destinos del Río de la Plata, y aun en los de la América española, si no como causa eficiente, como causa ocasional.
Toda la numerosa población de criollos, mulatos, zambos é indígenas distaba mucho de estar satisfecha de la dominación española. Se sabe cómo las tres últi- mas de estas clases eran consideradas en el orden pri- vado : se les tenía por muy inferiores, constantemente sometidas, condenadas á las ocupaciones que se repu- taban menos dignas; es decir, pobres, sujetas, cansa- das y menospreciadas. La conducta de las clases infe- riores era tranquila y resignada, pero no podía ser tranca, ni su cordialidad tan firme que resistiese á toda prueba. Los criollos ocupaban posición mucho más ven- tajosa, sin duda, pero no escaseaban resentimientos y rivalidades entre ellos y los españoles. Más conocedores de la naturaleza humana, y mejores apreciadores de los hechos, no pensaban sin irritarse en que los europeos los excluían de las funciones de la vida pública; en que aun en los cabildos, institución esencialmente popular, se reservaban los puestos más influyentes y se hacían acompañar por los americanos más imbuídos por el sentimiento de sumisión á los conquistadores; en que se les habían negado sistemáticamente libertades en las artes, en las industrias y en el comercio, de que habían gozado no sólo los habitantes de España, sino también las demás provincias americanas dominadas por espa- ñoles, y que hasta de las ventajas de la instrucción pri- maria y profesional habían sido excluidos como ninguna otra región del continente. Se creían, pues, humillados como nadie; su altivez de raza se sublevaba á menudo y estallaba en recriminaciones que perturbaban la paz de las familias, y la comunidad de desgracias favorecía la difusión de estos sentimientos en las clases inferiores. Este era el estado general de los ánimos cuando los ingleses vinieron á apoderarse del Río de la Plata. No puede decirse que los americanos aspiraran á la inde- pendencia nacional, pero sí que tenían idea de las injusticias que sufrían, y que creían tener el derecho de ser igualados en todas las ventajas á los españoles, de participar como ellos en la administración pública, y hasta de influir en su suerte futura con libertad mucho más amplia que la acordada por los reyes á la América. La conducta del virrey Sobre-Monte en 1806, cobarde é inepta, y la de la clase militar, igualmente nula y bochornosa, exaltaron sobremanera el sentimiento patriótico de criollos y españoles e inspiraron el des- precio y las burlas de aquéllos, de zambos y mulatos, tanto más acerbos cuanto la hazaña de la reconquista les había mostrado á todos los elementos del pueblo cuán superiores habían sido en dignidad y en bravura á los que tenían el encargo especial de defender el honor y la integridad de los dominios de la corona. No es de extrañar, pues, que cuando, vencido ya Beres- ford, se acercó el virrey á la ciudad para asumir el mando, se reunieran todas las clases populares indis- tintamente ante el Cabildo, pidieran á gritos que se prohibiera á Sobre-Monte la entrada, y que le obliga- sen á delegar en don Santiago Liniers el mando militar y á trasladarse á Montevideo. (Agosto de 1806.)
Nueva prueba de su incapacidad dió aquí cuando los ingleses abrieron su segunda campaña. Nada conveniente dispuso; se situó fuera de la plaza, al abrigo de riesgos; y, cuando el asalto, emprendió la retirada hacia la colonia del Sacramento. No bien se supo ésto en Buenos Aires, se apoderó del pueblo el furor, y deter- minó á las corporaciones civiles á reunirse con sus prohombres y á deliberar acerca de la deposición del virrey. Se resolvió en esa asamblea de altos funciona- rios y de personas privadas suspenderlo en el mando político y militar; pasó el primero á la audiencia y el segundo á Liniers, (10 de Febrero de 1807) se enviaron tropas para aprehender al depuesto en donde se le hallase, y se dió cuenta de todo á la corte para que nom- brase un sustituto.
Este acto, de audacia inaudita en aquellos tiempos y lugares, tuvo todos los caracteres de una revolución verdaderamente popular. Y si el hecho es notable como efecto de la voluntad de Buenos Aires, lo es más aún porque se operó con el concurso franco de los criollos, que obraron en esa ocasión obedeciendo á su propio sentimiento y haciendo valer su voto como expresión de su propio derecho político.
Carlos IV, sin darse cuenta, probablemente, de la gran significación de los acontecimientos, aceptó la deposición decretada en Buenos Aires por criollos y españoles y tuvo la deferencia, acaso no del todo espon- tánea, de mandar al candidato popular los despachos de mariscal y de virrey interino del Río de la Plata, cuyo puesto ocupó Liniers á mediados de Mayo de 1808. Ya puede suponerse el aliento que tomaría el pueblo con este triunfo material y moral, y cuánto se robustecerían los sentimientos políticos de la clase americana.
Si los sucesos inesperados de 1806 y 1807 tuvieron la grande importancia de dar ocasión á que el pueblo pro- cediera de modo incompatible con el absolutismo del poder que mandaba en toda la América, y de que apa- recieran como parte de la fuerza popular los hombres nacidos en el Plata, no la tuvieron menos los sucesos, igualmente inesperados, que tuvieron lugar en 1808 y á principios de 1809, porque fueron causa de que se pronunciase el antagonismo de criollos y españoles, aunque sin definirse todavía el pensamiento de eman- cipar la América de la autoridad de los reyes europeos.
En efecto: así que Napoleón I obtuvo que su dinastía sucediera á la borbónica en el trono de España y de las Indias por la cesión de Carlos IV, y que el pueblo de la Península negó la legitimidad de esa sucesión improvi- sando juntas de gobierno que juraban fidelidad á Fer- nando VII, secuestrado en Francia, surgieron de golpe varios problemas, á cual más grave. ¿Qué se pro- pondría Napoleón respecto de la América? ¿Qué pre- tenderían, en cuanto á ella, las Juntas de gobierno españolas? ¿Qué actitud asumiría la América? No se tardó mucho en saberse.
La abdicación de Carlos IV y la proclamación de Fernando VII se conocieron en el Río de la Plata tan pronto como lo permitieron los medios de comunicación usados entonces. Se disponían todos á jurar al nuevo rey, cuando se le avisó á Liniers desde Montevideo que graves sucesos habían ocurrido en Europa y que aca- baba de llegar un emisario del emperador Napoleón. El emisario era el marqués de Sassenay. Había salido de Bayona en Mayo; vientos desfavorables habían obligado al buque de guerra que lo conducía á arribar en Maldonado; de ahí había pasado á Montevideo por tierra, y de aquí á Buenos Aires, á cuya ciudad llegó el 13 de Agosto. Se le recibió en el palacio real, situado en el recinto del fuerte, pero Liniers no se atrevió á llamarlo ante sí hasta que hubo reunido en su despa- cho á los principales individuos de la audiencia y del cabildo, porque, como era francés y no se ignoraba la admiración que tenía por el grande hombre de la época, temió hacerse sospechoso al pueblo. Reunidas las per- sonas á quienes precipitadamente había convocado, hizo entrar al marqués de Sassenay y le preguntó en tono frío y seco, qué comisión traía. El marqués entregó por toda respuesta una valija de despachos. En ellos se constataban los sucesos de Bayona, se hacía saber que Napoleón cedería en breve su derecho de soberanía á José Bonaparte, y se esperaba que el Río de la Plata se adheriría con júbilo á la nueva situación. La lectura de estos documentos irritó sobremanera á los españoles presentes. Algunos propusieron que se tratase como enemigo al marqués; pero prevaleció la idea de que se le ordenara el inmediato regreso á Europa, por vía de Montevideo.
No pudo salir buque alguno ese día, por mal tiempo. Liniers aprovechó la noche para conferenciar secreta- mente con Sassenay, á quien conocía desde hacía seis ó siete años. El marqués había esperado ser mejor recibido por esta circunstancia. Liniers se excusó diciéndole que entre la dinastía borbónica y la de Napoleón, le sería más simpática esta última; pero que no tenía tropas regulares, que toda su autoridad depen- día de la conformidad de sus actos con la voluntad popular, que cualquiera hecho ó palabra equívoca bas- taría para inspirar sospechas, por haber nacido en Francia, y que lo más conveniente sería esperar á los sucesos y contemporizar entretanto.
La reserva con que todo se hizo no impidió que se supiera en la ciudad la venida de Sassenay y lo esen- cial de la misión que traía. La emoción fué inmensa, y la aversión al usurpador unánime. Todos pensaban en que el virrey era francés, y se preguntaban qué pensa- ría el virrey. Liniers, temeroso de que el silencio diera facilidades á suposiciones inconvenientes se resolvió á publicar un manifiesto. Pero, mientras por un lado tenía que satisfacer el patriotismo del pueblo, por otro debía tener en vista que España tenía á la fecha por rey á un Bonaparte. Y si España lo aceptara ¿cómo lo rechazaría América? ¿Cómo podría rebelarse él contra el monarca cuya autoridad ya representaba probable- mente? La indecisión invadió su ánimo, y el manifiesto resultó ambiguo.
La impresión que produjo fué deplorable, pero no significó lo mismo en los americanos que en los españo- les. Éstos vieron en aquel documento la revelación de que Liniers se disponía á corresponder á la ambición del emperador de los franceses, y empezaron á mirarlo como traidor á España. Los americanos, juzgando más friamente las cosas, pensaban que si España tenía el derecho de aceptar ó de rechazar á Bonaparte, la Amé- rica tenía, por lo menos, el de pronunciarse según su propia voluntad, y el de aprovechar los sucesos para asegurar su autonomía; y, en tal concepto, se inclina- ban á hacer de Liniers el jefe de los intereses americanos del Río de la Plata. Entretanto el virrey, no atrevién- dose á pronunciarse resueltamente en favor del nuevo rey, ni de los españoles, ni de los americanos, procuró aplacar la exaltación de los segundos celebrando el 21 de Agosto el juramento solemne del rey Fernando VII.
Á los dos días llegó don Manuel Goyeneche, enviado por la Junta de Sevilla para que hiciera conocer en el Río de la Plata y en el Perú el levantamiento de España contra la dominación napoleónica. Esta noticia avivó el sentimiento de los españoles; y, como el enviado, que había estado en Montevideo durante tres días, refirió el entusiasmo con que esta ciudad manifestaba su adhe- sión á Fernando VII y el odio con que se expresaba contra el francés que en Buenos Aires desempeñaba el virreinato, la aversión de los españoles á Liniers y el recelo que éste les inspiraba se ahondaron de día en día; y tanto, que se resolvieron á deponerlo y á nombrar una Junta, como las que habían nombrado las provin- cias españolas. El cabildo encabezaba estos trabajos, aguijoneado por el alcalde Alzaga, que gozaba de pres- tigio entre los españoles; pero, no atreviéndose á iniciar el movimiento en Buenos Aires, juzgaron preferible hacerlo estallar en Montevideo, aprovechando la cir- cunstancia de que españoles y americanos estaban uni- dos en esta ciudad en su odio contra el virrey y en su adhesión á los intereses de España, con cuyo fin se trasladó Alzaga á Montevideo.
A su vez los americanos, seguros como estaban de que si prevalecía la influencia de sus antagonistas se verían ellos más sujetos y maltratados que nunca, por el interés de que el monarca ejerciese su poder sin recelos ni traba alguna, y de que no fuese menoscabado lo que ellos entendían que era derecho de los españoles de ejercer exclusivamente la administración de las colonias, y de intervenir en ella con su consejo ó con su opinión, trabajaban por aunar sus fuerzas y por extenderlas, así como procuraban decidir al virrey á que hiciera causa común con ellos. Pero el virrey no se libraba de su pusilanimidad.
La oposición de los dos partidos se extremó hasta que, al fin, el gobernador, el cabildo y las tropas de Montevideo se apartaron abiertamente de la obediencia que le debían si Liniers y constituyeron en Septiembre de 1808, en conformidad con las proposiciones de Alzaga, una junta de gobierno destinada á conservar la fidelidad de los pueblos del Plata a España, fuera cual fuese su rey ó gobernante, y á combatir la autoridad, que ellos decían « napoleónica », de Liniers, así como la preponderancia que no estaban lejos de tener los americanos de Buenos Aires, y que sería tan funesta en América para los intereses dinásticos de los borbones, como el despotismo de los bonaparte.
Esta junta, el gobernador y el cabildo, empezaron á trabajar activísimamente por conseguir la deposición del virrey y por eliminar á los americanos de los nego- cios públicos. Mandaron á España comunicaciones y emisarios para inducir á la Junta central de la Penín- sula á que nombrase otro virrey más seguramente adicto á la nación española y activaron su correspon- dencia con el cabildo y con los españoles más caracte- rizados de Buenos Aires animándolos á que apresuraran su pronunciamiento contra Liniers y los americanos.
El cabildo de Buenos Aires, una vez que se hubo asegurado de que los cuerpos milicianos de españoles que había en la plaza secundarían sus trabajos, exigió el 1º de Enero de 1809 á Liniers que depusiese el mando, y las tropas de catalanes, vascos y gallegos, formadas en la plaza, demandaron también á gritos que renunciase el virrey y que se nombrase una junta de gobierno como las de España. Liniers, no atreviéndose á resistir á este aparato de fuerzas y á la autoridad del cabildo, firmó la renuncia de su cargo. Pero se inter- puso en seguida la Legión de patricios, mandada por el coronel don Cornelio Saavedra, penetró en el fuerte, obligó á Liniers á retirar su renuncia, y éste, que se hizo de energía al verse así apoyado, disolvió los cuer- pos militares que no le inspiraban confianza, desterró á Patagonia á los capitulares que encabezaron el movi- miento y tomó otras medidas tendentes á consolidar su autoridad.
Los americanos dominaron, pues, enteramente la situación. Pero, si bien los trabajos de Buenos Aires no dieron el resultado apetecido, consiguieron las autori- dades de Montevideo que el gobierno provisional de España nombrase en Febrero del mismo año (1809) á don Baltasar Hidalgo de Cisneros para desempeñar el virreinato del Río de la Plata. Hidalgo llegó á Monte- video al terminar el mes de Junio, en donde se detuvo hasta enterarse de la situación de Buenos Aires y estar cierto de que sería pacíficamente recibido. Los ameri- canos pidieron á Liniers que no entregara el mando, pero el virrey no quiso ser desleal á la causa de la monarquía española. Con todo, no se atrevió Hidalgo á pasar directamente á Buenos Aires, sino que fué á la Colonia, solicitó que allí se le hiciese acto de reconoci- miento, y después de verificado entró en la capital el 30 de Julio, sin que nadie hiciera demostración que le fuera desfavorable.
¿Qué sucedería desde este día? ¿Se someterían los americanos á los españoles volviendo á su condición antigua, ó vencerían al nuevo virrey como vencieron al cabildo y á las milicias europeas? Se verá pronto.
Se ha dicho en artículos anteriores de este libro (XXXIX) que América era un dominio de los reyes que sucedieron á Fernando, y España otro dominio, regidos cada uno por leyes y funcionarios distintos; y que, si bien los dos dependían del mismo rey, como dos suelos pueden depender de un mismo dueño, no dependía América de España, ni España de América, como no depende un suelo del otro. Ahora bien: España y Amé- rica aceptaron la abdicación que Carlos IV hizo de los dos reinos en favor de su hijo Fernando; mas no acep- taron las abdicaciones que padre é hijo hicieron á la fuerza en Bayona, motivo por el cual era Fernando VII el rey legítimo para los españoles y para los america- nos. Pero, como este rey estaba secuestrado en Fran- cia, no podía ejercer su poder; de cuya imposibilidad surgió la necesidad de que alguien lo ejerciera en su nombre, mientras el secuestro durase. Los españoles asumieron entonces por momentos la soberanía y nom- braron la Junta central de gobierno y luego la Junta de regencia, con carácter temporario y jurando fidelidad á Fernando VII. Los americanos debieron asumir tam- bién la soberanía y constituir una autoridad que supliese la falta del rey, con independencia de las juntas de España, ya que la América era distinta é independiente de ella.
No se procedió así, empero. Las autoridades de Mon- tevideo nombraron la Junta en Septiembre con el fin de rebelarse contra Liniers, á quien juzgaban dispuesto á traicionar la causa española justificando su conducta con su lealtad al rey Fernando y con el ejemplo de las provincias de España; prestaron obediencia á la Junta central, adicta á los reyes cautivos; juraron obedecerle, y se dirigieron á ella pidiéndole que hiciera cesar el interinato de Liniers y nombrase nuevo virrey. La Junta central procedió así, y á la vez depuso al gobernador de Montevideo y decretó la disolución de la Junta de Sep- tiembre; y tanto el gobernador como la junta obede- cieron y cumplieron estos decretos. Á su vez Liniers que, si bien había vencido á los españoles apoyado por los americanos, no se atrevía á encabezar la política de éstos, ni quería pasar por infiel al rey, ni á España, dispuso que á los siete días de vencida la insurrección del cabildo se jurase solemnemente á la junta central española y luego entregó el puesto á Hidalgo de Cisne- ros, nombrado por ésta, contra la voluntad de los criollos. Por lo que se vé que Liniers y las autoridades de Montevideo concordaron en reconocer cual poder supremo de América á la Junta central de España, que ninguna delegación había recibido del rey, y que debía su existencia al voto del pueblo español, pero no al voto de los pueblos americanos, como si la América fuera pertenencia y dependencia del pueblo español.
Las autoridades principales de Buenos Aires y de Montevideo incurrieron en la gravísima falta de con- fundir el pueblo de España con el rey de América. El soberano de las Indias no lo era el pueblo español; lo era el monarca que ocupaba á la vez el trono de España y el trono de las Indias y que ejercía imperio absoluto en ambos reinos en virtud del derecho de sucesión, que era un derecho propio, según la constitución de la época. Si, pues, el pueblo español no era el soberano de América, las autoridades instituidas por ese pueblo no tenían derecho alguno para atribuirse la soberanía delegada de América, ni para ejercer el gobierno su- premo de la misma. Y, por lo tanto, el virrey del Río de la Plata y el gobernador, el cabildo y la junta de Mon- tevideo subrogaron la soberanía del rey por la del pue- blo español, creando entre el virreinato y España vín- culos de dependencia política que no habían existido, cuando más correcto habría sido, dentro del orden de la monarquía, que el virreinato nombrara una Junta suprema que lo rigiera con entera independencia de la junta suprema española, mientras durase la acefalía del trono americano.
Es muy probable que los autores de esta innovación no se dieran cuenta clara de lo que ella significaba, ni de la trascendencia que pudiera tener. Las autoridades que en Montevideo imponían estas soluciones eran desempeñadas por españoles, y el virrey Liniers, deseoso de contemporizar con los peninsulares residentes en las dos bandas del Plata, obraba por la sugestión de sus adversarios. Dominaron, pues, en aquellas deliberacio- nes el sentimiento y el interés de éstos últimos, quienes estaban acostumbrados desde antiguo á pensar que, siendo la América dominio del rey de España, era dominio de España ó de los españoles; cuya creencia habíase formado inconscientemente á favor del hecho de que los reyes hubiesen empleado los súbditos de su reino de España en la administración de su reino de América.
No todos los españoles eran, sin embargo, de este sentir. El primer descendiente de Carlos IV, que lo fué Carlota Joaquina de Borbón, y que no podía heredar á su padre en el trono de España mientras hermanos varones suyos vivieran, habíase casado con el príncipe don Juan, de Portugal, que tomó la regencia por inca- pacidad de su madre. Como ya se ha dicho, estaba la familia real portuguesa en el Brasil cuando ocurrieron las abdicaciones y secuestros de Bayona. La infanta Carlota consideró sin esfuerzo que si alguien tenía el derecho de suceder á Carlos IV, en los tronos de España y de las Indias, á falta de descendientes varones que pudieran y quisieran sucederle, era ella, hija primo- génita, no el emperador Napoleón; cuyo razonamiento la indujo á declarar públicamente desde Río de Janeiro, en Agosto de 1808, que consideraba nulas la abdicación y cesiones que su padre y los demás individuos de la familia real habían hecho en favor del emperador de los franceses.
Nadie estaba seguro entonces de que los españoles resistirían con éxito el poder colosal del que había reco- rrido toda la Europa de victoria en victoria. Los ánimos se inclinaban á creer más probable que la dinastía de los bonapartes había sustituido definitivamente á la de los borbones en España. Pero esa probabilidad no tenía tantos creyentes tratándose de América. Participando de estos pareceres, la infanta Carlota se hizo la cuenta de que si los reyes é infantes secuestrados en Francia no recobraban su libertad, sería ella la sucesora legí- tima al trono de las Indias; y que, de todos modos, nadie tenía mejores títulos para desempeñar la regencia en América, mientras durara el secuestro. Aunque ella no se distinguía por su ciencia, y se la juzgaba casqui- vana, debe reconocerse que la teoría monárquica en que apoyaba su pretensión era mucho más correcta que la que había prevalecido en el Plata: el rey de América no podía ser reemplazado sino por sus sucesores legí- timos; y mientras ellos vivieran y estuvieran impedidos para ejercer la soberanía americana debían ser suplidos por una regencia establecida en América por el voto de los súbditos americanos.
No le fué difícil á su ambición inferir de aquí que, á falta de otros amparados por mejor derecho, debería ocupar la regencia de las Indias la sucesora eventual de Carlos IV; es decir, ella. Y, así que lo pensó, pidió á su marido consentimiento para trabajar por la realiza- ción de su concepto y abrió comunicaciones con el vi- rrey Liniers, con la audiencia, con el asesor del virrei- nato, con el gobernador y el cabildo de Montevideo, y con numerosas personas prestigiosas, tanto españolas como americanas, de las dos ciudades principales del Plata, exhortándolos á que se mantuvieran fieles al rey Fernando VII é insinuándoles la conveniencia de esta- blecer en Buenos Aires la regencia, ocupada por ella, convocando una corte ó asamblea nacional para el efecto, como habían acostumbrado los reyes, sus ante- cesores.
El virrey se limitó á contestar con frases de cortesía. Los españoles viendo en la infanta un apoyo de sus pretensiones, por ser regente de Portugal y del Brasil, se expresaron en términos satisfactorios. Los ameri- canos de Buenos Aires pensaron que el halagar la ambi- ción de Carlota podría ser el medio, no sólo de que prevaleciera en la política la voluntad de los america- nos, sino también de fundar la autonomía del Río de la Plata. Sus respuestas fueron, pues, muy cordiales y alentadoras; mandaron comisionados á Río de Janeiro para que sirvieran de intermediarios, y se dedicaron á formar un partido favorable al proyecto de emancipa- ción sobre la base de la regencia de la infanta.
El problema no era, con todo, de los más fáciles. Los españoles, aunque vencidos en Buenos Aires en Enero, trabajaban activamente por recuperar el terreno per- dido, mediante la autoridad de la Junta central de España, y espiaban todos los pasos de los criollos. Río de Janeiro era á su vez foco de intrigas y de ambi- ciones encontradas. Si el Príncipe don Juan había auto- rizado á la infanta para desempeñar en Buenos Aires la regencia, fué en vista de que así llegaría á dominar en estas regiones. El contra-almirante inglés Sidney Smith apoyaba tales ideas, acaso sin otro propósito que el de ser agradable á la princesa. Pero el ministro de la misma nacionalidad, Strangford, más obligado por las miras del gabinete de la Gran Bretaña, se proponía con- trariar el proyecto de regencia, por creerlo peligroso para la independencia del Río de la Plata, que su gobierno quería favorecer, ya que la conquista le había sido imposible. Los agentes de los americanos bonaerenses (Peña, Padilla, Sarratea) protegidos por Strangford, cooperaban con éste sin indisponerse con la Carlota. Todos se movían, pero con sigilo. Llegó un momento en que la situación tuvo que definirse. Juzgando la infanta que todo estaba suficientemente preparado para que ella se presentara en Buenos Aires, hizo redactar á su secretario el manifiesto por el cual convocaría las cortes, y lo pasó en consulta á Smith, al conde de Galveas, (ministro del príncipe regente) á Strangford y al mismo regente. Los dos primeros se manifestaron conformes con el proyecto de manifiesto, pero no el tercero que desaprobó la pretensión de la infanta; y como los con- sejos del diplomático inglés eran poco menos que órde- nes para el gobierno, el príncipe don Juan retiró á su esposa la autorización que antes le diera para asumir la regencia americana. Parece que también influyeron en esta determinación palabras que se escaparon á la ligereza de la pretendiente, según las cuales cuidaría ella, desde que subiese al trono, de no tener demasiadas amistades con los portugueses.
Así terminó este episodio de la regencia, lo cual no obstó á que la infanta Carlota interviniera en los sucesos del Río de la Plata, auxiliando á los españoles, durante la continuación de su lucha con los americanos.
El virrey Hidalgo no pudo conseguir atraerse la adhesión de los americanos de Buenos Aires, por lo mismo que éstos perseveraron después de la caída de Liniers en su obra revolucionaria. Al contrario: la con- trariedad de que la Junta central de España hubiese atendido las quejas y recriminaciones de los españoles, privándolos á ellos de las ventajas adquiridas en Enero, exacerbó su ánimo y los estimuló á pretender más y más á medida que el tiempo transcurría. En los años 1806 y 1807 los americanos empezaron por intervenir, como fuerza militar espontáneamente movida, con el propósito de salvar la independencia que los españoles habían comprometido, y luego se pronunciaron como poder político en la sustitución de un virrey por otro, pero en ambos casos en unión con los europeos. En 1808 y 1809 se rompe esta unión: los americanos aspi- ran á más: quieren la dirección de los negocios públicos, quieren ser autónomos, sofocan una conspiración de sus enemigos, conquistan la preponderancia, y, si bien desaparece del poder la personalidad por ellos elevada y sostenida, conservan todavía influencia bastante para hacerse tener. Nuevos sucesos ocurridos dentro del virreinato vienen ahora á determinar un paso más en el camino de esa revolución que se desenvuelve por grados, acercándose constantemente á desenlaces radi- cales.
En efecto: cuestiones particulares habidas entre el arzobispo y el senado del clero de La Plata interesaron al presidente de Charcas en favor del primero y á la audiencia en favor del segundo. El acaloramiento subió á tanto grado, que las dos partes ocurrieron á las armas, decidiéndose los españoles á defender al presi- dente y los americanos á la audiencia. Triunfaron éstos el 25 de Mayo (1809) y depusieron á su enemigo. Aunque el suceso fué enteramente local y sin propósito alguno revolucionario, produjo el efecto de enemistar abierta- mente á españoles y americanos y de animar á éstos por el triunfo. El 16 de Julio estalló otro movimiento en La Paz, capital de la intendencia del mismo nombre, pero de significación muy distinta. Los acontecimientos de España habían causado honda impresión en todo el pueblo. Los españoles se propusieron adherirse á la Junta central de la Península; pero los americanos se opusieron á ello, alegando que la América no dependía de España y sí sólo del rey. Se levantaron, pues, á los gritos de « ¡Viva Fernando VII! » « ¡Mueran los chapetones! », depusieron las autoridades y constituye- ron una junta tuitiva, de cuyo desempeño se encarga- ron los mismos americanos, reformaron la administra- ción de la intendencia y levantaron tropas.
Aunque ambas ciudades pertenecían al virreinato del Río de la Plata, dos virreyes se apresuraron á restable- cer el antiguo orden de cosas. El del Perú mandó contra La Paz numerosas fuerzas bajo las órdenes del ya nombrado brigadier don Manuel Goyeneche, nacido en América; y el de Buenos Aires envió al frente de 1,000 hombres contra La Plata al mariscal Nieto, que había venido de España juntamente con Hidalgo de Cisneros. La audiencia de La Plata se sometió, recono- ciéndose impotente para triunfar. Goyeneche venció á los revolucionarios de La Paz, hizo degollar y ahorcar á varios de los principales, y consultó al virrey Hidalgo qué haría de otros, condenados á muerte ó prisioneros que aún quedaban. Hidalgo le ordenó que ejecutara á los primeros y que juzgara militarmente á los otros. Estos hechos se verificaron entre Octubre de 1809 y Febrero de 1810.
La derrota de los americanos, la crueldad de Goyene- che, y la participación que en estas sangrientas venganzas había tomado el virrey Hidalgo exasperaron extraordinariamente la población americana de Buenos Aires y la decidieron á organizarse para poner fin á una situación que les era insoportable, en cuanto la oportunidad se presentase. No tardó. El 18 de Mayo dió á conocer el virrey, por medio de una proclama, que los franceses habían obligado á los españoles á desalojar la Andalucía, y que la Península pasaba por difíciles momentos. Era necesario aprovecharlos. Los americanos, seguros de que se habían ganado la adhe- sión de las tropas de patricios, intimaron á Hidalgo que renunciase el mando. Se somete la decisión al cabildo abierto, al cual concurriría lo principal de la ciudad, y la asamblea resuelve que, siendo incompatible el régi- men establecido con la salud pública, se instituyese una junta de gobierno, cuyos individuos se elegirían popularmente; y que, mientras esta elección no se verificara, gobernase una junta elegida por el cabildo cerrado.
Los españoles consiguieron que esta junta provisional se compusiera de dos de ellos y de dos americanos (Saavedra y Castelli) presididos por el virrey. Pero, como tal nombramiento defraudara la voluntad de los patriotas, dirigieron éstos una representación al cabildo exigiéndole que depusiera al virrey, mientras los mismos Saavedra y Castelli pedían personalmente á Hidalgo su renuncia. Se reunió el cabildo el 25 de Mayo para deliberar acerca de la renuncia y de la represen- tación, y pretendió imponerse al pueblo americano que llenaba la plaza de la Victoria ostentando como distin- tivo cintas azules y blancas; más la actitud de los patriotas lo obligó á aceptar la renuncia del virrey y á nombrar para la junta á los candidatos del pueblo americano. Este día fué el último de la dominación española en Buenos Aires.
Las intendencias tomaron diferentes partidos. Durante los meses de Junio y Julio se pronunciaron por la revo- lución varios pueblos de la Banda oriental; pero los dominó Montevideo, que persistió en su obediencia á España. El virrey del Perú declaró que quedaban sepa- radas del gobierno del Río de la Plata y reincorporadas al virreinato del Perú las intendencias de Córdoba, Charcas, La Paz y Potosí. En la primera de ellas se apercibieron para la guerra su gobernador Concha, el ex-virrey Liniers, y varios otros jefes y oficiales; y en las otras los generales Nieto y Goyeneche, el coronel Córdoba y otros militares realistas. La intendencia del Paraguay negó también su obediencia á la Junta de Buenos Aires, si bien manifestándole que mantendría con ella amistosas relaciones.
Por su parte la Junta asumió desde el día de su crea- ción una actitud decididamente revolucionaria con miras de largo alcance. Comprendiendo que la obra tan afortunadamente comenzada no podría terminar sino á fuerza de actividad y de energía, decretó el destierro del ex-virrey Hidalgo; cambió el personal de la audien- cia; tomó diversas medidas políticas y administrativas que le permitieron obrar desembarazadamente; mandó un pequeño ejército de 1,000 hombres contra las pro- vincias refractarias del Norte y otro de 600 contra el Paraguay; se dispuso á obrar sobre Montevideo; con- vocó una asamblea de diputados de todos los pue- blos, etc.
La división del Norte se apoderó de Liniers, Concha, el obispo Orellano y varios oficiales, y fusiló por orden de la Junta á cinco de los más comprometidos en la reacción, entre los cuales se contaron Liniers y Concha. Dominante la revolución en Córdoba, siguió marchando la fuerza patriota á las intendencias del Norte; derro- tada una vez y triunfante otras, consiguió que se ple- garan á la revolución las cinco intendencias del alto Perú y fusiló en la plaza de Potosí á Nieto, Córdoba y Paula Sanz, que habían cometido muy graves excesos so pretexto de impedir insurrecciones (Diciembre de 1810). En el mismo mes en que estas ejecuciones tuvie- ron lugar invadió Belgrano el Paraguay y se instaló en Buenos Aires el primer congreso del Río de la Plata.
(1) Se trasladó este pueblo, al lugar que hoy ocupa, en el año 1708.
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