CAPÍTULO 1 LA CONVENCIÓN DE 1828
Al llegar los principios del año 1828 había ya realizado Dorrego serios trabajos preparatorios para continuar la guerra con el Brasil, en términos que mostraban la resolución de sostenerla con vigor, a la vez que lo enorme de los sacrificios que esto había de costar a la República. Por otro lado, la situación del Imperio era tanto o más apurada, porque lo extraordinario de los gastos había consumido sus recursos, al extremo de estar imposibilitado su ejército para sostener la campaña, y la mala fortuna de sus fuerzas de mar y tierra había concluido por hacer comprender al pueblo de Río Janeiro que todos los esfuerzos habían sido estériles, y por desprestigiar al gobierno, produciendo la anarquía en los elementos del poder. Contribuían a pronunciar este estado de los ánimos la intranquilidad en que permanentemente habían tenido al comercio brasileño los corsarios argentinos desde que comenzó la guerra, y los considerables perjuicios que le habían ocasionado. Es así que los dos pueblos deseaban la paz, y bien lo mostraron cuando se negociaba la convención de García. Además, no poseían más los imperiales en la Provincia Oriental que las ciudades de Montevideo y la Colonia: todo el resto del territorio estaba dominado por los republicanos de tal modo, que habían funcionado tranquilamente los poderes provinciales en Canelones, a nueve leguas del centro de las autoridades brasileñas, lo que revelaba que no tenía el Emperador poder bastante para recuperar el terreno perdido.
En vista de esta situación, que perjudicaba los intereses comerciales de la Gran Bretaña, se resolvió su ministro residente en Río Janeiro a influir en el ánimo del Monarca con el fin de que éste aceptara las bases capitales contenidas en las instrucciones que había dado Rivadavia al ministro García en Abril del año anterior; es decir, las que establecían el tratado de la paz, declarando la independencia de la Provincia disputada y la renuncia por ambos beligerantes a las indemnizaciones de guerra. El Emperador concluyó por ceder en términos más o menos explícitos a la presión del diplomático de la Gran Bretaña y éste comunicó por medio de lord Ponsomby al gobierno de Dorrego esa conformidad en los primeros días de Marzo. El 17 se dirigió el ministro Rojas al Gobierno delegado de los orientales, anunciándole que había recibido aquellas proposiciones.
Dorrego no se opuso a reanudar las negociaciones, y aun accedió al deseo del mediador, de que fueran plenipotenciarios argentinos a Río Janeiro; pero no pudo verificarse esto hasta el mes de Julio, porque, entre otras dificultades que aparecieron, se cuenta, según parece, la de que la Corte del Brasil pretendía que, si bien independiente del reino brasileño, la Provincia fuera erigida en ducado, bajo la soberanía personal del Emperador. La impaciencia popular aumentaba de día en día al ver que se pasaban meses y más meses en negociaciones y que no llegaba el momento de mandar o de recibir los encargados de autorizarlas. Por fin el 12 de Julio se embarcaron el ministro de la guerra Don Juan Ramón Balcarce y D. Tomás Guido, y partieron el día siguiente de madrugada con dirección a Río Janeiro, llevando plenos poderes para concluir el tratado, cuyas bases principales podían considerarse ya acordadas.
Un mes más tarde llegaban cartas de la Corte en que se aseguraba que la paz era un hecho y se hablaba de « condiciones honrosas », pero sin precisar cuáles eran. Hubo un momento de dudas y de descontento. Las autoridades de Montevideo inundaron toda la campaña oriental a mediados de Agosto con hojas impresas, en que se contenía un proyecto de tratado que se decía propuesto por la Corona al Gobierno de Buenos Aires. La Provincia Oriental sería, según ese documento, un Estado independiente; se establecían todas las reglas fundamentales que regirían su organización política; serían ciudadanos todos los orientales y los brasileños que quisieran jurar la constitución; habría un poder legislativo, otro judicial y otro ejecutivo, pero éste sería desempeñado por una Regencia, cuyo funcionario sería nombrado por el Emperador como Jefe supremo del Estado que sería y que como tal se reservaría el derecho de concluir tratados de paz, de guerra, de amistad, de comercio y de alianza con cualquiera otro Estado. Pero las impresiones que este papel produjo se desvanecieron a la llegada del secretario de los plenipotenciarios argentinos, D. Feliciano Cavia, que desembarcó del paquete inglés Norton, el 16 de Septiembre a las dos de la tarde, en el puerto de Buenos Aires, conduciendo los tratados firmados en Río Janeiro el 27 de Agosto. Fue recibido por un pueblo numerosísimo, con salvas de la fortaleza y de la escuadra.
Se había convocado para Santa Fé la Convención Nacional en conformidad con la ley del 3 de Julio de 1826. Algunos diputados habían concurrido, celebraban sesiones preparatorias desde mediados de Mayo, y habían hecho gestiones por que mandaran sus representantes las provincias que aún no estuviesen representadas. Faltaban todavía bastantes cuando llegó el señor Cavia; pero Dorrego mandó órdenes inmediatamente para que se instalara con el fin de aprobar la convención de paz. El 23 de Septiembre llegaron a Santa Fé Moreno y Cavia, conduciendo el tratado preliminar; el 24 se instaló la Convención, figurando en ella los representantes de la Provincia Oriental; el 26 quedaron aprobadas las estipulaciones de Río Janeiro y se autorizó al Gobernador de Buenos Aires para que las ratificara; se ratificaron el 29 y a las 4 de la tarde del mismo día se embarcaron el almirante Brown y el brigadier D. Miguel Azcuénaga en la fragata Nuevo 25 de Mayo y la goleta Sarandí y el ministro inglés Parish en la corbeta Heron, con destino a Montevideo, llevando el encargo de cambiar en esta plaza la ratificación de Dorrego por la del Emperador, que databa del 30 de Agosto.
El 30 notificó el almirante Norton al Capitán del puerto de Buenos Aires que quedaba levantado desde ese día el bloqueo. El 4 de Octubre se hizo el canje de las ratificaciones. Inmediatamente se mandó un oficial a ambas líneas enemigas para que notificase el cese de las hostilidades, y a los pocos días se dio comienzo a grandes festejos en todas las ciudades del Río de la Plata, excepto la de Montevideo, en que no tuvo la solución de la contienda internacional tan entusiasta acogida.
El tratado a que se ha hecho referencia establece que Su Majestad el Emperador del Brasil y el Gobierno de la República de las Provincias Unidas declaraban la provincia de Montevideo, entonces Cisplatina, libre e independiente de toda y cualquiera Nación, bajo la forma de gobierno que juzgase conveniente a sus intereses, necesidades y recursos (artículos 1. y 2.); que inmediatamente de ratificada la convención, convocarían los Gobiernos de la Banda Oriental y de Montevideo los representantes del territorio que respectivamente les estaba sujeto, los cuales nombrarían un gobierno provisional que gobernaría la Provincia hasta la instalación del gobierno permanente, y se ocuparían de formar una constitución, que debería ser examinada por Comisarios de ambos gobiernos contratantes, para el solo efecto de ver si en ella se contenían artículos que se opusieran a la seguridad de sus respectivos Estados (artículos 4., 5. y 7.); que los dos Gobiernos, argentino y brasileño, se obligaban a defender la independencia e integridad de la Provincia de Montevideo por el tiempo y el modo que se estipulase en el tratado definitivo de paz, y a proteger al Gobierno legal, si antes de jurada la constitución y cinco años después, fuese perturbada la tranquilidad y seguridad por la guerra civil, limitándose esa protección a hacer restablecer el orden (artículos 3., 10 y 11). Se estipuló además que las tropas de los dos beligerantes desocuparían el territorio de la Provincia en el plazo de dos meses, pudiendo, empero, mantener el Brasil 1500 hombres en la plaza de Montevideo hasta cuatro meses después de nombrado el gobierno provisional, y otros 1500 la República de las Provincias Unidas, donde mejor le pareciese, hasta que las fuerzas imperiales desalojasen completamente todo el territorio oriental (artículos 12 y 13). Se comprometieron también los contratantes a emplear los medios que estuviesen a su alcance para conseguir que el río de la Plata y todos sus afluentes fueran libres por el término de quince años para la navegación de los súbditos de una y otra Nación.
Tan pronto como Dorrego conoció la convención, remitió una copia al general Lavalleja. Al acusarle éste el recibo el 1 de Octubre desde el Cerro Largo, le decía: « Si la guerra no ha podido terminarse sino desligando la Provincia Oriental de la República Argentina, constituyéndola en un Estado independiente, ella sabrá dirigirse al destino que se la prepara sin olvidar los sagrados lazos con que la naturaleza la ha identificado a las provincias hermanas; y ni podrá desconocer jamás los nobles y grandes sacrificios que han prodigado para libertarla de la dominación extranjera hasta constituirla en un Estado independiente ».
El 12 de Octubre anunció el mismo General al ejército en una proclama, que acababa de recibir la noticia oficial de que había sido ratificada la convención, por la cual quedaba terminada la guerra.
A los cuatro días escribió el general Laguna al gobernador Dorrego desde el Durazno una carta de agradecimiento, en que vertió conceptos que merecen transcribirse. « Este convencimiento (decía después de mostrarse reconocido por los esfuerzos que se habían hecho hasta conseguir una paz honrosa) y la necesidad de hacer cesar una guerra que gravitaba solamente sobre esa heroica Provincia, que ha prodigado sus riquezas y la sangre de sus hijos por la libertad de ésta, hacen conformar al general que firma a verla desligar para siempre de la asociación de sus hermanas, quedando reconocida como un Estado independiente. Nuestra población y recursos no serán lo bastante a colocarnos en el grado de respetabilidad necesario; pero confío en que la generosidad de V. E. y de la benemérita provincia de Buenos Aires, no abandonarán a los orientales en su nuevo estado. »
Sintetizando los movimientos de opinión que se verificaron en la Provincia desde que fue poblada, aparece el hecho de su independencia resultando de circunstancias las más excepcionales, pues son pocos los ejemplos que contiene la historia de pueblos que se han emancipado sin que influyera su voluntad en ese hecho de un modo más o menos eficiente.
Colonizado su territorio por los españoles, nadie pensó en librarse de su poder mientras no se produjeron en Buenos Aires los sucesos del año 10; y una vez producidos, la población de Montevideo se levantó para oponerse al movimiento revolucionario que entonces se iniciaba. Penetra la revolución al año siguiente en la campaña; vence tres años después las resistencias de Montevideo; la anarquía y el despotismo artiguista sustituyen al gobierno colonial, y ya nadie piensa en reproducir lo pasado, pero tampoco en vivir como entidad independiente: los orientales se consideran parte de la nación argentina, quieren seguir confederados con las otras provincias y no desisten de esta aspiración, ni aun cuando el Gobierno general les propone la independencia como medio extremo de librarse de la bárbara guerra que le hacía su turbulento Caudillo.
Llega así el año 17. Los portugueses dominan la Provincia, sin hallar otra oposición que la de Artigas, entrando en las principales ciudades sin resistencia y siendo recibidos en ellas como un protector que viene a defenderlas de las arbitrariedades espantosas del caudillaje. El primer paso de los montevideanos es pedir la anexión al Reino-unido. La Provincia entera, representada por un Congreso, la vota en 1821 sin oposición y sin protestas, como una necesidad, sin duda, pero sin que le ocurriera otro término de opción que el difícil de seguir en la comunidad argentina.
La separación del Brasil y el Portugal divide al poco tiempo a los orientales. Pueden éstos elegir entre ser portugueses, brasileños, argentinos o independientes : los unos se declaran por la incorporación al Brasil; los otros prefieren apoyar a los portugueses a condición de ser en seguida argentinos; nadie piensa en emanciparse. Triunfan los imperialistas; la Provincia oriental se hace brasileña y los republicanos emigran a Buenos Aires y a Entre Ríos.
¿Qué hacen allá? ¿Qué piensan? Obran y piensan como argentinos, invaden en el año 25 como argentinos; antes de seis meses consiguen que la República los admita en su seno; unen sus armas a las argentinas por consolidar la reincorporación, y las dificultades de la lucha hacen surgir por segunda vez el pensamiento de la independencia oriental. ¿Entre quiénes? ¿Entre los orientales? No. Entre los argentinos, así como antes en Álvarez Thomas, ahora en Rivadavia.
El Emperador resiste al Gobierno argentino en el primer momento; pero luego se le adhiere, apurado por la fuerza de los hechos. Las dos potencias se ponen de acuerdo para dar fin a la guerra que las arruina, bajo la condición de que la Provincia Oriental no será parte de la una ni de la otra, sino que constituirá un Estado independiente. Los poderes públicos del Brasil ratifican ese arreglo, le presta su consentimiento la Convención nacional de Santa Fé; nadie lo pide al pueblo oriental, ni a su gobierno. Solo vota el representante que este pueblo tenía en la Convención, como uno de tantos diputados. El tratado habría obtenido la ratificación y se habría ejecutado sin ese voto y contra ese voto.
Por manera que la independencia se produjo sin que tuviera una causa determinante en los precedentes históricos, ni en el sentimiento popular, ni aun en la voluntad accidental de la Provincia. Fue un hecho impuesto a los orientales por la conveniencia de dos naciones, ninguna de las cuales era la Provincia misma. Es así que se descubre en la palabra de los generales Lavalleja y Laguna un sentimiento de contrariedad, de desconfianza en el porvenir y de resignación, a pesar del prestigio que han dado a todo acto de independencia territorial los errores políticos y las preocupaciones sociales. Nunca se justifica la independencia por la independencia misma. Puede ser muy meritoria o muy deplorable, según sea conveniente o inconveniente a los progresos morales y materiales la serie de hechos a que da origen. Con conciencia de lo que importaría para el porvenir de su patria, o sin ella, los orientales no la desearon nunca y la desecharon alguna vez. La aceptaban ahora como se acepta un hecho necesario. ¿Tenían por que felicitarse de la nueva situación a que fueron reducidos por las Potencias limítrofes?
Cuando ya estaban adelantadas las negociaciones de paz y resuelto el envío de plenipotenciarios a Río Janeiro se dirigió el general Lavalleja desde el cuartel general del Cerro Largo a su Gobernador delegado, manifestándole que, como era probable la paz, « había creído oportuno la realización y nueva creación de la Representación Provincial; tanto para que nombrara al que debiese sustituir al firmante, como para entender en los intereses que correspondieran a la Provincia luego que se realizase la paz; » por cuya razón le mandaba que impartiese las órdenes necesarias a la más pronta reunión de los representantes, y que hiciese entrega de su puesto en cuanto la Legislatura nombrase sustituto (7 de Julio). El Gobernador cumplió esta disposición expidiendo el 26 del mismo mes un decreto por el cual ordenaba que se hicieran las elecciones y que los electos concurrieran al Durazno, capital de la Provincia entonces.
No estaban los ánimos preparados del mejor modo para verificar libremente la elección, ni en las personas que más se indicaban para desempeñar el empleo de representante. El militarismo no había cesado de oprimir y alarmar a la parte de pueblo que no favorecía al general Lavalleja con sus simpatías, que era la parte más considerable, si se atiende al concepto de que los hombres gozaban. No hacía mucho que esa hostilidad había tomado formas ruidosas: el coronel Olivera, comandante del departamento de Maldonado, había arrancado violentamente de sus domicilios a los señores don Francisco Antonio Vidal y don Antonio Mancebo, los había llevado a su división y mortificado con toda clase de vejaciones y molestias. En Paysandú se habían producido hechos análogos con lujo de notoriedad. Se corrían voces de que en Mercedes se había hecho otro tanto, y no se atribuía otra causa a estas arbitrariedades que el haber sido algunos miembros de la legislatura disuelta en Octubre del año anterior, y el ser otros adversos a la conducta que había observado el General en jefe y a la que seguían observando sus secuaces. Las autoridades civiles habían desaprobado públicamente aquellos atentados; pero éstos habían quedado impunes. Nadie veía una autoridad que uniese a la voluntad la fuerza necesaria para reprimirlos, y todos se sentían amenazados por poco que se mostraran descontentos de la situación.
Claro era que, llegada la época de las elecciones, había de acentuarse más el despotismo militar, por lo que se avivaba el interés de asegurar el triunfo a los candidatos de Lavalleja. Ese interés tenía un estimulante poderoso en la competencia que a este general hacía Rivera. Su campaña de las Misiones, aunque empresa fácil, había sido grandemente ponderada por la conveniencia de que aquel hecho pesara cuanto fuera posible en las negociaciones de paz. Las muchedumbres se dejaron entusiasmar por los repiques de las campanas y por el estruendo de las salvas, y, tan olvidadizas de lo pasado como crédulas y ligeras, restituyeron a Rivera todo el prestigio de otros tiempos. De esta manera, había ganado tanto en el concepto público el vencedor de las Misiones, como había perdido el jefe de los Treinta y Tres. Si hubiera existido una tercera entidad igualmente poderosa, pero sin los graves defectos y vicios que en aquéllas abundaban, es de presumirse que todos los bien intencionados se hubiesen inclinado a ella; pero no era posible ya prescindir de los dos caudillos : ellos se dividían las fuerzas del país y se disputaban el poder; por ellos era indispensable sostener la lucha, cualesquiera que fuesen las contingencias.
Muchos de los hombres que preveían lo funesto que había de ser para el país el triunfo de cualquiera de los dos rivales, se abstuvieron de tomar parte en las elecciones. Los más audaces y los más obligados concurrieron a las mesas electorales y contribuyeron con su voto, con su fraude o con su fuerza a asegurar el triunfo a los candidatos que lo disputaban. No faltaron escenas violentas. En una de las más ruidosas figuraron el comandante general D. Manuel Oribe y el teniente coronel Soria. Éste se presentó al Consejo de administración que presidía las elecciones de Canelones, llevando el voto de su regimiento. El defensor de pobres y menores, D. Daniel Vidal, miembro del Consejo, le objetó que presentaba los votos de toda la división, cuando una parte estaba ausente y votaría donde estuviese, de lo que había de resultar que sus votos serían dobles.
Soria tomó esta observación como insulto al honor militar, amenazó al señor Vidal dando grandes voces con hacerle purgar la afrenta, dio parte al coronel Oribe, y éste dirigió inmediatamente una nota al Poder ejecutivo, en que acusaba con términos los más procaces al Defensor de menores y exigía que se pusiera remedio « a la trascendencia de este escandaloso insulto », obligando a su autor a probar la calumnia o a dar una satisfacción pública, sin perjuicio de corregir su audacia de modo que quedara satisfecho el honor del querellante. Terminaba la comunicación advirtiendo al Gobierno que « con la misma fecha (23 de Agosto) y en prevención de los resultados, mandaba una copia al General en jefe ».
Se ve en todo esto la intención de intimidar a los que componían las mesas electorales, y de imponerse aún al mismo Gobernador con la prevención insolente de que instruía al general Lavalleja de lo acaecido. Esta conducta era tanto más injustificada, cuanto mostraron las informaciones a que inmediatamente procedió el alcalde ordinario D. Alejandro Chucarro, que no había habido de parte del señor Vidal otra cosa que una observación hecha con formas circunspectas.
Si así procedían los secuaces de Lavalleja, no menos reprensible era el proceder de los amigos de Rivera. Se hizo tan general y tan notoria la arbitrariedad de los dos bandos, que algunos diarios de Buenos Aires creyeron deber exhortarlos a que moralizaran su conducta en obsequio al país. El Tiempo dijo con este motivo palabras cuya veracidad se confirma tanto más cuanto es mayor el tiempo que pasa. Todo había sido, según él, hasta entonces, violencia e intriga, intriga y violencia; y era seguro que « si los orientales no mostraran en aquellos momentos un patriotismo, decisión y energía a toda prueba, serían en adelante lo que habían sido siempre: víctimas alternativamente del despotismo o de la anarquía. »
Habían terminado las elecciones en la campaña para fines de Agosto, pero no por eso habían desaparecido las dificultades. Algunos de los electos se excusaron de desempeñar el empleo, porque, como D. Gabriel A. Pereira, habían pertenecido a la Junta legisladora derrocada en Octubre. O había decretado la disolución un poder legítimo, decían, o no; en el primer caso, ese poder tenía en sus manos el ejercicio de la soberanía: en el segundo, debía volver a su puesto la Junta disuelta; en ambos era ilegal la nueva elección. El dilema era falso, pero producía los mismos efectos que si fuera verdadero: los que argüían con él, no aceptaban el nuevo nombramiento. Otros, testigos de las influencias que habían obrado en las elecciones, se excusaron manifestando que temían servir intereses personales y no los de la patria. Otros no renunciaban, pero tampoco se mostraban decididos a concurrir al lugar en que había de instalarse la legislatura. Había trascurrido el plazo señalado en las convocatorias y sólo alguno que otro representante habíase presentado en el Durazno. Esta inasistencia obligó al Gobernador a dirigir una circular a las mesas electorales (10 de Septiembre), en que les manifestaba que no se explicaba por qué no habían comparecido oportunamente los diputados, y les ordenaba que hicieran concurrir a los que se habían mostrado remisos y que se procediera a la elección inmediata de los destinados a reemplazar a los renunciantes.
Cuando sobrevino la ratificación de la convención preliminar de paz, hubo que proceder a elegir diputados en las plazas ocupadas por las autoridades imperiales, para constituir el gobierno de que habla el artículo 5.; pero como la convención dispone que esas elecciones se harían « por el reglamento adoptado para la de sus representantes en la última legislatura, » surgió la duda de si ese reglamento era el aprobado por la legislatura oriental, o el sancionado por la legislatura del Imperio. García Zúñiga (barón de Vila-Bella) que ejercía la presidencia, pretendía que las elecciones habían de regirse por las leyes del Brasil; el Gobierno oriental sostenía que la convención del 25 de Agosto alude a la legislación de la Provincia, y que no puede suponerse otra cosa, puesto que sería contraria a todas las reglas de derecho reconocidas y acatadas por las naciones la interpretación en el sentido de que viniesen a tener fuerza en el Estado Oriental, declarado ya independiente, leyes de una potencia extranjera, como lo era entonces el Brasil. No obstante estas razones, resolvió García Zúñiga proceder según la ley del Imperio y ordenó al Cabildo que hiciera asistir el viernes 24 de Octubre, a las ocho de la mañana, a todos los vecinos que no tuvieran algún impedimento con el objeto de « oír en la iglesia Matriz la misa del Espíritu Santo, llevando una lista firmada con el nombre de 31 individuos, que es el número de electores que corresponde a la feligresía. »
Las autoridades orientales se quejaron al Gobierno argentino del proceder del Presidente, contrario a la convención, no sólo porque se aplicaba una ley extranjera, sino también porque se mandaba hacer la elección dentro de la ciudad de Montevideo, a pesar de que el artículo 5. dispone que se harían « precisamente extramuros, en lugar que quede fuera del alcance de la artillería de la misma Plaza, sin ninguna concurrencia de fuerza armada. » Dorrego envió a don Francisco Magariños con instrucciones y poderes para que arreglase las diferencias, en armonía con el espíritu de la convención (25 de Octubre), y las gestiones tuvieron tan satisfactorio resultado, no obstante el interés que se suponía en el barón de Vila-Bella de influir por que fuera a la legislatura una mayoría de partidarios de don Nicolás Herrera, su candidato para la próxima gobernación, que el 31 de Octubre se efectuó la elección de los ocho representantes que correspondían a la población nacional de Montevideo con sujeción a las leyes provinciales.
Habiendo quedado frustrada la primera convocatoria por la inasistencia de los electos, el Poder ejecutivo los llamó nuevamente para el día 8 de Noviembre, señalándoles San José como punto de reunión y residencia de la legislatura. Aun esta vez se tocaron serias dificultades. A las resistencias que nacían de los intereses políticos se unió la que tuvo su origen en la gratuidad con que los diputados desempeñaban sus funciones. Aunque algunos eran pudientes, los más vivían con el fruto de su trabajo, en el centro de sus relaciones. Si habían de abandonar ese centro y sus tareas sin la esperanza de hallar alguna compensación a las ganancias de que se vieran privados, importaría condenarse a soportar necesidades y a comprometer su buen crédito. Este sacrificio era demasiado grave para muchos, y parecía serlo más por la injusticia que se comete cuando una colectividad exige que ciertos individuos le consagren su inteligencia, negándoles la retribución que merece todo trabajo. Fue, pues, menester que el Gobernador se arrogara facultades impropias de su empleo, y que asignara dietas a los representantes del pueblo, asumiendo la responsabilidad de esta infracción de las leyes y doctrinas constitucionales que regían. De esta manera y por los empeños de personas influyentes se consiguió que los diputados se reunieran, no ya para el 8, pero sí para el 23 de Noviembre, en número bastante para celebrar una sesión preparatoria, en que se examinaron recíprocamente los poderes que llevaban, y acordaron instalar al día siguiente la tercera legislatura.
El 24 se instaló efectivamente el Poder legislador y declaró abiertas sus sesiones ordinarias. Se discutió en seguida con qué carácter debería funcionar, y se acordó « que el carácter que investía y debía servir de distintivo a su representación era el de Asamblea general constituyente y legislativa de este Estado ». Con este motivo pronunció su Presidente Don Silvestre Blanco un discurso en que abundan conceptos patrióticos. Se muestra satisfecho del tratado que vino a declararlos independientes; hace protestas de gratitud a la República Argentina, y especialmente a Buenos Aires; pondera la solemnidad de los momentos, y señala los dos objetos primordiales de la Asamblea, que eran el nombramiento de gobernador provisional y la promulgación de la constitución política del nuevo Estado.
La primera cuestión que preocupó a la Asamblea fue la del gobernador, ya porque procedía nombrarlo ante todo en cumplimiento del tratado de paz, ya por las causas que trababan la libertad de la elección. En los comicios se habían disputado el triunfo los partidarios de Lavalleja y de Rivera, de manera que aparecían estos personajes como candidatos ineludibles. Don Luis E. Pérez no había hecho competencia a los dos caudillos, pero el solo hecho de estar ocupando el poder ejecutivo bastaba para que no se le echase en olvido. Afortunadamente figuraban en la Asamblea los hombres mejor intencionados que tenía el país. No se les ocultaba cuán gravísimos inconvenientes tenía el nombrar a cualquiera de los que pretendían ocupar el alto puesto de la gobernación, y se venían preocupando del asunto desde mucho antes de ser electos diputados. Excluir a Rivera y a Lavalleja, era una necesidad, porque la exaltación de cualquiera de ellos al poder traería consigo la guerra civil. ¿Y quién podría imponerse a esos caudillos desde su puesto oficial con la sola fuerza de su autoridad civil?
Las miradas se habían dirigido inútilmente a todos los individuos de la reciente comunión: no se halló uno solo con el prestigio y las cualidades necesarias para desempeñar el poder ejecutivo en tales condiciones. Se pensó entonces en buscar la persona fuera del país, y desde este momento no fue difícil la elección; ya en Agosto era generalmente aceptada la candidatura del general Rondeau, y se habían hecho después trabajos importantes para decidirlo a aceptar el nombramiento.
Así, pues, instalada la Asamblea, resultó que su candidatura era la que contaba con adhesiones más numerosas a pesar de los intereses distintos que se habían puesto en juego durante la elección de representantes. Pero había surgido una nueva dificultad. Cuando se pensó en Rondeau era la Banda Oriental una provincia argentina y no importaba un obstáculo la nacionalidad del candidato. Los diputados, en su mayoría, habían sido elegidos también para componer una legislatura provincial. Aprobada la convención preliminar de paz mientras el pueblo se ocupaba en sus tareas electorales, resultó que la provincia se había transformado repentinamente en Estado, y que, por efecto de este hecho de la política internacional, venía a ser Rondeau extranjero en el país en que era ciudadano cuando algunos minutos antes se le designaba para desempeñar uno de los altos poderes. ¿Qué hacer ante este hecho poco previsto? La Asamblea no cambió por eso de propósito, sino que allanó la dificultad por medio de una ley que tiene pocos precedentes en la historia constitucional de los Estados republicanos. Declaró en su sesión del 30 de Noviembre que la persona del estado civil o militar en quien recayese el nombramiento de gobernador y capitán general provisionales, debería ser cuando menos : — 1. nacido dentro del territorio llamado hasta entonces Provincias unidas del Río de la Plata; 2. de edad de 35 años cumplidos; 3. arraigado en dicho territorio con propiedad o capital que no bajara de diez mil pesos, o empleo cuya renta equivaliera al producto de aquel valor; 4. conocido amigo de la independencia y la libertad del país; y 5. de buen concepto público por servicios « remarcables » en favor de la una y de la otra.
No podía negarse que concurrían en el general Rondeau todas estas condiciones, entre las cuales es de notarse que no se incluyó ni la de ser previamente naturalizado. Poco le costó, pues, a la Asamblea reunirse al día siguiente y elegir gobernador. La gran mayoría votó por Rondeau; algunos, muy pocos, votaron por Rivera, por Lavalleja o por Pérez. Como el electo residía en Buenos Aires, se resolvió en la misma sesión que mientras durase su ausencia fuera sustituido Don Luis E. Pérez por el ciudadano D. Joaquín Suárez, y éste tomó posesión del empleo el 2 de Diciembre, después de haber jurado desempeñarlo con probidad.
Las funciones de la Asamblea y del Gobernador estuvieron suspendidas desde el 3, durante ocho o diez días, con motivo de la traslación de esas autoridades a Canelones, decretada por la primera. El señor Suárez se mantuvo durante el interinato en una actitud reservada, sin atreverse a tomar ninguna resolución importante, salvo su decreto del 13 de Diciembre, expedido desde Montevideo, en que declaró: que habiendo entrado el Estado de Montevideo en el pleno ejercicio de su independencia, habían cesado ya de hecho y de derecho en sus funciones todas las autoridades extranjeras y la protección de las personas, de las propiedades y de todos los derechos individuales de los ciudadanos y habitantes del país estaban bajo la garantía y salvaguardia del Gobierno supremo del Estado; y, por consecuencia, que no había en el Estado de Montevideo más jurisdicción que la del Gobierno nombrado por la representación nacional y de las autoridades constituídas en ejercicio, por decreto de esta superioridad; que quedaba prohibido a los tribunales, magistrados, cuerpos municipales, oficinas públicas y en general a todos los ciudadanos y vecinos cumplir ni obedecer órdenes, providencias, o decretos de toda autoridad extranjera; que los tribunales, magistrados, jefes y jueces del Estado protegerían abiertamente a los ciudadanos y vecinos que reclamasen el poder de sus respectivas autoridades contra cualesquiera violencias o atentados, expidiendo prontas providencias, implorando en caso necesario el auxilio de la fuerza armada y dando cuenta al gobierno cuando las violencias o atentados emanasen de un poder extraño; y que el Gobierno prometía del modo más solemne que respetaría y haría respetar las personas, las propiedades, la independencia de las opiniones y la libertad de la imprenta. Revela este decreto los excelentes deseos de su autor; pero era más propio de un dictador que tiene en sus manos todos los poderes del Estado, que de un jefe del poder ejecutivo, sometido por la naturaleza de sus funciones a la autoridad de las leyes y de las decisiones judiciales. El hecho de haberse arrogado el Gobernador facultades que correspondían al Cuerpo Legislativo, y de haber asumido una actitud ante la cual aparecía el poder judicial como una entidad subordinada al ejecutivo, no produjo por el momento conflicto alguno entre los poderes nacientes del Estado, debido a que las personas influyentes estaban inspiradas en aquellos momentos por propósitos de tolerancia, y a que no todos tenían nociones claras de los límites que separan el campo de acción de las diversas autoridades; pero, precisamente por esto y porque ya la clase militar había mostrado sus tendencias absorbentes, heredadas del despotismo omnímodo de Artigas, venía ese decreto a ejercer en los sentimientos e ideas de la gran mayoría del país una influencia funesta, puesto que inculcaba la noción de que el Poder ejecutivo es un poder supremo, encargado de dirigir y corregir a los otros poderes. Esta era la doctrina del militarismo, que venía ahora a ser consagrada por su clase antagónica, la clase civil, representada por uno de sus miembros más respetados. Pueblo que tal educación recibe, es pueblo que se prepara a vivir bajo la presión de gobernadores y presidentes dispuestos por la tradición y por la fuerza actual de sentimientos, ideas y hábitos heredados, a ejercer la tiranía como forma regular de gobierno.
Instalada la legislatura en Canelones, procedió inmediatamente a ocuparse del pabellón y de la escarapela nacional. El 15 creó el primero, mandando que se compusiera de nueve listas azul-celestes (1) sobre fondo blanco, con un sol colocado en un cuadrado blanco que debería dejarse en el ángulo superior del lado del asta. El 19 se creó la escarapela, decretándose que fuera también de color azul-celeste.
Todos estos actos que importaban el cumplimiento por parte de las autoridades orientales del tratado de Agosto, fueron precedidos y seguidos por otros de igual significación que emanaron de las potencias pacificadas. Lavalleja había renunciado al mando del ejército de Buenos Aires al saber que se había ratificado la convención preliminar (2 de Octubre) y había sido sustituido por el general Paz (26 del mismo). El ejército argentino había marchado por tierra a fines de Octubre con dirección a Buenos Aires, quedando en Cerrolargo mil y tantos hombres, que a su vez se embarcaron por el Buceo el 30 de Diciembre. Había sido desocupada la Colonia por los brasileños para los primeros días de este mes. El 18 se retiraron de Montevideo otras fuerzas de la misma nacionalidad, dejando en la Plaza algunos batallones, de acuerdo con lo pactado.
Rondeau, a quien se había comunicado su nombramiento en cuanto tuvo lugar, partió de Buenos Aires el 15 de Diciembre, acompañado por el general Laguna y por el canónigo Vidal, en el buque de guerra argentino que llevaba su nombre; llegó a la Colonia y de allí tomó la dirección de Canelones, último asiento del gobierno. El 22 se presentó ante la Asamblea a prestar el juramento que la ley prescribía; el mismo día tomó posesión del empleo y nombró en el acto a D. Juan Francisco Giró para que desempeñara los ministerios de gobierno y relaciones exteriores, y provisionalmente los de hacienda y guerra. Designó también a D. Manuel Oribe para el mando del cuerpo número 9 de caballería y al general Laguna, su acompañante, para comandante en jefe de las milicias que se hallaban situadas en los departamentos fronterizos.
La posición de Rondeau era de las más delicadas y difíciles. Se le había traído al poder por evitar la guerra civil que habría sobrevenido inmediatamente si hubiera ocupado su lugar cualquiera de los dos caudillos rivales; y era obvio que para satisfacer tales propósitos debería cuidar el Gobernador de no despertar los celos, ni provocar la malquerencia de Rivera o Lavalleja, tratando de equilibrar la influencia de éstos, y de sobreponer su autoridad propia a la de ambos pretendientes. No tardó Rondeau en comprender cuánta imparcialidad y cuánto fino tacto se necesitaba para conjurar o precaver los peligros de un conflicto.
Dorrego se había apresurado a comunicar al general Rivera la conclusión de la paz y sus condiciones y a manifestarle que debería procederse a la desocupación de las Misiones, que continuarían siendo parte del territorio del Brasil. No le costó mucho al Caudillo hacerse cargo de la situación en que quedaba su país, del papel que en él podría desempeñar, y de los medios por los cuales llegaría a insinuarse en el ánimo de sus compatriotas. La campaña de las Misiones le permitía presentarse como un patriota; lo mucho que se había elogiado su afortunado suceso era más que lo necesario para poder pasar por un genio ante las muchedumbres crédulas; y ambos conceptos valían tanto como la prueba más irrecusable de que había sido víctima de la calumnia y de injustas persecuciones, que reclamaban, ya que no una expiación, por lo menos una confesión pública y solemne. Si a esto se agregara algún hecho extraordinario, como el de hacerse seguir por algunos millares de familias, con todos los objetos de valor que tuviesen las iglesias y los edificios públicos, y por la gran cantidad de animales vacunos que cubrían el territorio invadido, todo por exceso de admiración, de cariño y de adhesión a su eminente persona, ¡oh! entonces podría entrar como un héroe en la Capital de su patria.
Concebido y hecho. Escribió el 18 de Noviembre una extensa nota, desde el cuartel general en Itú, al « Gobierno provisorio del Estado soberano oriental », en que le decía que el Ejército del Norte penetró hasta el centro de las Misiones orientales logrando hacer tremolar la bandera argentina y obligando al enemigo a dividir su ejército por impedir que las armas de la patria se extendieran triunfantes hasta las ricas provincias de San Pablo, tal vez de Minas y probablemente de Santa Catalina, que en este estado se negoció la paz que desliga la Provincia Oriental de la federación argentina y le asegura su independencia absoluta; que la soberanía de la Provincia Oriental era « el único objeto de la invasión de Misiones en su origen, y la del continente cuando se concibió que no era difícil »; que la guerra ha cesado para el Ejército del Norte, y que sus jefes, oficiales y tropa a nada más aspiran que a volar hacia sus padres, esposas e hijos, « mostrarles sus heridas, llorar con ellos de gozo y poner sus espadas a los pies de la Patria, para que disponga de ellas como un tributo, que a ella sola le pertenece, desde que ella sola es el arbitrio del destino de sus hijos ».
Rivera, como de costumbre, no era sincero en sus protestas de amor a la paz y de falta de aspiraciones. Apenas hacía algunos días que había manifestado a los jefes predilectos que le secundaban en su campaña económica la intención de venirse a la Banda Oriental y de echar abajo sus autoridades para suplantarlas. En un párrafo de carta encabezado con la advertencia de « Reservadísimo », había dicho al comandante Caballero: « La paz está hecha, y yo tengo orden para no moverme pero yo he de entrampar del modo que me sea posible y hemos de llegar hasta Sta. María por todo esto es preciso que Vd. tire ya a sacar toda la ventaja que pueda para dejarnos bien con los que estamos comprometidos y ver si algo podemos mandar para nuestras familias. — Nuestra Banda Oriental espera que nosotros la saquemos de la esclavitud en que la tiene la arbitrariedad de algunos de sus hijos y a este fin trabajamos con empeño ».
Sin embargo, el gobernador Suárez convino, de acuerdo con la mayoría de la Asamblea, en que no era prudente cerrar al revoltoso las puertas de la patria, ya que intenciones tan pacíficas mostraba, y le contestó en el sentido de que regresara, sin esperar a que viniera Rondeau a tomar una determinación que no carecía en aquellos momentos de gravedad.
Rivera se había anticipado a la respuesta. Desde antes de recibirla, y aun de resuelta por el Gobierno, había ordenado a todos sus oficiales que concentrasen en un lugar dado todo el ganado que hallaran en el territorio de las Misiones. Uno de esos oficiales, el mismo Felipe Caballero a quien fueron dirigidas las palabras anteriores, había recibido estas instrucciones: « Le escribo en este momento para decirle que es preciso que Vd. haga cuanto pueda hacer seguir todo el ganado que le sea posible de esos rincones que le dice Chico Garrocho; desentendiéndose por ahora de los puntos donde debía Vd. ir... — Ya digo a Vd. no es posible haga Vd. cuanto pueda y traiga... (1) 40 mil reses. — ordene al comte. de Sn. Franco. para que le dé vaquiano causa y los hombres que necesite el francés y dígale que haga la angada y traiga cuanta madera pueda... — Despache a Sejas con la primera tropa la cual que no baje de 3000 reses. y prevéngale que me avise a la llegada a la invernada para mandarla recibir ».
Reunidas unas doscientas mil cabezas de ganado, hizo sacar de las iglesias y de todos los edificios públicos y particulares cuantos objetos de valor tenían, sin excluir las campanas de las primeras (2); dispuso que las tropas que había formado con la población indígena marcharan hacia el Sud con sus mujeres, hijos y demás parientes, y, pronto ya todo ese inmenso tropel de soldados, familias, animales y carretas cargadas de botín, empezó a desocupar el territorio de las Misiones (3).
Al saber el Jefe de una división del ejército brasileño que en esa sazón se dirigía a las Misiones, que trataba Rivera de realizar una segunda edición de la vandalica proeza consumada por Artigas en 1811, con la circunstancia particular de que aquél arrastraba familias y despojaba pueblos que pertenecían a una nación extranjera con la cual se estaba ya en paz, intentó oponerse a que tal acto de barbarie se llevara a cabo, recurriendo a la persuasión. Rivera alegó que los soldados misioneros le seguían voluntariamente y que las familias, ganados y objetos que se veían eran los objetos, ganados y familias de los emigrantes. A la vez que pretendía resolver de esta sencilla manera la cuestión de derecho, y aplazar su solución remitiéndola al gobierno, escribió a éste dándole cuenta de que estaba en camino, de lo que traía y de las dificultades suscitadas.
La llegada de esta comunicación coincidió con la de Rondeau; por manera que, cuando se impuso de ella, se encontró con que estaba cercana la venida de Rivera al territorio nacional, y con que era tanto más temible el peligro de la aproximación de los dos caudillos rivales, cuanto el general Laguna, aunque no tan partidario de Lavalleja como del otro, había de querer hacer sentir a éste su autoridad de comandante en jefe de las fronteras, por poco que se dispusiera a abusar de las numerosas e indisciplinadas fuerzas que le obedecían. A la dificultad que en sí tenía esta cuestión se agregaba la de satisfacer las necesidades de tan numerosas familias como eran las que venían, y la de definir la posición en que habían de quedar las divisiones del llamado Ejército del Norte, cuya mayoría era de misioneros, súbditos del Brasil.
Se acordó solicitar la decisión de la Asamblea en lo relativo a las tropas que venían de Misiones, y se resolvió contestar a Rivera ordenándole que, no obstante la autorización para venir que le había dado el gobernador Suárez, suspendiese sus marchas y se mantuviese en observación de las divisiones imperiales, ocupando la posición que juzgara más conveniente a fin de evitar cualquiera desorden en las tropas, familias y ganados que traía. De este modo se conseguía tener lejos el único peligro que por entonces inspiraba temores, con una causa aparentemente fundada, porque el mismo Rivera había sido el primero en mostrarse receloso en vista de las fuerzas del Vizconde de la Laguna. Se le ordenó, además, respecto de las familias, que las alojara y les diese ocupación en los pueblos situados sobre el Uruguay. Y como tan necesario era, para mantener la paz, que el general Laguna no se acercara a Rivera, como que Rivera no se acercara al general Laguna, se le advirtió a éste que habiendo el Gobierno reservádose el entenderse directamente con aquél, no debería preocuparse para nada del movimiento de las fuerzas con que penetrara en el territorio nacional.
No terminaban aquí las dificultades. Había que nombrar a alguien para ministro de la guerra; y como las afinidades del Gobernador y los antecedentes de Laguna habían inclinado la balanza al lado favorable a Rivera, se hacía menester tomar alguna medida que neutralizase esa causa de desequilibrio. Rondeau, deseoso de proceder con imparcialidad, se había fijado en el coronel D. Nicolás de Vedia, por parecerle aparente para el ministerio en circunstancias como las que le preocupaban, y no se le mostró desafecto Giró; pero habiendo observado D. Francisco Magariños que tal vez no tendría el candidato a su favor las simpatías populares, se pensó en D. Ignacio Oribe, se prescindió luego de él por consejo de su hermano D. Manuel, y por fin después de algunas vacilaciones se optó por el coronel D. Eugenio Garzon, militar perfectamente reputado.
Se trató en seguida de la comandancia general de armas y de las comandancias militares de los departamentos, desempeñadas casi todas por secuaces de Lavalleja. El Sr. Magariños, a quien el Gobernador atendía mucho, insinuó la conveniencia de suprimirlos, tal vez con la intención de favorecer la causa de Rivera, de que era partidario, pero limitándose a alegar que como correspondían a las instituciones argentinas, habían perdido su razón de ser desde que se independizó la Provincia. Habiendo ocurrido, además de esta reflexión, que pareció persuasiva, la de que se ahorrarían al Estado sumas de dinero importantes, se conformó el Gobernador con decretar la supresión, en momentos en que el ministro Giró faltaba de su despacho por enfermedad.
La noticia de este hecho produjo mucho descontento. Los primeros que desaprobaron la medida proyectada fueron naturalmente los que se vieron amenazados con la privación del empleo, por lo que afectaba a su interés personal. En seguida se pronunciaron los parciales de Lavalleja, cuya causa política perdía sus sostenedores más decisivos. Y, por fin, muchos de los que atendían al bien del país con prescindencia del interés de los individuos y de los bandos políticos, juzgaron que la resolución de Rondeau no podía ser más inoportuna ni más impolítica, puesto que suprimía el apoyo de la fuerza precisamente en los momentos en que la paz corría el peligro de ser alterada por la fuerza de un caudillo acostumbrado al desorden. El disgusto fue tanto, que el Sr. Giró renunció el día 28 las carteras de gobierno y relaciones exteriores, y poco después el Sr. Garzon la de guerra, si bien manifestando ambos que los pocos días de experiencia que habían tenido les había hecho comprender que carecían de las aptitudes necesarias para satisfacer las aspiraciones generales.
La Asamblea, por su parte, respondió a la consulta del Poder ejecutivo declarando (30 de Diciembre) que dada la voluntad manifestada en la nota del 18 de Noviembre por los jefes, oficiales y tropa que componían el hasta entonces llamado Ejército del Norte, se considerarían en adelante pertenecientes al ejército del Estado de Montevideo. Esta resolución, impuesta indudablemente por la necesidad de no resentir al general Rivera, que había pedido esta declaración, entrañaba más de una inconveniencia. En primer lugar se incorporaban al ejército nacional muchos centenares de misioneros, que eran súbditos del Brasil, y que podían provocar reclamaciones de carácter temible. En segundo lugar se recibía a Rivera al frente de tropas relativamente numerosas, y prestigiado por el calificativo de « digno y benemérito general » que la tímida Asamblea le había prodigado, ya por tender a la conciliación ante la exigencia que el Caudillo había hecho de que se levantara la tacha de traidor que aún pesaba sobre su nombre, ya por el interés que tenían sus parciales en rehabilitarlo para que les sirviese de centro y de apoyo en los trabajos que pronto habían de tener su desenlace final.
Entró, pues, el Gobernador en el año de 1829 con las dificultades propias de una crisis ministerial de carácter político, producida a los cuatro o cinco días de haber empezado a ejercer el poder. Mucho se empeñaron él y otras personas porque se retiraran las renuncias, pero la firmeza de los Sres. Garzon y Giró obligó al Gobernador a buscar otros funcionarios; y como no los halló suficientemente aptos o dispuestos fuera de la Asamblea, se dirigió a ella el 3 de Enero demostrando lo difícil de su situación y solicitando que se le permitiera nombrar a algunos de los diputados.
« El único modo de valorar el que suscribe, decía, la distinguida consideración con que la Honorable Asamblea Constituyente y Legislativa lo eligió para desempeñar el cargo de Gobernador y Capitán general provisorio del Estado, fue el admitirlo en sus circunstancias y no trepidar en sacrificarle las comodidades de su vida privada y cuanto tiene de grata la independencia y reputación de que gozaba en Buenos Aires... Se lisonjea de haber por su parte hecho todo lo que imaginable para corresponder a una confianza que estribaba en aquella persuasión (de encontrar en la opinión de sus amigos y de la mayoría de los habitantes del Estado la base del nombramiento de que fue objeto). Así es que apenas se recibió del Gobierno procuró que el nombramiento de Ministros recayese en sujetos de conocimientos y cualidades dignas del desempeño de tales funciones... Esto no obstante, los adelantos que debió experimentar en pocos pero necesarios días han venido a quedar frustrados por las renuncias de aquellos en quienes el Gobernador que suscribe repite haber depositado toda su confianza. Los motivos en que las fundan, el no sentirse con fuerzas para llevar por más tiempo sobre sus débiles hombros el grave peso de los negocios públicos; el que sucumbirían a él sin que el sacrificio que hicieran de sí mismos pudiera ser útil al país; las circunstancias que exigen en los que han de componer la administración calidades extraordinarias y aptitudes poco comunes; el considerarse con falta de éstas; y el deseo de que otros las llenen más completamente, son razones, señores Representantes, que podría desde luego alegar el que suscribe, si el decoro del país, el interés de su buen nombre, y quizás el compromiso que contrajo tan solemnemente no fuesen hoy más poderosos para obligarlo a sostener enérgicamente un puesto sembrado de espinas que comienza a serle desagradable, y a que coadyuva la retracción que observa en las personas que más debían sostener una obra a que sus esfuerzos anteriores habían dado un impulso activo. En este estado la paralización del Gobierno es una consecuencia forzosa. Los compromisos gravitan de tal suerte sobre él, que cree encontrar obstáculos para llenar aquel vacío. Satisfecho de otras elecciones, ha hallado igualmente una tenaz resistencia, porque, sin querer admitir el cargo exponen motivos particulares que dejan perplejo al Gobierno y sin saber qué partido tomar para salvar los inconvenientes del momento. El quisiera una elección que penetrase a la Honorable Asamblea de sus más ardientes deseos, al paso mismo que contentase a todos los habitantes del Estado.... pero recorre la vista y por doquiera encuentra tropiezos, se ve rodeado de inconvenientes y no le queda otro arbitrio que dirigirse a la soberanía del pueblo para que disculpe y conozca las causas que retardan el dar vado a los negocios fiados a su cuidado, al mismo tiempo que para tomar su consejo y saber si para la elección de Ministros causará perjuicio echar mano de alguno o algunos de los Honorables Representantes.... »
La Asamblea contestó cuatro días después en términos muy satisfactorios para el general Rondeau y agregando: « Que un ejemplo tan ilustre da derecho al Excmo. Sr. Gobernador Provisorio de encontrar en todas las clases ciudadanos celosos que le auxilien en el desempeño de sus arduas tareas, y que a la voz de tan digno jefe se harán ellos superiores a las inspiraciones de su modestia, no reconociendo otro juez de sus aptitudes que el encargado por su alto destino de apreciarlas; y cuando el Excmo. Sr. Gobernador Provisorio juzgare oportuno destinar alguno o algunos de los honorables miembros de la Representación Nacional a ejercer empleos en que considere necesarios sus talentos, la Asamblea General se prestará a privarse de sus servicios defiriendo a los conceptos prudentes del Excmo. Sr. Gobernador.... »
Nuevos esfuerzos se hicieron con motivo de estas comunicaciones para traer las voluntades a la tranquilidad y la buena armonía y se consiguió que se retirara el decreto relativo a las comandancias, después de redactado, y que continuaran en sus funciones los Sres. Giró y Garzon, ocupando el ministerio de hacienda D. Francisco Joaquín Muñoz (8 de Enero), con cuyo nombramiento se quiso no sólo traer al gobierno el concurso de un hombre inteligente, sino también tranquilizar el ánimo de los que componían el círculo de Lavalleja.
Aunque los trabajos políticos de los partidos continuaron alarmando hoy a unos, mañana a otros, según el giro irregular que las circunstancias de cada momento les determinaban, la Asamblea y el Poder ejecutivo se dedicaron activamente a constituir y organizar el Estado desde mediados de Enero.
Entre las decisiones que más o menos directamente se relacionan con la constitución, se cuenta la creación (el 13 de Marzo) del escudo de armas, que deberá consistir en un óvalo coronado por un sol, adornado por el exterior con trofeos militares y de marina y con símbolos de comercio, y dividido el interior en cuatro partes, por una línea vertical y otra horizontal, en cuyas partes se figuraran: en la superior derecha, una balanza, símbolo de la igualdad y de la justicia, sobre esmalte azul; en la superior izquierda, el cerro de Montevideo, símbolo de fuerza, sobre campo de plata; en la inferior derecha, un caballo suelto, símbolo la libertad, en campo también de plata; y en la inferior izquierda, un buey, símbolo de abundancia, sobre esmalte azul.
La Comisión de constitución presentó el 6 de Mayo el proyecto de carta fundamental que se le había encomendado; la Asamblea lo discutió hasta el 4 de Septiembre, sin detenerse a examinar en la mayor parte de los casos el valor de las doctrinas adoptadas por los autores; y el 10 del mismo mes se reunió, oyó la lectura de todo el proyecto discutido, lo aprobó por unanimidad de votos, y el Presidente proclamó solemnemente « aprobada y sancionada la Constitución del Estado (4) ».
En conformidad con lo estipulado en el art. 7. de la Convención de 1828, la Asamblea resolvió (19 de Septiembre) que se pasase un ejemplar auténtico a las Potencias signatarias, recomendando al Poder ejecutivo que hiciera gestiones porque se expidieran los comisarios de aquéllas en el plazo más breve que fuera posible.
El 14 de ese mes redujo a dos el número de los ministros del Gobernador, dispuso que todas las órdenes de éste deberían llevar la firma de uno de aquéllos, hizo responsables a los ministros, y los sujetó a residencia en el país durante los seis meses que siguieran a la renuncia del cargo.
Los derechos de los individuos fueron objeto de leyes y decretos importantes. La Asamblea aprobó el 3 de Junio una ley de imprenta en que se establece que todo ciudadano puede publicar sus ideas sin previa censura, pero respondiendo de los abusos de la libertad el autor y, en su defecto, el impresor del escrito. Los abusos consistían en atacar los dogmas de la religión católica y la moral pública; en provocar a la rebelión o a la anarquía; en publicar los vicios o defectos privados de las personas que no son objeto de las leyes penales; y en imputarles falsos crímenes. Esos abusos eran castigados con multas, o prisión, o suspensión del derecho de publicar ideas por la prensa; y se encomendaba a jurados de ciudadanos el juzgar en cada caso si había o no abuso y qué pena merecía el autor del abuso, previo juicio que seguían ante ellos verbalmente el acusador y el acusado.
El Gobernador decretó el 18 de Mayo el rescate de todos los esclavos, llamados libertos, que estuviesen en servicio militar desde tres años antes y que hubiesen tenido parte en algunas de las batallas dadas durante la guerra contra el Brasil, considerando, con mucha razón, que bien merecían ser libres los que habían contribuido con su sangre a libertar un pueblo. El 14 de Agosto dio arbitrariamente otro decreto en contra de los vagos, por juzgar que los hombres errantes, habituados a un ocio siempre funesto a la sociedad, es la principal causa de los abigeatos que a menudo se consuman y de los desórdenes que obstan al bienestar de las clases laboriosas. Obligaba a todos los peones y capataces a servir bajo un contrato escrito y autorizado por el juez de paz o teniente-alcalde, y reputaba vagos a todos los que fueran hallados sin ese contrato, con excepción de los que tuviesen un capital mayor que 500 pesos, los oficiales licenciados o retirados, los hijos menores de padres que tuviesen como mantenerlos, los que conocidamente viviesen con el fruto de industria permitida, los que estuviesen físicamente impedidos para trabajar y los que tuviesen edad mayor de 50 años. Toda persona calificada de vago debería ser penada con tres meses de trabajos públicos la primera vez y con seis meses la segunda y ulteriores.
Atendió la Asamblea a las necesidades de la justicia instituyendo nuevamente el tribunal de apelaciones (2 de Julio), cuyos miembros nombró a mediados de Agosto; reglamentando extensamente esta rama importantísima de la administración (10 de Agosto); y dando a la policía de todo el país una organización más completa que la que hasta entonces había tenido.
La hacienda pública fue objeto de medidas importantes. Ya el Gobernador había decretado el 15 de Enero que pagasen el quince por ciento de derechos de importación todos los artículos extranjeros que se despachasen por la aduana de Montevideo y las receptorías de Maldonado, Colonia, Soriano y Paysandú. La Asamblea consintió tácitamente esa invasión de sus atribuciones; suprimió el 11 de Abril los derechos de alcabala, de reventa, de compostura, aranceles y policía, conservando el de patentes en las bajas proporciones de 10, 15, 25, 35, 45 y 60 pesos; estableció el impuesto del papel sellado desde medio real hasta nueve pesos (3 de Junio); modificó el decreto del 15 de Enero declarando libres de derecho las máquinas, instrumentos de agricultura, ciencias y artes, los libros, las imprentas y los mapas geográficos que se introdujeran, sometiendo los demás artículos a un derecho de cinco a veinticinco por ciento, en cuya graduación no se tuvo por regla el favorecer los objetos de consumo universal y recargar los objetos de lujo, y gravando escasamente o nada los productos nacionales destinados a la exportación (11 de Junio); suprimió el derecho de tránsito personal de uno a otro departamento que regía desde Enero de 1827 (21 de Julio) y estableció un derecho de puerto de 4 a 54 reales para las embarcaciones del cabotaje, y de 3 reales o 2 por tonelada para los buques de ultramar, según fuesen extranjeros o nacionales (5 y 15 de Julio).
La instrucción pública llamó desde luego la atención del Poder ejecutivo. El decreto del 16 de Mayo de 1827 que mandó crear una escuela primaria en cada capital de departamento, en San Carlos, Rocha, Santa Lucía y Soriano, no se había cumplido, ya por falta de recursos, ya porque la guerra era el objeto de la preocupación dominante. Al empezar el año 1829 no había en todo el país, fuera de Montevideo, más que cuatro escuelas de primeras letras, distribuidas en Maldonado, Canelones, Mercedes y Durazno. Tampoco se había fundado la escuela normal, razón por la cual no se formaron maestros, ni había, por consecuencia, cómo satisfacer una de las primeras necesidades de la instrucción, sobre todo cuando se aspiraba a adoptar reformas, que lo era entonces la organización lancasteriana de las escuelas.
Asegurada la paz exterior, se creyó oportuno emprender de nuevo la difusión de los conocimientos en las condiciones decretadas en 1827, y se dirigió el ministro Giró por su circular del 23 de Febrero a todos los Consejos departamentales ordenándoles que propendieran a fundar las escuelas ya decretadas, que integrasen las comisiones inspectoras, que alquilaran casas mientras no se construían especiales según los planos que ya habían sido aprobados por el Gobierno; y que remitiesen a Montevideo, para ser examinadas por el Director, las personas que considerasen aptas para enseñar, si las hubiese, en cuyo defecto se encargaría el Gobierno de buscar maestros en Montevideo y de mandarlos a donde hiciesen falta.
Como condición para que estos propósitos se cumplieran, se nombró el mismo día al presbítero D. Ignacio Zufriategui « director de las escuelas del Estado, según el método lancasteriano », asignándosele un sueldo de cien pesos mensuales.
Al día siguiente se decretó el establecimiento de dos escuelas públicas (una de niñas y otra de varones) en la ciudad de Montevideo, y se encargó al Director de escuelas que propusiese los medios para llevar a cabo la resolución, y presentase el presupuesto de los gastos que habría que hacer.
El 10 y 12 de Junio se constituyó la Junta inspectora de la Capital, con los Sres. Bianqui, Bustamante, Masini y Luna. Por decreto del 22 de Octubre se hizo obligatoria la vacuna para todos los alumnos de las escuelas públicas, en los pueblos en que su administración estuviese establecida. El 28 se ordenó por segunda vez la apertura de la escuela de niñas, que había sido postergada por causas difíciles de superar, y se dispuso que la Junta inspectora fuese integrada con tres señoras nombradas por ella misma, a quienes se encomendaría lo concerniente a la nueva escuela.
El 3 de Noviembre se decretó que los directores de las escuelas del Estado dieran cada tres meses a la Junta inspectora noticia de los niños que se distinguieran por su moralidad, por su aplicación y constancia, o por algún talento o disposición particular para las ciencias o las artes. Se proponía con esto el Poder ejecutivo estimular a la juventud estudiosa publicando sus notas del modo más solemne, y a sus padres prometiéndoles que esos informes servirían para obtener la protección especial de las autoridades a favor de los alumnos distinguidos, en los casos en que se solicitase para ellos alguna gracia.
Al mismo tiempo que se atendía a las necesidades primordiales del Estado, se reglamentaron los uniformes del ejército (20 y 22 de Febrero); se creó una Junta de agricultura e industria para que promoviese el adelanto del comercio y de las industrias, especialmente la pecuaria y la agrícola (20 de Febrero); se instituyó una Comisión de higiene, a la cual se encomendó la conservación de la salubridad pública (10 de Octubre); y se abrió un Registro estadístico, servido por una comisión central y ocho auxiliares, entre cuyos cometidos se incluyeron los de formar un censo general de la población, explorar y clasificar los terrenos del Estado según su aptitud productiva, fijar el monto de los capitales fijos y circulantes, formar un cuadro de las importaciones y exportaciones habidas de 1800 a 1810, de 1810 a 1820 y de 1820 a 1830, y reconocer el caudal de los ríos y de los lagos, a fin de establecer cuáles podrían servir como vías de comunicación (30 de Septiembre).
En el curso de este año fueron sucesivamente reconocidos los cónsules de S. M. B. (31 de Enero); del Imperio del Brasil (1. de Abril); y de la república de Bremen (13 de Julio). A su vez el Estado Oriental nombró a los Sres. D. Santiago Vázquez y D. Nicolás Herrera para que desempeñasen el empleo de agentes diplomáticos respectivamente en la República argentina y en el Imperio del Brasil (Septiembre 20), encargándoles especialmente que aceleraran la revisión o examen de la constitución sancionada pocos días antes, por los comisarios de las Potencias signatarias de la convención de 1828.
Pensó la Asamblea general haber satisfecho por de pronto las exigencias de Rivera con incorporar al ejército sus tropas, y el Poder ejecutivo se hizo la ilusión de que, habiendo ordenado a aquel caudillo que permaneciese sobre la frontera del Norte, quedaban por lo menos alejados los peligros. Sin embargo, Rivera estaba distante de corresponder a tales esperanzas. Había llegado al Cuareim para principios de Enero, había nombrado comandantes militares por su cuenta y riesgo, destinado algunos destacamentos a cuidar el ganado y mantener el orden en el numeroso pueblo que traía, y se había puesto en viaje para el Durazno dejando todo aquello bajo el mando superior e interino de su hermano D. Bernabé.
El día 11 estaba en el Arapey, mal impresionado por la falta de buenos caballos, que le impedía acelerar su marcha, y por la noticia de que las familias se le desbandaban y de que sus oficiales se ocupaban en pasar gruesas cantidades de ganados al Entre Ríos y Corrientes para venderlos por cuenta propia, y de que numerosos particulares se dirigían de todas partes con miras de entrar en negocios con los indios; de todo lo cual infería que su gran botín había de quedar reducido a la nada dentro de poco. Por evitar que de esta manera se malbaratasen tantos millares de ganado y que se dispersaran las familias, mandó a Bernabé que hiciera recorrer por partidas de soldados los pasos del Arapey con la orden de que no dejasen pasar ninguna tropa sin pasaporte del Jefe superior; que mandase otros destacamentos a los pasos del Uruguay con igual orden; que prohibiese a las familias el pasar sin permiso competente al occidente del Uruguay o al Sud del Arapey; y que destinase una partida a recoger los ganados dispersos que hubiesen quedado entre el Yuquerí y el Catalán.
El día 12 estaba en el Itapebi grande. Dispuso desde allí que el coronel Gaspar Tacuavé hiciera campar las tropas y las familias en la barra del Guabiyú hasta que se le ordenase otra cosa. El 13, ya en el Daymán, tuvo nuevos motivos de quejas. Calderón, que había quedado de jefe militar de Belén, se había dado a hacer pasar miles de reses al otro lado del Uruguay con miras de formarse una estancia, lo que quiere decir que no sólo se habían constituido en ladrones de lo robado los oficiales de segundo y tercer orden, sino también los encargados de impedir esos robos.
Si algo podía disculpar esto, dada la moral sui generis de aquellas gentes, es que Calderón no era exclusivo, sino que, al satisfacerse a sí propio, protegía también eficazmente a cuantos querían imitarle.
Pocos días después llegaba Rivera al Durazno con sorpresa de todos los que le creían en el Cuareim. La Asamblea, que no había querido ocuparse de la moción hecha el 5 de Enero por Lapido para que se declarase al héroe de las Misiones « libre de las imputaciones de traidor y en pleno goce de los privilegios y prerrogativas anexas a un buen ciudadano, » se apresuró a ratificar, aunque simulando no hacerlo, su declaración del 30 de Diciembre en que se le reputaba digno y benemérito general, a cuyo acto contestó el que lo motivaba (1. de Febrero) protestando que se veía « colmado de la satisfacción que por algún tiempo se vio privado » y que prestaba su « obediencia y respeto » a las autoridades constituidas.
Desde este momento la lucha de los bandos políticos se hizo más activa y se dirigió principalmente a colocar en el poder a los caudillos rivales. La tenacidad de esa lucha y las alternativas que experimentó en su curso, no pueden explicarse razonablemente sino por la composición de los centros oficiales en que las fuerzas antagónicas se desarrollaban.
El Gobernador se había distinguido siempre por su moderación y deseo de ser imparcial; pero sus simpatías lo inclinaban más a favor de Rivera que de Lavalleja, probablemente porque, reconociendo los grandes defectos de uno y otro, veía en el primero condiciones de inteligencia superiores a las del segundo, y, quizás, también le supuso inclinaciones instintivas más liberales, que no eran sino una faz engañosa de la misma relajación moral de sus sentimientos y de sus hábitos, pues el que practica y consiente la licencia más ilimitada, deja hacer muchas veces por falta de austeridad moral lo que otros permitirían por respeto a la libertad ajena. De ahí que, no obstante el cuidado que tuviera Rondeau en no parecer desfavorable al círculo de Lavalleja, buscara siempre el medio de no comprometer la posición del otro círculo, cuyo triunfo definitivo era el que más había de satisfacerle.
La Asamblea general, por otro lado, no contaba en su seno una mayoría capaz de asegurar ventajas permanentes a ninguno de los dos caudillos. Estaban representados en ella los intereses de Lavalleja y de Rivera; es posible que éste tuviera más partidarios que aquél; pero además de esos dos círculos había otros que se llamaban unitario, federal, neutral, cuyo interés no estaba encarnado en Lavalleja, ni en Rivera, y cuyo voto podía venir a favorecer accidentalmente tan pronto al uno como al otro, según fueran las conexiones que surgieran de los giros variados e imprevistos de la lucha de los dos bandos personales. El triunfo de éstos en la Asamblea dependía de la comunidad de intereses que consiguieran establecer con la mayoría de los elementos que les eran extraños.
La posición personal del Gobernador favoreció sin duda que a los pocos días de haberse trasladado el Gobierno a la Aguada, viniese Rivera a ocupar la jefatura del estado mayor general (21 de Febrero), hecho que no podía parecer indiferente a los « lavallejistas » y que influyó en la falta de franqueza con que el pueblo tomó parte en los festejos con que se celebró la traslación de las primeras autoridades a Montevideo (1. de Mayo) a los pocos días de ver desocupada esta plaza por las últimas fuerzas brasileñas, y en la renuncia que simultáneamente elevaron más tarde (26 y 27 de Agosto) los ministros del Gobernador. Éste llamó en seguida al E. M. G. a Lavalleja (día 28); pero para confiar a Rivera pocos días después (16 de Septiembre) los ministerios de gobierno, guerra y relaciones exteriores.
No era menester que influyera en estos hechos como causa eficiente única la voluntad del Gobernador. Dada la venida de Rivera y las fuerzas y los elementos de opinión que tenía a su servicio, era inevitable la serie de sus exigencias y muy difícil resistirlas con éxito. Pero si la fatalidad tenía su participación en estos sucesos, también la tenía en los efectos que producían en el ánimo de los adversarios. Lavalleja y los suyos no se conformaban con ser pospuestos; a cada paso que diese Rivera hacia la cumbre del poder, recibiría nuevas excitaciones su pasión, y había de llegar forzosamente el momento en que los dos bandos trataran de asegurar su prepotencia exclusiva por medio de las armas. Así fue que, si bien ocupó Lavalleja el puesto de Rivera desde el 18 de Enero de 1830, tuvo que resignarse con que éste saliera a campaña con el empleo de comandante general, con que organizara en ella sus fuerzas y vigorizara el poder que más tarde había de servirle de apoyo, y con que su política sufriera en el seno mismo del gabinete la oposición inteligente de Lucas Obes (ministro de hacienda). Pensóse que se daría un rudo golpe suprimiendo las comandancias militares (9 de Febrero), y esta medida hizo difícil su permanencia en el gobierno y le obligó a renunciar las carteras que servía, para ser reemplazado por ministros riveristas como Ellauri, Laguna y Pereira (4, 9 y 12 de Marzo), cuya elevación acabó de exasperar a su partido y de indisponerlo con Rondeau.
Como la fracción de la Asamblea con que tenía más afinidades era llamada unitaria, se unió con ella en el propósito de librar una campaña parlamentaria contra Rondeau y contra Rivera. No se hizo esperar la ocasión. El Gobierno resolvió a mediados de Abril que saliera a campaña la mitad de uno de los batallones que estaban acuartelados en la Capital. Las fracciones coligadas, que componían la mayoría de la Asamblea, se opusieron a la ejecución de la orden, temerosas de que esa fuerza de línea saliera a servir las miras visiblemente revolucionarias de Rivera; reclamó el Gobernador contra esta arrogación de facultades ejecutivas, renunciando a la vez él y sus ministros condicionalmente para el caso en que la Asamblea no rectificase su conducta; pero la Asamblea aceptó de plano en sesión extraordinaria la renuncia, como si fuera incondicional e indeclinable, y nombró en el acto al general Lavalleja para que inmediatamente se hiciera cargo del poder con carácter interino (17 de Abril). Sorprendidos por tal proceder Rondeau y sus ministros, que no se habían apercibido de los designios de la mayoría parlamentaria, quisieron reaccionar alegando que no podía aceptarse una renuncia condicional antes que la condición se hubiese cumplido, y protestando por la violencia con que se les arrancaba un poder que entendían deber conservar hasta la constitución definitiva del Gobierno; pero la Asamblea declaró sediciosa y anárquica esa protesta y le opuso la confirmación de Lavalleja en el poder ejecutivo (18 y 25 de Abril).
El nuevo gobernador compuso el ministerio con personas adictas a su persona (Giró, Ignacio Oribe, Román de Acha). Rondeau se retiró a Buenos Aires. Rivera asumió una actitud francamente rebelde a la Asamblea y el Poder ejecutivo, tomando por pretexto la caída inopinada de Rondeau, promovió en los pueblos de campaña manifestaciones públicas contra la Asamblea y contra la Capital; destituyó funcionarios y los reemplazó por otros; se apoderó de los dineros que halló en las cajas departamentales, proclamó ante sus soldados la desobediencia a los Poderes residentes en Montevideo, y dio principio a la guerra civil hostilizando algunas fuerzas fieles al gobierno.
La Asamblea se preparó a la resistencia acordando facultades extraordinarias a Lavalleja (30 de Abril) y éste, en su virtud, decretó la creación de nuevas fuerzas, prohibió que se obedeciesen órdenes de Rivera, suspendió la libertad de imprenta, destituyó al rebelde de todos los empleos que ejercía, disolvió los cuerpos militares que no le inspiraban confianza y por fin salió a campaña delegando sus facultades en los ministros (5 de Junio).
Estos sucesos verdaderamente escandalosos, constituían ya el caso previsto en el artículo 10 de la Convención de 1828, y obligaban a la República Argentina y al Brasil a intervenir para restablecer la tranquilidad, aunque la disposición de sus gobiernos fuera la de apurar antes los medios persuasivos. Se hicieron gestiones pacíficas por hombres de Buenos Aires y de Montevideo ante los caudillos rivales, y tuvieron tan buen resultado, que se pactó la paz el 16 de Junio, obligándose Rivera a acatar las autoridades existentes hasta la definitiva constitución de los poderes, y el Gobierno a mantener a Rivera en la comandancia general de armas, a no ejercer contra él acto ninguno de hostilidad y a proponer a la Asamblea que conservase al general Rondeau el sueldo de gobernador y capitán general mientras no se nombrara el presidente de la República, y a permitirle que volviera al país con el grado de brigadier general que antes se le había reconocido.
Entretanto, los Comisarios del Brasil y de la República Argentina habían examinado en Río Janeiro la constitución aprobada por la Asamblea y declarado que no contenía artículo ninguno opuesto a la seguridad de los Estados que ellos representaban, y que podía ser jurada inmediatamente y ejecutada en la forma prescripta en la misma constitución (26 de Mayo).
En consecuencia, mandó la Asamblea que las autoridades y pueblos la juraran el 18 de Julio, decretó su propia disolución para el día siguiente al señalado para el juramento, y estos actos solemnes tuvieron lugar en los días indicados con fiestas a que concurrieron todas las clases del pueblo, aunque limitando sus expansiones patrióticas por la dolorosa impresión que habían dejado en su ánimo los sucesos que acababan de pasar, y por las ambiciones ardientes o los temores que hacían augurar nuevos y cercanos desórdenes, dolores y vergüenzas.
FIN
(1) El número de las listas azul-celestes correspondía al de los departamentos.
(2) Algunas de esas campanas fueron colocadas en las torres de la Iglesia matriz de Montevideo.
(3) Se ha dicho que las familias arrancadas de sus domicilios no eran menos que 3000, ni se componían de menos que diez o doce mil personas.
(4) Votaron los siguientes diputados: Silvestre Blanco [presidente], Gabriel A. Pereira [Primer-Vice], Cristóbal Echevarriarza [Segundo-Vice], Ciprián Payán, Juan P. Laguna, Pedro F. de Berro, Julián Álvarez, Juan B. Blanco, Pedro P. de la Sierra, Manuel Haedo, Juan M. Pérez, Jaime de Zudáñez, José Vázquez Ledesma, José F. Zuvillaga, José Ellauri, Joaquín A. Núñez, José B. Pereira de la Luz, Francisco A. Vidal, Alejandro Chucarro, Miguel Barreiro, Ramón Masini, Lorenzo J. Pérez, Santiago Vázquez, Antonio D. Costa, Manuel V. Pagola, Solano García, Lázaro Gadea, Francisco García Cortina, Luis Lamas.