CAPÍTULO 1. PORTUGAL Y ESPAÑA DE 1811 Á 1820
Se ha referido en los artículos XXVI y XXVII cómo obligó Napoleón I á los reyes de España y Portugal á hacerse sus aliados con el propósito de traicionarlos y apoderarse de estas naciones, cómo las invadió, y cómo los ingleses tomaron posesión de Lisboa y la familia real portuguesa vino á establecerse en el Brasil.
El Portugal vino á ser así teatro de la guerra que se hacían Francia é Inglaterra. El pueblo lusitano no se resignó á ser mero espectador de esta lucha, sino que se pronunció en contra de los franceses, formó ejércitos y constituyó en Oporto una Junta de gobierno, la cual obró de acuerdo con los ingleses. Vencida la última invasión de las tropas imperiales en 1810, quedaron los portugueses gobernados por una regencia á nombre del Rey, que permanecía en el Brasil.
Los portugueses estaban descontentos porque el Regente Juan no había querido regresar á Lisboa cuando pasó el peligro de la invasión francesa, y por- que, mientras la ausencia de la corte privaba al Por- tugal de muchos hombres de importancia y de mucho brillo, se aprovechaba el Brasil para engrandecer su poder y su prestigio.
Habiendo muerto la reina doña María, el regente se proclamó rey con el nombre de Juan VI y elevó el Bra- sil al rango de reino, y formó el Reino unido de Portu- gal, Brasil y Algarves (1815), cuyo acto aumentó los celos de los súbditos europeos.
Además, don Juan había nombrado á Guillermo Carr Beresford, por sugestiones de Inglaterra, generalísimo de los ejércitos de Portugal. Beresford desplegó una severidad que desagradó profundamente á sus subordi- nados, y sirvió la política de su patria favoreciendo á los partidarios del absolutismo de don Juan VI, en con- tra de las ideas liberales que habían cundido en toda la península ibérica.
Todos estos motivos de disgusto determinaron un levantamiento de las tropas, las cuales en unión con el partido liberal convocaron Cortes (1820). Éstas dictaron una constitución que devolvía al pueblo la soberanía y dispusieron que el Rey fuese á Portugal, para ejercer allí sus funciones, cuya voluntad se cumplió (1821).
Vencidos los franceses en Portugal, fueron combati- dos en España por los ejércitos unidos de españoles, ingleses y portugueses, mandados en jefe por el general Wellesley, más tarde duque de Wellington. Este ilustre guerrero venció á los franceses en Arapiles (1812) y en Vitoria (1813), los obligó á retirarse á Francia é invadió tras de ellos el territorio de esta nación enemiga.
España concluyó entonces la heroica reconquista de su independencia, y ella y sus aliados tuvieron la gloria de haber probado al mundo que no eran invencibles los ejércitos del Gran Capitán de la época.
Creadas por el pueblo, con entera independencia de la monarquía, las juntas de gobierno que se instituye- ron en todas las provincias cuando Napoleón secuestró al rey en Francia, obra del pueblo fueron la Junta suprema que funcionó sucesivamente en Aranjuez, en Sevilla y en la isla de León, y el Supremo consejo de regencia que se instaló en este último punto (XXVII). Recordando los españoles sus cortes de la Edad media, tan celebradas por su origen democrático como por su poder, creyeron oportuno convocarlas, ahora que eran soberanos. Eligieron, pues, diputados, y las cortes se reunieron en la mencionada isla, el 24 de Septiembre de 1810, animadas, como lo estaba la prensa y una gran parte del pueblo, de espíritu ultraliberal y revo- lucionario.
Su primer acto de importancia fué proclamar y jurar por rey legítimo á Fernando VII, y declarar nula la cesión que éste había hecho de la corona en favor de Napoleón. Luego nombraron una comisión para que proyectara la constitución política de España; y, habién- doseles presentado este proyecto en Diciembre de 1811, lo firmaron, juraron y proclamaron en Marzo de 1812 con extremadas demostraciones de entusiasmo.
Esta constitución, conocida con el nombre de del año doce, notable por las circunstancias y por la época en que fué dada, declaró que el territorio español com- prendía las posesiones de África, Asia y América, en las últimas de las cuales se citaban como otras tantas provincias, Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile y el Río de la Plata, agregando que en cuanto las cir- cunstancias lo permitieran se haría por una ley consti- tucional una división más conveniente del territorio español.
Disponía además que eran españoles todos los hom- bres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas ; que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; que esa nación no era ni podía ser patrimonio de ninguna fami- lia ni persona; que la soberanía residía esencialmente en la nación, y por lo mismo á ésta exclusivamente per- tenecía el derecho de establecer sus leyes fundamenta- les; y que eran ciudadanos los españoles que por ambas líneas traían su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y estaban avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.
Todos los ciudadanos votarían en la elección indirecta de diputados, según una base electoral que sería idén- tica en ambos hemisferios, y esos diputados formarían las Cortes, compuestas de una sola cámara. Estas Cor- tes legislarían con el Rey; el Rey desempeñaría el poder ejecutivo, y los tribunales y jueces administra- rían la justicia civil y criminal. Cada pueblo de más de 1000 habitantes tendría un ayuntamiento elegido en su totalidad indirectamente por el pueblo, al fin de cada año. En cada provincia de ambos hemisferios habría un jefe político nombrado por el Rey, y una diputación ele- gida indirectamente por el pueblo, y presidida por el jefe político.
Vencidos los franceses en España y fugitivo en Fran- cia el rey José Bonaparte, entraron triunfalmente las Cortes en Madrid causando entusiasmo indescriptible (3 de Enero de 1814). Los negocios de Napoleón I no iban mejor en el resto de Europa que en España. Sus generales habían sido derrotados en varias acciones por los ejércitos de la Europa coaligada, defeccionaban sus aliados y él se había visto necesitado de regresar á París para preparar nueva campaña contra los enemi- gos que, alentados por el triunfo, continuaban sus mar- chas para invadir á Francia.
En circunstancias tan apuradas entró Napoleón en tratos con Fernando VII y por último le dejó en liber- tad. El Rey entró en España el 22 de Marzo. Ejército y pueblo lo aclaman; pero él piensa más en recuperar las facultades suprimidas por la constitución del año doce, que en mostrarse agradecido. Al pasar por Gerona, Reus, Zaragoza y Daroca, hace reunir juntas para que se pronuncien acerca de si había de jurar la constitución. Don Francisco Javier Elío, que le acom- pañaba hecho un absolutista acérrimo, consultó, al lle- gar á Valencia, á los oficiales del ejército sobre aquel punto; y, como ellos le manifestasen que defenderían al poder real con todos sus antiguos derechos, firmó Fernando VII (4 de Mayo) un manifiesto contra las Cortes, la constitución y la prensa liberal, en el cual negó autoridad á las primeras y validez á las segundas, y tomó el camino de Madrid escoltado por un cuerpo de caballería, el cual vociferó en todos los pueblos del trán- sito contra las instituciones democráticas. Inmediata- mente se procedió á encarcelar y á desterrar á regen- tes, diputados y á los liberales más caracterizados, se declararon disueltas las Cortes por orden del Rey y se anuló la constitución.
Desde este momento faltó la tranquilidad en España. A menudo conspiraban los pueblos ó se sublevaban cuerpos del ejército, movidos por la aspiración de aca- bar con el absolutismo y de restablecer la democracia liberal; pero estos pronunciamientos abortaron todos y sus promotores ó jefes fueron condenados á la última pena.
Cuando el Rey y sus consejeros juzgaron que el abso- lutismo estaba suficientemente consolidado en el ejér- cito y en el pueblo de la Península, pensaron en defen- der sus posesiones de América con un esfuerzo supremo, ya que los anteriores habían sido ineficaces, y resol- vieron embarcar en Cádiz un ejército numeroso que se reunió en Andalucía.
Cuando estaba pronto para emprender el viaje, reunió uno de los batallones, su segundo comandante, don Rafael del Riego, en las Cabezas de San Juan y lo sublevó al grito de « ¡Fuera tiranos. Viva la constitu- ción! » (1.º de Enero de 1820.) Cinco ó seis mil hombres se adhirieron en el acto al movimiento, tomaron la isla de León, se apoderaron del capitán general y del minis- tro de marina, y salió Riego con 1500 hombres á reco- rrer la Andalucía. Pero, habiéndose declarado en contra suya el ejército y la escuadra, combatido incesante- mente y perseguido, no le quedaban ya más que 400 soldados y se consideraba perdido, cuando supo que la Coruña había hecho causa común con él, que también se habían plegado las tropas enviadas para dominarla, que la idea revolucionaria se extendía, y que, ame- drentado el Rey, se había sometido y aceptado la cons- titución del año doce (7 de Marzo) (1).
Se abrieron entonces las cárceles, volvieron á España los proscriptos, se reunieron las Cortes, y los liberales se entregaron á realizar de golpe sus ideales, empe- zando por suprimir monasterios y conventos. Este cam- bio político que aceptó el rey forzosamente, alarmó á sus partidarios y á las potencias que componían la Santa Alianza. Aquéllos empuñaron las armas en muchos pun- tos; éstas dirigieron comunicaciones al gobierno liberal para que cambiase de conducta; y como tal pretensión fuese dignamente rechazada, invadió á España un ejército francés de 100 mil hombres y restauró el poder absoluto de Fernando VII (1823). Riego y otros perso- najes sufrieron la pena de muerte; muchos la de cár- cel ó la de destierro; muchísimos liberales fueron ase- sinados.
La venida de la Corte de Portugal á Río de Janeiro (XXVII) impulsó mucho el progreso del Brasil en todo sentido, el cual fué favorecido por continuada tranqui- lidad durante varios años.
Aumentóse el número de los habitantes y mejoró considerablemente la clase de los que procedían de Europa, pues no sólo afluyeron la aristocracia y altos funcionarios de Portugal y los representantes y marinos de todas las naciones amigas, sino también gran número de comerciantes, sobre todo ingleses y portu- gueses, y personas que profesaban las letras, las artes y las ciencias. Río de Janeiro y Bahía fueron las ciuda- des á donde principalmente acudieron estos factores de civilización.
Creáronse numerosas poblaciones requeridas por el aumento de inmigración y por la extensión de las indus- trias, y aumentaron y se enriquecieron las que existían ya por el incremento de las industrias, ya por la acti- vidad creciente del comercio de importación y de expor- tación, entre cuyos ramos figuró la trata de negros africanos.
Organizada la administración y regularizadas las funciones, pensó la Corte en ejercer su influjo fuera de las fronteras de su dominio. La alianza con España con- tra los franceses le permitió en 1812 intervenir con fuerza armada en la Banda Oriental, con el doble propó- sito de defender los derechos de Fernando VII amena- zados por la revolución de Buenos Aires y de conjurar el peligro que corrían sus propios dominios de reci- bir el contagio de las ideas de libertad y emancipación que tan resueltamente obraban en las regiones del Plata.
Cuatro años después, vencido el enemigo común de España y Portugal, se habían aflojado naturalmente los vínculos estrechísimos que habían unido á estos dos países; y como el Río de la Plata no obedecía ya ni á España, ni á su rey, consideró Juan VI que podía emprender libremente la conquista de la Banda Orien- tal, y que le convenía emprenderla, para favorecer económicamente á sus pueblos del Sudoeste y para asegurar la estabilidad del régimen monárquico abso- luto que hacía pesar en todos sus dominios. Envió, pues, tres ejércitos á la vez, que penetraron en la Banda Oriental : uno por el Norte, otro por el Nordeste y otro por el Sudeste, los cuales se apoderaron del país, luchando con los campesinos, pero hallando acogida entusiasta en Montevideo y en centros urbanos (1816-17).
Á la vez que esto sucedía, los políticos que rodeaban á Juan VI, cediendo á la influencia de las ideas que habían triunfado en la constitución española del año doce en cuanto al concepto en que debieran ser tenidas las colonias, pensaron en la conveniencia de elevar las posesiones brasileñas á la dignidad y preeminencia de estado; pero, así como los españoles compusieron un solo reino con España y los dominios de América, África y Asia, los portugueses prefirieron hacer del Brasil un reino distinto, igual en consideración y en derechos á los de Portugal y Algarves, uniendo los tres bajo la autoridad de la misma corona, y conservando á las demás colonias su significación de tales. El Rey acogió con agrado este pensamiento y promulgó en Diciembre de 1816 la ley erectiva.
Juan VI había conferido á los primogénitos de la corona el título de príncipe del Brasil. Erigido en reino esta posesión, y unido á Portugal y Algarves, necesario era que aquel título se acomodase á la situa- ción creada. De ahí que en Enero de 1817 dictase el Rey una ordenanza por la cual confería á los primogé- nitos el título de príncipe real de los reinos unidos de Portugal, del Brasil y de los Algarves y el de duque de Braganza.
Dos meses después contraía matrimonio el príncipe don Pedro con la archiduquesa Leopoldina, hija del emperador de Austria, y el 5 de Febrero de 1818 era coronado don Juan VI, por aclamación, rey de Portu- gal, del Brasil y de los Algarves, en presencia de los altos funcionarios eclesiásticos, civiles y militares y del pueblo que había concurrido de todas partes.
La revolución de Buenos Aires, que tanto temía la Corte, interesó la atención de los pueblos brasileños é hizo nacer en ellos ideas y sentimientos que se armoni- zaban poco con la monarquía absoluta y aun con la integridad del Brasil.
Los primeros que los manifestaron en la vía de los hechos fueron los pernambucanos. Quejosos por las arbitrariedades de la administración y por lo excesivo de los impuestos que sufrían, se resolvieron á procla- mar su independencia á principios de 1817 y constituye- ron un gobierno provisional á semejanza del que se había instituído en Buenos Aires en 1810. Una parte del pueblo se adhirió á la revolución; pero otra parte se conservó fiel á la monarquía y se fortificó en Serin- haem y en Tamandaré. Los pernambucanos atacaron varias veces en esos puntos á los realistas, sin conse- guir vencerlos. Los bahianos se pronunciaron también en favor del Rey; el gobernador mandó tropas por tierra y el pueblo equipó una flota. El pueblo de Río de Janeiro contribuyó á su vez con fuertes sumas para costear otra expedición, en la cual fueron cuerpos vete- ranos y de voluntarios. Los pernambucanos, mandados por abogados y sacerdotes, extremaron sus esfuerzos; pero, habiendo perdido la acción decisiva de Ipojuca (16 de Mayo) y disuelto su gobierno, tuvieron que someterse. Sus jefes principales fueron ahorcados. Muchos de los comprometidos sufrieron la pena de cár- cel y otros fueron condenados á destierro.
No por eso se borró en el ánimo de los brasileños el pensamiento de sacudir la opresión del absolutismo. Se extendió, al contrario, sordamente y fué tomando tal vigor, que sólo necesitaba ocasión propicia para resol- verse en hechos. La ocasión vino con la noticia del movimiento liberal que había triunfado, con diferencia de poco tiempo, en España y en la nación portuguesa. Los brasileños se conmovieron profundamente. El Rey publicó su intención de enviar á Lisboa al príncipe don Pedro para que se pusiese de acuerdo con las Cortes; pero se insurreccionaron los pernambucanos el mismo año 20, y luego, en Enero y en Febrero de 1821, los pueblos de Pará, de Bahía y de Río de Janeiro, todos los cuales proclamaron la constitución jurada por las Cortes lusitanas, jurando fidelidad al Rey. Éste, sin poder y sin voluntad para resistir, ordenó al Príncipe que desde los balcones del teatro jurase en nombre suyo, ante el pueblo y las tropas, « que veneraría y respetaría la santa religión de todos, y observaría y mantendría la constitución establecida por las Cortes de Portugal » (27 de Febrero). El orden constitucional nació y el absolutismo desapareció en el Brasil, ese día, para siempre.
SECCIÓN 1 La guerra de la independencia
La revolución se había extendido en toda la América española con mucha fuerza inicial, para 1811. Pero, después de resultados lisonjeros, había decaído en Méjico de 1813 á 1816 hasta tal punto, que, conside- rándola vencida, el virrey avisó al Soberano que no necesitaba ya más tropas.
Los americanos de Venezuela y Nueva Granada batallaron terriblemente, movidos sucesivamente por el hábil Miranda y por el genio desordenado de Bolívar, consiguiendo á veces triunfos gloriosos y otras veces sufriendo espantosas derrotas, triunfos y derrotas que debilitaban sin cesar el número de las tropas revolucio- narias, sin posibilidad de reparar tales pérdidas como los españoles reparaban las suyas con las expediciones que venían de la Península. La más importante de todas, compuesta de numerosa escuadra y de cerca de 11000 hombres de desembarco, que obedecían á las órdenes del general don Pablo Morillo, afianzó la domi- nación de Venezuela y redujo á Nueva Granada para 1816, á costa de torrentes de sangre cruelmente de- rramada por ambas partes.
En Quito (Ecuador) fueron definitivamente vencidos los revolucionarios á fines de 1812 y los españoles gobernaron allá en paz continua hasta 1822.
En el Perú había dominado tranquilamente el virrey Abascal hasta 1814, por manera que pudo atender con sus tropas á la defensa de la causa real ya en el Ecua- dor y Nueva Granada, ya en las intendencias septen- trionales del Río de la Plata. Aprovecháronse en Agosto los indios para rebelarse contra la dominación espa- ñola. Su jefe Pumacagua se apoderó de Cuzco, estableció una Junta gubernativa y organizó divisiones militares, una de las cuales envió hacia el Norte, otra á las inten- dencias argentinas limítrofes, para obrar en combina- ción con Buenos Aires, y la tercera, que mandó él per- sonalmente, se dirigió al Sud. Pumacagua obtuvo triun- fos importantes y tomó Arequipa; la del Este se apo- deró de la Paz; la del Norte se encontró con una resis- tencia superior á sus fuerzas. Pezuela mandó entonces una división contra Pumacagua. Éste fué derrotado. Así que se pronunció su derrota, sus propios adeptos lo mataron, y tras este hecho reaccionaron sucesivamente todos los que se habían insurreccionado, y la paz quedó restablecida durante el año 1816.
La revolución fué perjudicada en Chile, durante los años 1811 y 1812, por la rivalidad del doctor Juan Martínez de Rosas y el comandante Miguel Carrera. Éste último aprovechó la ocasión de haber sufrido Rosas dos reveses en Valdivia y Concepción, para desterrarlo á Mendoza y asumir la dictadura (Octubre de 1812). El virrey del Perú mandó una expedición al principiar el año 1813. Carrera fué desgraciado durante la campaña que se abrió y fué destituído. Sucedióle O' Higgins, cuyo hecho fué motivo de escisiones entre Ca- rreristas y o'higginistas, que los españoles aprovecharon para adquirir ventajas. El descontento del pueblo causó su caída y la vuelta de Carrera al poder. Los españoles reciben del Perú nuevas tropas, mandadas por el gene- ral Osorio. O'Higgins se une noblemente á su rival para combatir al enemigo común; pero fueron destroza- dos ambos en Rancagua (Octubre de 1814) y obligados á atravesar los Andes, hasta Mendoza, mientras su vencedor entraba en Santiago, calurosamente victo- reado por el pueblo.
El mismo día en que el general Belgrano invadió con 600 hombres el Paraguay, llevando el propósito de favo- recer el pronunciamiento de los naturales y criollos en contra de las autoridades españolas, cuyo jefe político y militar era desde 1809 el gobernador don Bernardo de Velasco, que gozaba de general estimación (LXIX), obtuvo una pequeña ventaja que le permitió adelantar desembarazadamente hasta el río Paraguarí. Aquí tuvo que batirse con fuerzas superiores. La acción le fué des- favorable. Careciendo de elementos para continuar la campaña, emprendió la retirada.
Llegaba al Tacuarí con 235 hombres cuando fué sorprendido por cerca de 2000 de las tres armas, man- dados por paraguayos, que lo atacaron á la vez de cua- tro puntos. Se defendió heroicamente, pero no consiguió otra ventaja militar que la de imponerse moralmente al enemigo y un armisticio honroso (9 de Marzo), á favor del cual se retiró sin ser molestado, y repasó el Paraná á fines del mencionado mes.
Los sucesos políticos que inmediatamente se produje- ron en Paraguay, de los cuales hablaré en la sección siguiente, libraron á la Junta revolucionaria de Buenos Aires de todo peligro por aquel lado y fué innecesario recurrir á otra campaña para hacer triunfar la revolu- ción en la provincia paraguaya.
La victoria de Suipacha, la ocupación de Cotagaita y los fusilamientos de Potosí (LXIX) contribuyeron á pres- tigiar la revolución en las intendencias del Norte y á inspirar confianza en el triunfo definitivo, la cual pare- cía tanto más fundada, cuanto se suponía que España, aplicada toda á combatir la conquista francesa, no podría destinar ejércitos á la defensa de las posesiones de Amé- rica. Este razonamiento hubiera sido exacto, si la revo- lución hubiese estallado dos años antes, ó si la guerra de la independencia española hubiese durado algunos años absorbiendo todas las fuerzas de la Península; pero ya se ha visto que los españoles no tardaron en conseguir posición ventajosa y en poder atender á las necesidades de la guerra americana, sobre todo desde que los franceses evacuaron la Península.
En las intendencias septentrionales del virreinato del Río de la Plata se señaló el año 1811 por una sola acción de importancia, que es la de Huaqui (26 de Junio), ganada por los españoles. Las tropas revolucio- narias quedaron tan debilitadas, que tuvieron que reti- rarse hasta Tucumán, permitiendo á Goyeneche que dominara toda la región del Norte del virreinato.
El año de 1812 se inauguró con otra victoria de los españoles, conseguida en Nazareno (12 de Enero), á la cual siguió pronto el envío de una división de 3000 hombres, bajo las órdenes del general Tristán, que debía avanzar hacia el Sud y combinar sus operaciones con las fuerzas de Montevideo. Belgrano, que había tomado el mando del ejército argentino (Marzo), avanzó á su vez hacia el Norte; pero reconociéndose impotente para luchar con el general Tristán sin arriesgar la suerte de la revolución, emprendió la retirada hacia el punto de partida, buscando un centro de recursos más favorable. La vanguardia española alcanzó á la retaguardia argen- tina en las Piedras, al Sud de Jujuy, y fué vencida. Empero, esto no impidió que Belgrano siguiera su reti- rada, ni que Tristán viniera tras él. Solicitado el primero por los tucumanos para que no continuara su contramarcha, y reforzado su ejército por caballería campesina, que por primera vez entraba á cooperar en acciones militares, se resolvió á esperar allí al ejército enemigo. Libróse la batalla en Tucumán. La victoria favoreció esta vez á los americanos (24 de Septiembre) en condiciones tales, que Tristán tuvo que retirarse con los restos de su ejército.
Belgrano fué tras de él durante el resto del año y en los dos primeros meses de 1813. Lo alcanzó en Salta y lo forzó á rendirse (20 de Febrero). Este desastre indujo al general Goyeneche á renunciar el empleo que desempeñaba, y le sucedió el brigadier Pezuela, que gozaba de reputación militar. Belgrano, alentado por sus triunfos, había avanzado hasta más allá del Potosí, y determinado á Pezuela á abrir una nueva campaña. Los españoles derrotaron á los americanos en Vilcapu- gio (1.º de Octubre) y en Ayohuma (14 de Noviembre), obligaron á Belgrano á replegarse con los 1000 hombres que le quedaban, otra vez sobre Tucumán, dominaron de nuevo las intendencias del Norte, y se vinieron hasta Salta, en donde fueron tenazmente hostilizados por las milicias gauchas que reconocían en Martín Güemes su caudillo.
San Martín fué nombrado para suceder á Belgrano. Ocupó el lugar de éste ; pero, convencido luego de que la revolución no triunfaría mientras la guerra fuese hecha con tropas improvisadas y en las regiones que hasta entonces habían sido su teatro, concibió un nuevo plan, renunció el mando y se retiró á Mendoza, como gobernador y capitán general de Cuyo, para consagrarse á formar un ejército bien instruído y dis- ciplinado.
Nombróse entonces al general don José Rondeau. Avanzó éste desde Tucumán, y, como Pezuela retroce- diese, continuó sus marchas hacia el Norte, é inició operaciones en momentos en que se sublevaban los indios de Pumacagua (CXXXVI). Viéndose Pezuela en medio de dos enemigos, pactó un armisticio con Ron- deau para operar libremente sobre Pumacagua; pero, así que recibió el contingente de Ramírez, ordenó á éste que fuera contra los peruanos y se volvió él contra los argentinos, á quienes deshizo en Viluma ó Sipe-sipe (28 de Noviembre) obligando á los restos vencidos á retirarse hasta Jujuy.
Nunca volvieron, desde entonces, los ejércitos argen- tinos á ocupar las intendencias de La Paz, Cochabam- ba, Chuquisaca y Potosí, las cuales fueron domina- das por los españoles. Éstos emprendieron varias expe- diciones hacia el Sud, entre los años 1814 y 1816; pero no consiguieron pasar de la intendencia de Salta, porque aquí los contuvo el arrojo de los gauchos de Güemes.
Rechazadas las proposiciones que el Dr. Passos hizo á Montevideo en nombre de la Junta de Buenos Aires para que se adhiriese á la revolución (CXX), la Banda Orien- tal se dividió en dos partidos: uno, empeñado en defen- der la dominación española, que se componía de la población de Montevideo principalmente; y el otro compuesto por la población americana rural, que se plegó á la causa de Buenos Aires.
Montevideo declaró la guerra á la Junta bonaerense en Febrero de 1811, se apoderó luego de la Colonia y de Maldonado, bloqueó los puertos de la Banda Occi- dental, y autorizó el corso.
Pocos días después de aquella declaración se pronun- ció Mercedes en contra de la dominación española, mandó tropas el gobierno de Buenos Aires, formaron en la vanguardia las milicias orientales, y, tomadas ya San José, las Piedras y la Colonia, el ejército sitió á Montevideo (1.º de Junio).
La plaza sitiada solicitó entonces el auxilio de la prin- cesa Carlota, invocando su interés en defender los dere- chos de su hermano. El Regente envió á Diego de Souza con un ejército (Agosto), que inspiró el temor de que aunasen su acción sobre Buenos Aires; por un lado Goyeneche que, victorioso en Huaqui y dominador del Alto Perú, podía correrse al Sud, solo ó combinando su movimiento con el de fuerzas procedentes de Chile; y por otro lado la escuadra de Montevideo y los ejércitos unidos de la Banda Oriental y del Brasil. Este plan, cuya realización hubiera concluído con la revolución de Buenos Aires, fué concebido; pero el ministro inglés acreditado en Río de Janeiro impidió que se llevara á cabo, mediando para que los beligerantes celebraran un armisticio (20 de Octubre) á consecuencia del cual se retiraron el ejército portugués al Brasil y el argentino á la Banda Occidental, y se establecieron relaciones cordiales, en el concepto de que los americanos segui- rían gobernando en la Banda Occidental y los españoles en la oriental.
Este arreglo no tuvo efectos duraderos. Rotas las relaciones durante el año 1812, se organizó en Entre- ríos un ejército, el cual atravesó el Uruguay (12 de Octu- bre), triunfó en la acción del Cerrito (31 de Diciembre) y puso sitio por segunda vez á la plaza de Montevideo.
Los sitiados recibieron de España 2000 hombres en los meses de Agosto y Septiembre de 1813; los indepen- dientes improvisaron y confiaron á Brown una escua- drilla, con la cual bloquearon la plaza (Abril de 1814) y dominaron la escuadra española (14 de Mayo). Cerca- dos los realistas por mar y tierra, sin esperanzas de triunfar é imposibilitados de recibir víveres, se rindie- ron al general Alvear mediante una capitulación (20 de Junio).
Cesó en este día para siempre la dominación que los españoles ejercieron en el Río de la Plata.
Lo expuesto en la presente sección enseña que para fines de 1816 habían triunfado completamente los espa- ñoles en algunas regiones de América y que la causa de los americanos desfallecía de modo notable en las demás regiones, excepto en el Río de la Plata. Era fácil presu- mir que el poder de España se dirigiría antes de mucho contra Buenos Aires y sus dependencias. La grande expedición con que Morillo fué á Venezuela en 1815 había sido preparada para el Río de la Plata; y, si entonces no pudo ese ejército aplicarse al fin con que había sido organizado, nada obstaba á que el pensa- miento del Gobierno español se realizase ahora. Se sen- tía la imposibilidad de resistir con éxito á tal operación y los ánimos mejor templados empezaban á preocuparse por la suerte de la América.
Tal fué el momento en que San Martín decidió llevar la guerra al centro mismo de los recursos que el ene- migo tenía en América, es decir, al Perú, apoderándose desde luego de su opulenta capital. Podía tomar el camino del Norte, ya trillado en anteriores campañas, ó el del mar Pacífico, pasando por Chile. Optó por este último. El 17 de Enero de 1817 emprendió la marcha; su pequeño ejército, dividido en dos cuerpos, atravesó la cordillera de los Andes por los pasos de Uspallata y de los Patos; se reunió en el valle de Aconcagua en los primeros días de Febrero; triunfó en Chacabuco el 12 del mismo mes; fué sorprendido y disperso en Cancha- rayada el 19 de Marzo de 1818; pero, rehecho en seguida, obtuvo el 5 de Abril la espléndida victoria de Maipo, que dejó á Chile dueño de sus destinos para siempre.
En Agosto de 1820 partió de Chile con un ejército de argentinos y chilenos; desembarcó en Perú en Sep- tiembre, y tomó á Lima en Julio de 1821.
Mientras San Martín obraba en Chile, Bolívar, que se había retirado vencido á Jamaica y á Haití, invadió otra vez el territorio de Venezuela y adelantando entre derrotas y victorias, hizo proclamar la república vene- zolana en 1818, pasó á Nueva Granada, unió los dos países en un solo estado bajo la denominación de Repú- blica de Colombia (1819), y volvió á Venezuela para proseguir acá la guerra.
Así como San Martín había concebido su plan de ir á combatir la dominación española en el mismo centro de su poder americano, para obligar al enemigo á reti- rarse de las intendencias septentrionales del Río de la Plata; Pezuela, que había sido nombrado virrey del Perú, pensaba que el mejor medio de impedir á San Martín que ejecutase su proyecto era traer la guerra hasta Buenos Aires. El general don José de la Serna, que había tomado el mando militar del Alto Perú, aumentando las fuerzas con otras que había traído de España, abrió, pues, en Enero de 1817 la campaña ideada por Pezuela, enviando delante de sí la vanguar- dia bajo las órdenes de Olañeta. La expedición avanzó luchando con muchas dificultades y se apoderó sucesi- vamente de Jujuy y de Salta.
La Serna debía seguir á Tucumán, auxiliado por refuerzos que había recibido; pero la noticia de que San Martín había triunfado en Chile, la hostilidad tenaz é implacable de los gauchos de Güemes, y también el haber sabido que fuerzas argentinas habían penetrado en el Alto Perú y sublevaban sus poblaciones, decidie- ron á La Serna á desistir de llevar adelante sus opera- ciones y á retirarse á su punto de partida.
Cuando llegó, con sus tropas y bagajes muy dismi- nuídos, sonaba por todas partes el nombre de Lamadrid, jefe de las fuerzas argentinas que habían invadido las intendencias del Norte. Había obtenido ventajas impor- tantes; pero, derrotado luego, tuvo que retirarse á su vez y los realistas quedaron dominando aquella comarca.
Esa dominación era perturbada, empero, incesante- mente por partidas de americanos, muchas de ellas procedentes de Jujuy y de Salta, que llevaban á los realistas ataques imprevistos y les impedían obrar con libertad y tener asegurada su alimentación. La necesi- dad de alejar tan molestos enemigos y de proporcio- narse víveres indujo á La Serna á disponer que Olañeta y Valdés entrasen en el territorio de Jujuy á principios de 1818, y Olañeta y Cantirac en 1819; pero estas ope- raciones carecieron de propósito transcendental y de verdadera importancia. Todavía en 1820 se dispuso el general don Juan Ramírez, sucesor de La Serna, llevar una campaña á Jujuy y Salta; más no se lo permitieron las ventajas que San Martín conseguía en el Perú, las cuales obligaron al virrey Pezuela á oponerle todas las fuerzas que tenía disponibles.
Los argentinos dominaban, pues, sin dificultad todo el territorio que se extiende al Sud de Jujuy; pero divi- didos y debilitados por incesantes luchas internas, no pudieron impedir que los portugueses aprovecharan este estado de anarquía para apoderarse de la Banda Oriental. Penetraron en ella por varios puntos en 1816. La división de Lecor, que invadió por el Sudeste, mar- chó en dirección á Montevideo y tuvo la fortuna de que el Cabildo y el pueblo de esta ciudad salieran á recibirle con gran solemnidad y extremado entusiasmo (20 de Enero de 1817). La división de Curado penetró por el Norte y luchó con los campesinos é indígenas del país, de Entre-ríos y de Corrientes, hasta 1820, en cuyo año quedó terminada la conquista y asegurada la paz de esta provincia, que en adelante se apellidó cisplatina.
SECCIÓN 11 Sucesos políticos desde 1820
Las proposiciones de paz, amistad y comercio que Belgrano había hecho, antes de abandonar el Paraguay al jefe que lo había atacado en el Tacuarí, con el ánimo de divulgar entre sus oficiales y soldados paraguayos ideas de independencia fueron conocidas inmediata- mente y dieron el resultado que el autor había tenido en vista (CXXXVII).
En cuanto aquellos oficiales llegaron á la Asunción comunicaron sus nuevas ideas á varias personas influyentes; éstas las apoyaron y ordenaron, y la guar- nición se pronunció. El gobernador no opuso resisten- cia; por manera que los revolucionarios pudieron cons- tituir un gobierno provisional, compuesto del mismo ex-gobernador Velasco, el doctor José Gaspar de Fran- cia y don Juan V. Zeballos, el cual convocó una Asam- blea de diputados.
Esta asamblea, instalada á mediados de Junio (1811) declaró que el Paraguay se gobernaría á sí propio y enviaría diputados á la Junta de Buenos Aires, cuyas leyes y decretos no obligarían al Paraguay sino después que fuesen aprobados por la asamblea general de esta provincia. Es decir que los paraguayos, al emanciparse del poder español, asumieron su autonomía interna y conservaron con Buenos Aires las relaciones propias de una confederación, las cuales fueron consagradas en un tratado que los gobiernos de ambos países celebra- ron el 12 de Octubre.
Una segunda asamblea, reunida dos años después, declaró rescindido ese tratado, constituyendo de hecho la independencia del Paraguay ; abolió el triunvirato y lo sustituyó por dos cónsules, que lo fueron el Dr. Fran- cia y don Fulgencio Yegros. El Dr. Francia tuvo tanto ascendiente respecto de su colega, que fué el verdadero gobernante, aunque cuidara de no parecerlo. Habiendo este político astuto conseguido que el congreso de 1814 se compusiera principalmente de parciales suyos, se hizo nombrar dictador único por 5 años; gobernó satis- factoriamente y se sirvió de la confianza que inspirara para que el congreso de 1816 lo nombrase dictador perpetuo.
Desde este momento gobernó tiránicamente; se impuso á todos por el terror y aisló el Paraguay del mundo entero, privándolo absolutamente de toda comunica- ción, porque no cundiesen entre sus habitantes las ideas liberales y el espíritu democrático de otros pue- blos, y principalmente las ideas y las prácticas revolu- cionarias de las provincias argentinas (1).
Sería imposible tener un concepto claro y verdadero de los hechos políticos que se sucedieron en el Río de la Plata desde 1811 hasta 1820, si no se conociesen el grado de civilización del pueblo y sus tendencias con- génitas. Esta consideración me determina á darlos á conocer desde luego, aunque con menos latitud que la dada á este mismo asunto en la parte relativa á la Banda Oriental.
La población era urbana y rural, ambas muy diferen- tes entre sí. La rural, compuesta de naturales, mestizos y criollos principalmente, era la más ignorante y la de más incultas costumbres. Los naturales eran, en gran parte, salvajes, y, por lo tanto, carecían en absoluto de las ideas y de los hábitos morales y jurídicos cuyo régimen constituye en los centros civilizados el consor- cio del orden con la libertad individual. No respetaban la autoridad pública, ni el honor, ni la vida, ni la tran- quilidad, ni la propiedad; disponían de personas y cosas á su antojo, y siempre con formas groseras, á menudo crueles.
Los criollos y mestizos que habitaban en los campos tenían costumbres menos primitivas que los naturales de quienes acabo de hablar; pero eran muy ignorantes también, y muy ineducados. Aventajaban á los salvajes en que aprovechaban algo más las industrias de los
(1) Francia gobernó así hasta el año 1840.
pueblos civilizados en el vestir, en su alimentación y en su vivienda; pero tenían igual desprecio por el orden regular propio de la civilización, por los atributos físi- cos y morales de las personas, y por la propiedad. No acostumbraban dirigir su conducta por la razón, sino que seguían ciegamente los impulsos de sus pasiones torpes ó de sus necesidades fortuitas, complaciéndose en abusar de su fuerza. Estas poblaciones bárbaras no se contenían por otra causa que la impotencia, pues el temor les era casi desconocido. En cambio infundían el terror y lo explotaban sin el menor miramiento.
Las poblaciones urbanas tenían ideas, sentimientos y costumbres más morigeradas y regulares incompara- blemente; pero distaban mucho unas de otras bajo el respecto de la civilización. Las pequeñas ciudades y pueblos del interior conocían la obediencia á la autori- dad y el respeto de las personas y de las cosas, pero dentro de límites restringidos. Sus costumbres eran sencillas y rústicas; carecían de todo refinamiento; y, siendo, además, extrema la ignorancia, las pocas rela- ciones sociales que se observaban se debían al hábito impuesto por los gobiernos; por manera que quedaba ancho espacio para que los individuos obraran libre- mente.
Según se acercaban los pueblos á Buenos Aires ó á Montevideo, y según aumentaban en habitantes y en comercio, su grado de civilización avanzaba, se compli- caba, y ganaba en delicadeza. Los tres centros más cultos del Río de la Plata, (prescindiendo del Alto Perú), eran Buenos Aires, Montevideo y Córdoba, pues en estas ciudades se concentraban principalmente el talento, el saber, el comercio, las industrias, las altas funciones de gobierno y la cultura de las relaciones privadas, así como á ellas afluían las personas y fami- lias de posición más ó menos encumbrada, de más ó menos significación que procedían de Europa, de Río de Janeiro ó de Estados Unidos.
Puede decirse, pues, que había en el Río de la Plata dos grados extremos de cultura humana: el entera- mente salvaje, que era el grado mínimo, y el entera- mente civilizado, que era el grado máximo. Entre estos dos grados había otros dos; el bárbaro, que se acercaba mucho al salvaje, y el semi-civilizado, que se aproxi- maba al civilizado. Los salvajes y los bárbaros compo- nían la mayoría de la población rural; los semi-civili- zados componían la población urbana.
Los centros civilizados del Río de la Plata tenían dentro de sí el brillo, la elevación moral y el desenvol- vimiento intelectual de las ciudades europeas, y dife- rían inmensamente, por lo tanto, de las muchedumbres bárbaras y salvajes, que eran la negación encarnada de todos los principios económicos, morales y jurídicos que regían á los pueblos civilizados.
Se sigue de lo expuesto que el estado general de la civilización del Río de la Plata no difería esencialmente del estado de la civilización particular del Uruguay, que con latitud he descripto en el libro segundo.
La gran diferencia de civilización que acabo de hacer notar, no impidió que constantemente obrara en todas las clases del pueblo un sentimiento vigoroso y tenaz, en virtud del cual se consideraban, salvajes, bár- baros y civilizados, hijos de una misma patria, miem- bros de un solo cuerpo, esto es, argentinos.
Con todo, no debe inferirse que en esta unidad de sentimiento patrio se confundían todos los sentimientos de carácter político. Los salvajes, que siempre habían formado numerosas tribus independientes, tenían la costumbre secular de crear su cacique y de obedecer á él solo dentro del territorio que temporaria ó perma- nentemente ocuparan. Aun cuando las necesidades de la guerra los obligara á unirse con otras tribus, cada una conservaba su personalidad y su organización. No concebían, pues, estos pueblos la fusión de tribus en una gran colectividad, ni que los caciques nombrados por ellos fueran sustituídos por funcionarios que per- sonas extrañas les impusieran, ni que la voluntad indi- vidual de cada salvaje fuera suplantada por la voluntad de terceros, sobre todo si éstos les eran desconocidos. El salvaje era, pues, por sus ideas arraigadas y por sus inveterados hábitos, eminentemente localista é indivi- dualista intransigente.
Los bárbaros, clase formada durante la dominación española, no compusieron tribus ni tuvieron caciques ; pero su género de vida los habituó á mirar su voluntad como razón suprema de sus actos, á odiar á todo fun- cionario impuesto que viniera á restringir su autono- mía personal, y á reconocer la autoridad moral de los individuos de su clase que se distinguieran por la auda- cia, por la bravura ó por la inteligencia. Dependiendo, por otra parte, la facilidad y el éxito de sus empresas del conocimiento del terreno y de las relaciones que tuvieran, la necesidad y el sentimiento se unían para hacerles querer especialmente la región en que se habían criado, que conocían palmo á palmo y en que se reunían todas las condiciones de su existencia desor- denada. El bárbaro era, pues, tan regionario é indivi- dualista como el salvaje.
Los pueblos civilizados, á su vez, se habituaron al gobierno semi-autónomo de los cabildos y de las inten- dencias, el cual, si bien no favoreció el desarrollo del individualismo, y acostumbró á reconocer y á respetar la autoridad de funcionarios centrales, engendró el sen- timiento de las entidades locales, se llamasen pueblos ó provincias, y formó el hábito de considerar estas divi- siones administrativas como unidades políticas organi- zadas en la unidad total del virreinato. De aquí que los pueblos civilizados tuviesen ideas, sentimientos y hábi- tos de subordinación á una autoridad central á la vez que ideas, sentimientos y hábitos de autonomía regio- nal, en cuyo último concepto concordaban con el modo de ser de las poblaciones bárbaras y salvajes tanto como en el primero diferían.
La masa de la población bonaerense participaba de las ideas y hábitos regionistas de las demás poblaciones civilizadas, porque recibió, como las otras, el influjo de las prácticas municipales. Pero, si bien tenía también, y en alto grado, el sentimiento de la unidad total admi- nistrativa, no era igual al de los otros pueblos. Así como éstos habían recibido de más ó menos lejos, y siempre indirectamente, el impulso del poder central, el bonae- rense tuvo ese poder en su propio seno desde que se instituyó el virreinato del Río de la Plata, y no sólo se acostumbró á ser gobernado directamente por él, sino también á ver que desde el palacio real de Buenos Aires se gobernaba á todas las intendencias. Así, pues, mien- tras la práctica de la administración local lo determi- naba á considerar á Buenos Aires y su jurisdicción con personalidad propia, con autonomía interna, y la prác- tica de la administración general le hizo concebir el vi- rreinato como un todo, complejo sí, pero indivisible, su condición constante de pueblo capitaleño lo familiarizó con la idea de la preeminencia administrativa de Bue- nos Aires y le inoculó la creencia de que había de par- tir de allí necesariamente toda dirección general.
No era ésta la única diferencia en el modo de conce- bir el gobierno central. La constitución del virreinato había sido unitaria : centralista en las altas funciones, descentralizada en las bajas. Como que los pueblos veían y tocaban esta última parte mucho más que la primera, fué débil en ellos el sentimiento de la centra- lización y fuerte el sentimiento contrario, en cuanto se debió al influjo de los hechos que constituyeron las expe- riencias y prácticas constantes. Pero, como los hombres superiores que había en el seno de esos mismos pueblos percibían los mismos hechos que las muchedumbres, y además las relaciones con el gobierno central que éstas confusamente vislumbraban, no tuvieron nunca ideas descentralistas tan vigorosas y exclusivas como la mayoría de sus comprovincianos.
Buenos Aires difería también bajo tal respecto de los otros pueblos civilizados, por la fuerza natural de los hechos. Sus habitantes aprendieron á distinguir la admi- nistración local de la general; pero, como ambas se ejercían diariamente á su vista, tan acostumbrados estaban á una como á la otra, cuya circunstancia fué causa de que el pueblo porteño no fuera exclusiva- mente centralista, ni exclusivamente descentralista, sino que participaba de ambas tendencias, en mayor ó menor grado, según fuesen la cultura intelectual y el medio social á que las clases pertenecían.
Las tendencias populares de que he dado breve idea se manifestaron en actos políticos de importancia desde que se inició la guerra por la independencia. Habiendo estallado en Buenos Aires la revolución que abolió el virreinato, necesario fué que la primera autoridad revo- lucionaria se constituyese en Buenos Aires, con hombres allí residentes. Y, como el movimiento no tuvo un fin local, sino que se propuso transformar el estado político de todo el Río de la Plata, natural fué también que la autoridad revolucionaria asumiese poderes generales, y llevase su acción á todos los puntos del extinto virreinato.
Este poder, si bien estaba justificado por la necesi- dad, lo estaba á condición de ser ratificado y de que no subsistiera sino mientras los pueblos del Río de la Plata constituyesen un gobierno según su voluntad. Com- prendiéndolo así la Junta del 25 de Mayo, se apresuró á solicitar el reconocimiento, que todas las provincias le prestaron, y á convocar una asamblea de diputados de todos los pueblos que se hubiesen adherido á la revolución, para que dictara una carta fundamental y organizara las funciones administrativas (XLIX).
Llegaron de provincias para el mes de Diciembre (1810), doce diputados elegidos por los cabildos; es decir, por los cuerpos en que con más fuerza obraba el espí- ritu localista. Al tratarse de instalar la asamblea constituyente se notó que estos diputados pretendían agregarse á la Junta para ejercer no sólo facultades constitutivas, sino también las ejecutivas que la Junta ejercía, porque entendían que toda la suma del poder público debía pertenecer desde luego á todo el país, y ser desempeñado por sus representantes.
El presidente Saavedra y otros individuos de la Junta se adhirieron al parecer de los diputados provincianos; el secretario Mariano Moreno y otros se opusieron, alegando que se había convocado una asamblea consti- tuyente, no una asamblea ejecutiva, y que sería una monstruosidad confiar á un congreso numeroso el ejer- cicio del poder ejecutivo, sobre todo de un poder ejecu- tivo revolucionario que necesitaba obrar con mucho vigor, gran rapidez y unidad de vistas. Pero estos moti- vos, si bien atendibles, no eran los que más determina- ron la desinteligencia. Lo que había más transcendental era que la Junta se componía casi completamente de porteños y los provincianos querían intervenir y preva- lecer; era también que Moreno, aunque profesaba las doctrinas del federalismo, pensaba que este sistema no debería adoptarse mientras el país estuviera necesitado de desplegar la mayor energía en la guerra por la inde- pendencia, al paso que sus opositores venían animados por el concepto de que, abolidas las viejas instituciones, los pueblos no tenían superiores á sí mismos, habían adquirido su autonomía y tenían el derecho de conser- varla y de hacerla valer.
La fracción encabezada por Moreno fué vencida en el seno de la Junta constituída el 25 de Mayo; ingresaron los doce diputados provinciales, y Moreno renunció el puesto que ocupaba (2 de Enero de 1811). La Junta quedó compuesta, pues, por una pequeña minoría uni- taria y por una mayoría federalista, la cual comenzó sin demora á obrar de acuerdo con sus ideas. Uno de los primeros actos de esta asamblea fué decretar que los antiguos gobernadores fuesen reemplazados por juntas, dotadas con las atribuciones que aquéllos habían tenido, y que esas juntas, que residirían en la capital de las provincias respectivas, fuesen elegidas por éstas. El derecho electoral no pertenecería á una clase de pueblo desde entonces, sino que lo ejercerían hasta los indios (10 de Enero).
Los que pensaban como Moreno se consagraron á difundir sus ideas por la prensa aumentando la actividad de la Sociedad patriótica, fundada en 1810, la cual se ocupó en sesiones públicas de asuntos de interés gene- ral, aunque sin el propósito de derrocar por la fuerza la situación creada en Diciembre del año anterior. Temie- ron, sin embargo, los federalistas que tal propaganda pusiera en peligro la duración de su poder; y, habién- dose resuelto á asegurar su posición por la violencia, organizaron un pronunciamiento de pueblo inculto y de tropas, que estalló en la noche del 5 al 6 de Abril y exigió que fueran separados de la Junta los cuatro uni- tarios que en ella habían quedado, y que se desterrasen varias personas conspicuas de la ciudad, que como aquellos cuatro opinaban. Así se hizo, sin pensar en las pasiones que nacerían, ni en las consecuencias que podrían seguirse.
Pocos días después se cumplían órdenes de la misma Junta sustituyendo al unitario Belgrano por el federa- lista Rondeau en el mando del ejército que se organizaba en la Banda Oriental para oponerlo á los realistas de Montevideo, y realizando otro de no menor transcen- dencia. Artigas, que había desertado del ejército español por desavenencias con su jefe (CVIII), y presentádose á la Junta á principios del año (1811), fué nombrado para que cooperase en la sublevación, ya comenzada, de las poblaciones campesinas de la Banda Oriental, en cuyo encargo decidió la consideración de que, por ser prestigioso el oficial de blandengues entre aquellas gentes, y nacido en el mismo territorio, era el más indi- cado para atraer á las muchedumbres bárbaras y sal- vajes y para encabezar el poder localista que aquellas masas de población, á la par que todas las argentinas análogas, representaban. Como Artigas desempeñara su cometido á satisfacción de la Junta, decidió ésta, en consonancia con sus ideas de federación, que los uru- guayos formaran en la vanguardia del ejército que Bel- grano había empezado á organizar, y que Artigas fuera el jefe de ellas. Así sucedió que, al tomar Rondeau el mando superior, lo presentó como comandante de las milicias orientales; y presidiendo, por lo mismo, un grupo de combatientes distinto de los demás, cuya dis- tinción se definía por sus caracteres locales. Artigas fué destinado, pues, por la Junta de Buenos Aires, para que encarnara en su patria, desde el primer día de su apa- rición en la escena revolucionaria, las tendencias des- centralistas ó federalistas que ella representaba desde fines del año anterior, y que quería hacer prevalecer en la constitución argentina.
Entretanto la Junta se desautorizaba por la falta de nervio en la dirección de la guerra y por los desaciertos que cometía, defectos debidos principalmente á su com- posición numerosa y heterogénea ; y la necesidad de un cambio, sentida por todos, se impuso al saberse, tras la desgraciada terminación de la campaña del Paraguay, el desastre de Huaqui. Cediendo entonces la Junta á la presión de las circunstancias, resolvió dividir el poder público en dos cuerpos: uno formado por ella misma con el nombre de Junta conservadora, que desempe- ñaría funciones legislativas, y otro de tres personas que, con el nombre de Poder ejecutivo, ejercería facultades administrativas (23 de Septiembre). Los triunviros pri- meramente designados para el desempeño de este poder fueron Chiclana, Paso y Sarratea, quienes á su vez nom- braron para ministros sin voto á Rivadavia, López y Pérez.
La Junta promulgó á los veinte días (12 de Octubre) la primera constitución política del Río de la Plata, titulada Reglamento de la Junta conservadora, en la cual se organizaron separadamente los poderes legis- lativo, judicial y ejecutivo. Se declaró en ese documento que después del secuestro de Fernando VII « reasumie- ron los pueblos el poder soberano » que habían transmi- tido al rey « con calidad de reversible », pues los hom- bres tienen ciertos derechos « que no pueden aban- donar »; que para que sea legítima la autoridad de las ciudades de « nuestra confederación política » es necesario que nazca del seno de ellas mismas; que comprendiéndolo así mandaron sus diputados; y que habiendo palpado éstos que no es compatible el gobierno de muchos con la unidad de planes, decidieron reservarse el poder legislativo y confiar á otros ciuda- danos el ejecutivo y el judicial.
Esta constitución dió al estado el nombre de Provin- cias Unidas del Río de la Plata, como para significar la naturaleza federal del organismo. Dispuso que la Junta sería conservadora de la soberanía de Fernando VII, por cuya razón gozaría del título de alteza y de los honores correspondientes; y que le incumbiría privativa- mente declarar la guerra, celebrar tratados, crear tri- bunales y empleos, y nombrar los individuos del poder ejecutivo. Declaró que el Poder ejecutivo sería indepen- diente, pero que respondería por sus actos á la Junta conservadora, y que sus individuos ejercerían el empleo durante un año. También declaró que el poder judicial sería independiente y responsable. Nada dispuso acerca del gobierno de las provincias, sin duda porque ya había decretado que cada una se gobernase á sí propia por medio de autoridades de su elección.
El triunvirato que desempeñaba el poder ejecutivo juzgó que la corta duración de sus funciones lo inhabi- litaba para satisfacer debidamente las necesidades de la revolución, y que esta cláusula y la de sujetarlo á responder ante la Junta conservadora importaban anu- lar la independencia de los poderes y erigirse dicha Junta en árbitro absoluto del destino de los pueblos, cuando sus facultades la autorizaban solamente para dictar la constitución del estado.
Solicitó el dictamen del cabildo y de una asamblea de personas caracterizadas, y resolvió rechazar el Reglamento, desconocer la autoridad de la Junta y pro- mulgar un Estatuto provisional del gobierno superior de las Provincias Unidas (22 de Noviembre), por el cual instituyó tres poderes generales: un triunvirato, que se renovaría cada seis meses por terceras partes, con facultades legislativas y ejecutivas amplísimas ; una asamblea general, compuesta por el ayuntamiento y por los diputados de las provincias, cuyo cometido sería elegir los triunviros y autorizar las resoluciones del triunvirato cuando afectasen á la libertad y existen- cia de las Provincias Unidas; y los tribunales encarga- dos de administrar la justicia. Se declaraban partes del Estatuto los decretos que garantían la libertad de imprenta y la seguridad individual. Esta constitución regiría hasta que funcionara el Congreso nacional y no podría ser alterada mientras tanto sino con acuerdo de la Asamblea general. Fué jurada el día 1.º de Diciembre.
Pocos días después (6 y 7 de Diciembre) se sublevó una gran parte del regimiento de patricios so pretexto de que los jefes querían hacer cortar la trenza que entonces usaban los soldados; pero, como resultó del sumario levantado que la sublevación se dirigía á resta- blecer la Junta conservadora disuelta por el Triunvi- rato, el gobierno condenó á muerte á 11 sargentos, cabos y soldados y decretó que los diputados fuesen con- finados en sus provincias en el término de 24 horas. Es decir que en el gobierno central quedó triunfante el partido unitario al terminar el año 1811.
Natural sería suponer que este cambio político verifi- cado en la capital hubiera producido una transforma- ción completa en el organismo de las provincias. No sucedió así, empero. Si bien la Junta federal decretó que los pueblos nombrasen juntas gubernativas, no se cumplió este decreto más que en las ciudades de Cór- doba y Mendoza. En todas las demás continuaron gober- nando los tenientes gobernadores y los comandantes, como hasta entonces. El triunvirato no tuvo que alte- rar, pues, la constitución de los poderes sino en Córdoba y en Mendoza, restableciendo en aquélla la gobernación y en ésta la tenencia.
El Triunvirato se consagró, desde los primeros días de 1812, á satisfacer las necesidades de la guerra por la independencia y á organizar la administración. Con- fiscó los bienes de los españoles ausentes, reglamentó la justicia, hizo sustituir la escarapela española por la blanca y celeste en los ejércitos, abolió el uso de pasear en lo futuro el estandarte real durante las solemnida- des, inauguró la biblioteca pública, prohibió la impor- tación de esclavos y declaró libres á todos los que desde un año después pisasen el territorio de la república, nombró gobernadores intendentes y tenientes goberna- dores para las provincias, etc. (Enero á Junio). Lógico habría sido que cambiara por unitarios los jefes Ron- deau y Artigas que la Junta federal había mandado á la Banda Oriental como representantes agentes de su sistema político. Se abstuvo, sin embargo, de nombrar- les sustitutos. Igual tolerancia observó en otros puntos.
Entretanto los cabildos del interior habían nombrado y enviado representantes á Buenos Aires, para que compusiesen una Asamblea provisional de las Provin- cias Unidas. El 4 de Abril se reunieron 33 de Buenos Aires y 11 provincianos, y la asamblea se instaló, dán- dose á sí la calificación de suprema. El Triunvirato, que miraba con desconfianza la intervención de las asambleas en los negocios públicos, porque pensaba que debilitaría el vigor que la guerra necesitaba, no pudo tolerar que la de Abril se denominase « suprema », es decir, superior al Triunvirato, y decretó á los tres días la disolución de aquel cuerpo, prometiendo al país que inmediatamente convocaría otra asamblea. Esta pro- mesa se cumplió en Junio. Los cabildos fueron solicita- dos de que enviasen diputados con poderes bastantes para formar un plan de elección sobre la base de la más perfecta igualdad política, para señalar la fecha en que se reuniría el Congreso, y para aprobar tratados inter- nacionales.
Este programa, si no podía satisfacer las tendencias democráticas del pueblo, puesto que el Triunvirato se reservaba la omnipotencia legislativa y ejecutiva en los asuntos nacionales; tampoco debía impresionar bien á los españoles por el concepto de que la futura asamblea tuviese poderes « para concluir y sancionar tratados internacionales », porque importaba, no ya organizar una situación temporaria de colonias sometidas á España ó al Rey, sino acentuar el carácter definitivo de estado independiente que había asumido la revolu- ción desde 1810. Este propósito, pública y solemne- mente manifestado, serviría para justificar trabajos internos dirigidos á restaurar el dominio de los espa- ñoles.
Pero esos trabajos existían desde antes. Se había concebido el plan de que Goyeneche se corriera de Norte á Sud, de que los españoles residentes en Buenos Aires se pronunciaran en momento oportuno, y de que, cooperando las fuerzas de Montevideo, se asegurase el triunfo y se escarmentase á los americanos de estas regiones como Goyeneche había escarmentado á los del Alto Perú anteriormente. Goyeneche comenzó sus movimientos en Mayo, operando con éxito sobre Cocha- bamba, pero retardando su marcha al Sud. La coope- ración de Montevideo fué anulada por el armisticio de Abril. Los peninsulares de Buenos Aires quedaban, pues, en una situación desventajosa. Sin embargo se resolvieron, bajo la dirección de don Martín de Alzaga, á sorprender á la guarnición y á deponer el gobierno, en cuanto los preparativos estuviesen terminados. Un negro, esclavo de uno de los comprometidos en la con- juración, denunció el proyecto el 1.º de Julio. Los cons- piradores fueron presos. Alzaga y 37 cómplices, casi todos del alto comercio, fueron fusilados, y desbaratóse el proyecto de restaurar la dominación de España.
Los americanos residentes en Inglaterra y en España habían constituído en aquellos países asociaciones secretas con el fin de realizar la independencia de Amé- rica y de establecer la república en los nuevos estados. Llamábanse logias, y tenían el apelativo Lautaro. San Martín, Alvear, Zapiola y otros argentinos, residentes entonces en España, pertenecían á la Logia Lautaro.
Así que esos personajes vinieron á Buenos Aires (9 de Marzo de 1812) fundaron otra Logia Lautaro, en la cual ingresaron personas de significación política. La Logia se aplicó activamente á influir en el gobierno y en el ejército, ó mejor dicho, á dirigir sus actos, ya fuera atrayendo á su comunidad á los que ejercían altas funciones, ya fuera haciendo ocupar estas funciones por sus afiliados, ó trabajando en el ánimo de gober- nantes y jefes militares, á manera de consejeros ofi- ciosos.
La Logia no conseguía, empero, asegurar su prepon- derancia en los actos gubernativos. Uno de los triunvi- ros se inclinaba en favor de los federales y otro (Sa- rratea) dejaba su puesto por haber transcurrido el tiempo de su cargo. El 6 de Octubre se reunió la Asamblea convocada en Junio. Había en ella representantes uni- tarios y federales; y como éstos no alcanzaran á com- poner mayoría, negaron entrada á dos diputados del otro partido por conseguirla. Dominantes los federales en la Asamblea por este acto, era seguro que reempla- zarían al triunviro saliente por uno que pensase como ellos; y, por consecuencia, que volverían á regir en las dos ramas del gobierno general los hombres del año once. Así sucedió.
La Logia se resolvió entonces á imponerse por la fuerza, ya que contaba con la adhesión del cabildo, de los jefes militares y de una parte del pueblo. San Martín, Alvear, Pinto, Ortiz Ocampo y otros hicieron marchar las tropas á la plaza de la Victoria cerca de media noche (8 de Octubre); concurrieron además el ayuntamiento y grupos de pueblo, y, todos de acuerdo, dirigidos ó estimulados por Monteagudo, depusieron á la Asamblea y á los triunviros y constituyeron nuevo triunvirato (Passo, Rodríguez Peña, y Álvarez Fonte).
El nuevo gobierno se apresuró á convocar la asamblea nacional en condiciones más aceptables que las que hasta entonces habían regido. Decía en su manifiesto que « el eterno cautiverio de Fernando VII había hecho desaparecer los últimos derechos de España ». La incertidumbre política había « hecho flotar de un gobierno provisorio en otro », creando odios y descon- fianzas. El mantenimiento de la república requería la reforma general de la administración y era tiempo de que el pueblo, ejerciendo libremente sus derechos, deliberase acerca de su futura suerte. En vez de enco- mendar á los cabildos, como hasta entonces, la elección de diputados, se mandó que cada ciudad, dividida en ocho secciones, eligiese popularmente y en voz alta ocho representantes, y que éstos, á su vez, nombrasen de acuerdo con el ayuntamiento, los diputados que habían de ir á la Asamblea. Estos diputados tendrían poderes ilimitados para constituir la nación según la voluntad del pueblo.
La Asamblea general constituyente se instaló con mayoría de unitarios el 31 de Enero de 1813 y procedió desde luego como poder legislador de un estado inde- pendiente y libre, sin que el Triunvirato le pusiera reparos por tales atribuciones. Durante este año abolió el Tribunal de la inquisición, declaró al estado indepen- diente de toda autoridad eclesiástica extranjera y pro- hibió que profesasen en órdenes religiosas hombres ó mujeres menores de 30 años ; creó la moneda nacional de oro y plata, declaró feriado el día 25 de Mayo, y aprobó la marcha patriótica escrita por López; abolió los títulos de nobleza y mandó arrancar del frente de las casas las armas y demás distinciones que la signifi- casen ; declaró libres á todas las personas que naciesen ó residiesen en el territorio de las Provincias Unidas, prohibió el uso del tormento é hizo quemar por el ver- dugo, en la plaza, los instrumentos que se empleaban en darlo ; reglamentó la enseñanza de los libertos y pro- hibió que en las escuelas se aplicase la pena de azotes ; promulgó un Estatuto por el cual organizó el poder ejecutivo.
En el mismo año (29 de Noviembre) fueron separados de la intendencia de Córdoba los territorios de Mendoza, San Juan y San Luis, para constituir la nueva intenden- cia de Cuyo. Sus autoridades principales residirían en Mendoza.
Entretanto las provincias se mostraron inquietas ó desordenadas. En la intendencia de Salta, en que se comprendían las teniente gobernaciones de Jujuy, Cata- marca, Tucumán, y Santiago del Estero, los gauchos, armados por la necesidad de contener á los españoles en el Norte, alimentaban las pasiones de caudillos tan bárbaros como ellos, que obedecían las órdenes del coronel Martín Miguel de Güemes. En la intendencia de Córdoba los gobernadores se ven forzados desde 1811 á luchar sin tregua con los federales, á quienes dirige el deán Funes, hasta que en Junio de 1814 una revolución derroca al intendente y declara que no quiere depender en lo futuro del gobierno nacional. La insubordinación federal de Córdoba se extiende á la intendencia de Buenos Aires, y estimula á Artigas y demás caudillos para aliarse y marchar contra la capital de la Repú- blica, halagando la vanidad y la ambición del primero con el título de protector.
Mientras se vencía á los monarquistas de Montevideo y en los meses subsiguientes, los federales estuvieron en guerra encarnizada con el gobierno nacional en toda la intendencia de Buenos Aires, como lo estaban en Córdoba. En Corrientes derrocaron al teniente-gober- nador, reunieron un congreso provincial, y se declararon separados de la autoridad central bajo el protectorado de Artigas (1814). Los que se distinguieron en las peri- pecias de esta campaña fueron el coronel Juan Bautista Méndez, los caudillos Blas Basnaldo, Cano y Antonizo, y el coronel Genaro Perugorría, delegado y represen- tante de Artigas, á quien éste hizo dar muerte por haberse convertido á la causa del Directorio.
En Entre Ríos descolló, entre los secuaces del regio- nalismo, José Eusebio Hereñú. Los gauchos y los sal- vajes lo hicieron su caudillo. Se sublevó contra la auto- ridad central. Habiendo el teniente-gobernador de Santa Fé (general Eustaquio Díaz Vélez) recibido orden de someterlo, tuvo Hereñú la fortuna de salir victorioso, y tras el triunfo hizo declarar ambas regiones indepen- dientes de la autoridad de Buenos Aires y sometidas al protectorado de Artigas (Marzo de 1815).
En la Banda Oriental Artigas, que ya en 1811 come- tiera el acto inhumano de llevar tras de sí violentamente toda la población de su provincia (14 ó 15 mil personas de todas edades y sexos) al retirarse á Entre Ríos cuando se levantó el primer sitio de Montevideo, que había tenido graves desavenencias con el gobierno nacional, que había hostilizado al ejército que venía á sitiar por segunda vez, en 1812, á los realistas de Montevideo, que había expulsado durante este sitio de acuerdo con Rondeau, al unitario general en jefe Sarratea, que luego había querido imponer su voluntad en la elección de los diputados para la Asamblea constituyente, que poco después desertara con sus secuaces del ejército patriota abandonando los puntos que ocupaba en la línea de asedio (1813), mancomunó sus esfuerzos con los caudi- llos de Corrientes y Entre Ríos y envío sobre la plaza uruguaya tomada por Alvear á sus tenientes Rivera y Otorgués para que siguieran aquí la campaña comenzada en Córdoba. En esta ocasión fué derrotado Otorgués primeramente por Alvear y después por Dorrego; pero, éste lo fué á su vez por Rivera en Guayabos (Enero de 1815). Solicitada la acción del gobierno de tantos puntos apartados, y careciendo de tropas para acudir á todos á la vez en sostenimiento de su autoridad y del orden, mandó que las de Montevideo evacuasen la plaza y se retirasen á Buenos Aires (23 de Febrero).
Es decir que las huestes federales de las intendencias de Córdoba y de Buenos Aires dominaban la mayor parte del territorio al comenzar el año quince, y se habían puesto de acuerdo, bajo el protectorado de Arti- gas, para combatir á los unitarios que ejercían el gobierno nacional, hasta vencerlos en el mismo centro de su poder, la capital argentina.
Á este estado de los asuntos internos se agregaba, como se recordará (CXXXVIII), que los ejércitos que sos- tenían en las intendencias del Norte la guerra con los realistas venían sufriendo una serie de terribles desas- tres desde Octubre de 1813, que permitieron al general Pezuela avanzar triunfalmente hasta Salta. El gobierno de las Provincias Unidas se reconocía, por lo mismo, impotente para resistir á la vez á la dominación de España y á la prepotencia de las clases bárbaras del pueblo. Como si estas desgracias no fueran bastantes, se produjo honda división en la Logia Lautaro, siguiendo una parte al ambicioso Alvear, y otra parte al sesudo San Martín, pues ambos se enemistaron por la diversidad de sus opiniones y de su carácter, y fué necesario que el último aceptase el mando del ejército del Norte y luego la gobernación de Cuyo, para que el otro obrara sin desvirtuar sus móviles patrióticos por las sugestiones de la rivalidad.
Resuelto, sin embargo de tantas desgracias, á agotar los esfuerzos en favor de la libertad y del orden, la Asamblea abolió el triunvirato y concentró el poder ejecutivo en un solo director (22 de Enero de 1814) que lo fué desde luego don Gervasio Posadas. Se pensó que con esta medida sería más enérgica y rápida la acción del gobierno. Además se decidió disminuir la jurisdic- ción territorial de los gobernadores intendentes, ya porque así cumplirían éstos mejor sus cometidos, ya porque se restringiría en extensión y en fuerza el influjo de los caudillos regionales. Así, pues, se separaron de la intendencia de Buenos Aires, formando con ellos otras tantas intendencias, el territorio de la Banda Oriental (7 de Marzo de 1814), el de Entre Ríos (10 de Septiembre) y el de Corrientes (en la misma fecha); y se separaron de la intendencia de Salta los de Tucu- mán, Catamarca y Santiago del Estero, para formar la provincia de Tucumán (8 de Octubre).
Pero, como estas medidas no impidieron que los gau- chos y salvajes triunfaran en las provincias reciente- mente creadas, y como ya se tenían noticias de que en España se aprestaba una fuerte expedición de 15 mil hombres destinada al Río de la Plata (la misma que después tuvo que ir á Venezuela — CXXXVI) y mandada por el famoso general Morillo, los poderes públicos nacionales perdieron la esperanza de que el país se salvara por sus propias fuerzas, y á caer de nuevo bajo el poder absoluto de los reyes españoles prefirieron deber la independencia á las potencias europeas, aun- que fuera á condición de regirse por una monarquía constitucional. De ahí que Rivadavia y Belgrano fuesen enviados á Europa en Agosto (1814) para negociar la independencia con Inglaterra y con España á la vez.
En guerra el país con propios y extraños, se juzgó que operaciones tan múltiples, desarrolladas en tan vasta zona, requerían una suprema dirección militar. Renunció Posadas su empleo en Enero de 1815 y vino Alvear á reemplazarle cuando apenas contaba 28 años de edad. Más violento que reflexivo, y bastante orgu- lloso para no pedir ni oir consejos, á pesar de su inexpe- riencia, apartó á San Martín de la intendencia de Cuyo, en donde preparaba su gloriosa expedición al Pacífico, lanzó un decreto severo contra Artigas, amenazó con la horca á los que alterasen el orden público, llamó á las armas á todo el pueblo, y mientras mandó un ejército contra las montoneras victoriosas de Córdoba, de Santa Fé y Entre Ríos, que bajo las órdenes de Artigas se encaminaban á Buenos Aires, se dirigió al Gobierno de Inglaterra manifestándole que el Río de la Plata quería pertenecer á la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obede- cer á su gobierno, vivir tranquilamente al amparo de su protección.
Habiéndose pensado á fines de 1814 en nombrar á Alvear para que mandase el ejército del Norte, que estaba bajo las órdenes de Rondeau, y temiéndose que no fuera bien recibido, envió el Gobierno varios jefes y oficiales como para preparar una buena acogida; pero el ejército se pronunció contra ellos en Tucumán y el general en jefe dió orden de que se les tuviera presos. Este hecho hace concebir que el nombramiento de Alvear para director del estado no había de ser del agrado de Rondeau; y de los jefes que le seguían. Se hallaba el ejército en Huamanga (Perú) cuando recibió la noticia. Allí mismo declaró que le negaba su recono- cimiento; es decir, que no se sometía á su autoridad (30 de Enero de 1815).
Por su parte la división enviada al encuentro de los montoneros aliados mandados por Artigas, que de Santa Fé se dirigían á la capital de las Provincias Unidas, según había propuesto Córdoba, se sublevó al llegar á Fontezuelas (provincia de Buenos Aires) obedeciendo á los coroneles Ignacio Álvarez Thomas y Eusebio Val- denegro, quienes hicieron causa común con los federa- les (12 de Abril). Dos días después intimaron al gene- ral Alvear que renunciase el mando. El 15 el cabildo y los federales de la misma capital apoyaron á los suble- vados de Fontezuelas; y Alvear, viendo armados en contra suya al ejército y al pueblo, abandonó el poder el día 18. La Asamblea se disolvió en seguida.
Convocóse inmediatamente en la ciudad una asam- blea, y ésta, conjuntamente con el cabildo, nombró al general Rondeau para que desempeñase el empleo de director, designó al coronel Álvarez Thomas para que lo ejerciese mientras no viniera el nombrado, y consti- tuyó una Junta de observación con facultades constitu- cionales y legislativas (20 y 21 de Abril).
En los días subsiguientes el cabildo de Buenos Aires halagó á Artigas con los títulos de ilustre y benemérito; el gobernador aliado de Córdoba le envió una espada de oro cubierta de pomposas inscripciones; el director interino hizo aprehender y engrillar, por complacerle, á los unitarios más caracterizados que habían figurado en el primer directorio y en la asamblea, y la Junta de observación se ocupó de redactar un ESTATUTO PROVI- SIONAL PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en conformidad con las doctrinas del federa- lismo.
Las sublevaciones militares no merecen aprobación en ningún caso, porque nada hay más sometido por su naturaleza á la ley de la obediencia, que el ejército. Los que sirven en él deben tener ciencia é inteligencia para cumplir las órdenes que reciben directa ó indirecta- mente del Poder ejecutivo, pero no para juzgar el acierto ó desacierto de esas órdenes, y menos para rebelarse contra ellas. El ejército no es un poder polí- tico; los militares que en él sirven no pueden ni deben ocuparse de política; el militar que quiera ser político debe renunciar antes el empleo que tenga en el ejército. Esta es la buena doctrina. Su infracción es indisciplina, y nada hay tan funesto como un ejército indisciplinado, aun cuando pueda suceder alguna vez que un acto de insubordinación salve momentáneamente de un peligro.
Las sublevaciones de Huamanga y de Fontezuelas fueron actos vituperables, tanto más cuanto que, habiendo sido consumados por tropas regulares, fomen- taban y en cierto modo autorizaban los desórdenes de las milicias campesinas, compuestas de gauchos y de salvajes. Debe decirse, empero, no como justificación, ni como atenuación del delito, sino como simple aseve- ración de un hecho, que la sublevación de Fontezuelas tuvo, al lado de su faz mala, la de haber suprimido el motivo de que las muchedumbres bárbaras que seguían á los caudillos coligados bajo la dirección política de los cordobeses y la jefatura militar de Artigas conti- nuaran su marcha devastadora hacia Buenos Aires, y la de haber dado ocasión á que vinieran al poder indi- vidualidades cultas, en vez de las siniestras que lo habrían tomado, si hubiesen sido los campesinos quie- nes entraran en Buenos Aires y constituyeran las nue- vas autoridades.
Debido á esta circunstancia, pudo componerse la Junta conservadora con personas ilustradas y promul- garse poco después (5 de Mayo de 1815) una constitu- ción, no perfecta, pero sí notable y plausible por más de un concepto.
Componíanla 8 secciones, en las cuales se trataron latamente estas materias : de los derechos y obligacio- nes de los individuos, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, de las elecciones y funcio- nes electivas, del ejército y la armada, de la seguridad individual y la libertad de imprenta, y de la Junta de observación.
Todos los habitantes, fueran nacionales ó extranjeros, gozarían de estos seis derechos : la vida, la honra, la libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad y la seguridad, y deberían respetar la religión católica apostólica romana, que sería la del estado. Todos los hombres, mayores de 25 años, nacidos y residentes en el país, serían ciudadanos activos y pasivos. Gozarían de la ciudadanía activa todos los extranjeros (menos los españoles) mayores de 25 años, con 4 ó más años de residencia en el país, que tuvieran propiedad inmueble ó alguna profesión útil y supiesen leer y escribir; y podrían ser elegidos para ejercer funciones públicas, no siendo las de gobierno, desde que tuvieran 10 años de residen- cia, y aun para las de gobierno, si renunciaran á toda ciudadanía extranjera. Toda autoridad que privase de un derecho político ilegalmente incurriría en la pena del talión. En cambio todo hombre estaría obligado á someterse completamente á la ley y á obedecer, honrar y respetar á los funcionarios públicos.
El poder legislativo residía originariamente en el pueblo. Lo ejercería en nombre suyo la Junta de obser- vación, en lo que fuera más urgente, hasta que se reu- niera el Congreso general de las provincias, en la ciudad de Tucumán.
El poder ejecutivo sería desempeñado en todo el territorio por un director del estado, elegido todos los años. Le incumbiría, entre otras cosas: el mando y organización de las fuerzas de mar y tierra ; la conser- vación del sosiego público; la administración de los fondos ; el nombramiento de sus ministros, de agentes diplomáticos y consulares, y de jueces; el fomento de las industrias; el negociar y concluir tratados. No podría disponer ninguna expedición militar fuera de la provincia, sin previo consentimiento de la Junta de observación, reunida con el Cabildo y el Tribunal del consulado.
El poder judicial sería desempeñado por los tribunales y jueces ya instituídos.
Serían elegidos : el director del estado, los diputados que formaran el congreso general, los cabildos, los gobernadores de provincia y los individuos de la Junta de observación. El pueblo elegiría directamente cierto número de electores, y éstos, reunidos en asamblea, designarían los funcionarios. Los tenientes-gobernado- res serían nombrados por el director, de una terna que le presentaría el cabildo de la capital de provincia.
Las fuerzas de mar y tierra serían administradas según disponían las ordenanzas. Pertenecerían á la milicia cívica todos los habitantes americanos, así como los extranjeros que tuviesen más de 4 años de residen- cia en el país, desde que hubiesen cumplido 15 años de edad, hasta la de 60. La fuerza armada obedecería al Director; pero solo á la Junta de observación, desde que ésta y el cabildo declarasen que aquél había clau- dicado ó que obraba contra la salud y la seguridad del estado.
Las acciones privadas de los hombres que no afecta- ran al orden público estarían exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie estaría obligado á lo que la ley no mandase clara y expresamente, ni privado de lo que ella no prohibiese del mismo modo; ni podría ser penado, ni confinado, sin forma de proceso y sentencia legal. Todo hombre tendría el derecho de resistir con la fuerza la prisión de su persona ó el embargo de sus bienes, si se intentaran fuera de orden ó sin las forma- lidades legales. El auxiliar esa resistencia no se repu- taría criminal. Sería libre la manifestación escrita del pensamiento.
La Junta de observación se compondría de 5 vocales. Éstos serían inviolables, estarían exentos de toda auto- ridad, y sus funciones durarían todo el tiempo que las del director del estado.
Basta el resumen que acabo de hacer para que se comprenda el valor doctrinal de la constitución de 1815. Ninguna ó casi ninguna de sus disposiciones sería anti- cuada hoy en día, á los ochenta años de haber sido promulgada ; muchas merecen todavía el juicio de avan- zadas; algunas han de parecer de un radicalismo atre- vido, y no faltan artículos que los pueblos más liberales mirarían como innovadores y peligrosos. He escrito con bastardilla los que me parecen más dignos de atención. Esto demuestra cuanta era la ilustración jurídica de los autores, y cuan liberal su criterio político.
Sin embargo, el trabajo revela que no tenían un con- cepto perfecto de la federación, á pesar de su ciencia. La federación es un organismo de estados, regido por dos principios fundamentales. — 1. Cada estado fede- rado es autónomo respecto de todo lo que á él solo le interesa de modo particular. Su pueblo atiende á sus necesidades peculiares, según su opinión y su voto por medio de un poder que constituye, de otro que legisla, de otro que juzga, de otro ú otros que desempeñan las demás clases de funciones administrativas. — 2. Los intereses comunes á todos los estados federados son satisfechos por autoridades igualmente comunes; es decir, por un poder constituyente, por un poder legis- lador, por otro judicial, por otro ejecutivo; cuyos pode- res son federales, porque el estado complejo que forman los federados es un estado federal. — En este sistema cada estado federado es independiente de los otros y del federal en cuanto á su organismo interno atañe; pero depende del estado federal en cuanto interesa á la comunidad de la federación.
Ahora bien: la constitución del año quince consagra los principios federativos en cuanto organiza los pode- res generales y estatuye que cada provincia elegirá el gobernador que desempeñe el poder ejecutivo de la misma; pero no los consagra en cuanto omite las fun- ciones constitucionales, las legislaturas y los poderes judiciales de provincia y dispone que los teniente-gober- nadores sean nombrados por el director, lo que impor- taba crear poderes antagónicos con los del gobernador. Esa constitución es en parte federativa; pero tiene más de unitaria. Si la asamblea unitaria derrocada la hubiese dictado, sería una expresión de sus principios ligeramente modificados por dar á los caudillos la satis- facción de ser gobernadores de sus provincias; pero, dictada por una junta revolucionaria que proclamaba la federación, revela: ó bien que los mismos federales ilustrados temían que su sistema político diera funestos resultados si se adoptaba netamente, ó que no se tenía todavía entonces idea exacta de lo que era la federación.
Lo que interesa ver ahora es cómo cumplieron las provincias y el gobierno central la parte federativa de la constitución y cómo la parte unitaria.
El director interino nombró para ministros de gobierno, de hacienda y de guerra respectivamente: á don Gregorio Tagle, político hábil, flexible y poco escrupuloso; á don Manuel Obligado, y al general Mar- cos Balcarce. El gobierno convocó la asamblea consti- tuyente, retiró los poderes que Posadas y Alvear habían dado á Rivadavia y á Belgrano para negociar en Europa la independencia, y cediendo á exigencias del partido vencedor más que á sus propias concepciones, nombró una Comisión civil de justicia y una Comisión militar ejecutiva para que procesaran á los individuos del par- tido contrario que de algún modo se hubieran distin- guido. La primera desterró ó confinó á numerosos ciu- dadanos espectables por el solo hecho de haber sido partidarios del gobierno vencido; y la segunda proce- dió de igual modo respecto de militares á quienes no se les halló más delito que el de haber cumplido el deber de ser fieles al gobierno de quien habían depen- dido, y aun llegó á hacer fusilar á uno.
Se tuvo la esperanza de que cesara ó disminuyera el desorden de las provincias, y se confirmó al ver que Artigas, el más implacable, turbulento y temible de todos los caudillos, cuyo poder había llegado á su apo- geo por la unión de las cuatro provincias y la teniente- gobernación que habían reconocido su protectorado, enviaba desde su cuartel general de Santa Fé « al muy benemérito pueblo de Buenos Aires » una proclama en la cual procuraba justificar su conducta pasada, le daba la enhorabuena y hacía votos porque « nada fuese capaz de contrariar la unión de todas las provincias » y en lo futuro no se viese en todos otra cosa que « una sola gran familia de hermanos » (29 de Abril).
Sin embargo, no sucedió así. Aunque en la provincia de Tucumán siguió gobernando el general Araoz por- que, si bien nombrado por Posadas, se adhirió á la causa federal, la provincia fué agitada por el levanta- miento del coronel Juan Francisco Borges. Este caudillo depuso al teniente-gobernador de Santiago del Estero, ocupó su lugar y negó obediencia al gobernador Araoz (Diciembre de 1816). Belgrano, que mandaba á la sazón el ejército del Norte y era capitán general de las provin- cias que librase del poder de los españoles, tuvo que marchar contra Borges. Lo venció y lo hizo juzgar. Se le castigó con la última pena.
En la provincia de Salta asumió el gobierno el cabildo (Mayo de 1815); pero el mismo día fué obligado por el coronel Güemes á convocar al pueblo, y el pueblo, com- puesto en su mayoría de los gauchos que seguían al famoso caudillo federal, lo proclamó gobernador. Lo irregular de esta elección no impidió que gozara el poder hasta pocos días antes de su muerte, ni que lo ejerciera con absolutismo desenfrenado, aunque reconociendo que su provincia pertenecía á la Unión y conservando con las autoridades nacionales tratos tan cordiales como fueran compatibles con su natural indisciplina, con su arbitrariedad y con sus torpezas.
La revolución federalista había llevado al gobierno de Córdoba al coronel José Javier Díaz, quien se creyó seguro en él, durante algunos meses, por contar con la protección de Artigas. Pero se encontró con que la teniente-gobernación de la Rioja no le obedecía, sino que se declaraba separada de su dependencia. Consiguió que el capitán José Caparrós, de acuerdo con una frac- ción del pueblo, depusiera al teniente-gobernador (Abril de 1816); mas éste no tardó en recuperar el poder y se conservó independiente del gobierno provincial. Algunos meses después (Septiembre) el mismo Díaz tuvo que luchar con el comandante Juan Pablo Bulnes, y fué vencido. Las autoridades centrales nombran entonces para sustituirle á don Ambrosio Funes. Bulnes le resiste, mas el nuevo gobernador triunfa á fines del mismo año, el federalismo y el protectorado de Artigas se interrumpen, y vuelve entonces la Rioja á la sumi- sión del gobernador (Diciembre de 1817).
Se eligió el gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires á los quince días de promulgado el ESTA- TUTO, y el electo permaneció en el puesto los tres años que esa constitución señalaba. Pero no porque la pro- vincia hubiese estado en paz. El día anterior á la elec- ción el coronel Valdenegro y el mayor Enrique Martí- nez intentaron un motín militar contra el comandante de armas y los generales Viamont y Díaz-Vélez; pero fueron aprehendidos y desterrados. También en Santa Fé eligió el pueblo el teniente-gobernador poco después de publicado el ESTATUTO, cuya elección recayó en el mismo que desempeñaba interinamente las funciones, (Francisco A. Candioti), federal decidido que tuvo per- manentemente enarbolada la bandera separatista. El cabildo entabló comunicaciones con el director, dis- puesto á emanciparse del protectorado de Artigas, cuyas milicias habían infundido temor en los habitan- tes, y consintió en que viniesen fuerzas de observación (1500 hombres) destinadas á contener á los revoltosos (Agosto); por manera que tanta inquietud inspiraban los federales campesinos al gobierno de su partido, como habían inspirado al unitario.
Habiendo fallecido el teniente gobernador, se eligió el sustituto; se hizo arriar la bandera de Candioti, y se cambió el personal de la administración. La situación parecía modificada en el sentido de sacudir la prepoten- cia de Artigas; pero en Marzo del año siguiente (1816) se sublevaron dos compañías enviadas contra los indios, de una de las cuales era teniente Estanislao López. Estas fuerzas se reunieron con otras que Artigas había enviado desde Entre Ríos y todas, obedeciendo órdenes de Mariano Vera, á quien proclamaron teniente-gober- nador, sorprendieron al teniente-gobernador y al gene- ral Viamont, jefe de la fuerza de observación, obligando al primero á huir y al segundo á capitular.
El directorio nombró entonces al general Belgrano para que con nueva división obrase sobre Santa Fé. Belgrano, prefiriendo un avenimiento á la guerra, encomendó al general Díaz Vélez que tratase con Vera; y efectivamente se puso de acuerdo, pero para suble- varse contra Belgrano y contra el Director, cuyo pacto se firmó en Santo Tomé (11 de Abril). Belgrano fué preso; las tropas se adhirieron al tratado, y Álvarez Thomas renunció el poder.
La Junta conservadora y el cabildo nombraron enton- ces al brigadier Antonio González Balcarce. El tratado de Santo Tomé fué ratificado; pero no por eso hubo paz con los federales artiguistas de Santa Fé, pues el mismo Díaz Vélez tuvo que marchar contra el gobernador Vera, quien llegó á la capital de la teniente-gobernación, luchando con dificultades de todo género (Agosto); mas también fué obligado á retirarse y á sufrir pérdi- das. Los vencedores, cuyo director militar fué Estanis- lao López, cometieron numerosas crueldades durante esta campaña y aun después del triunfo.
Es decir que los federales de la teniente-gobernación de Santa Fé estaban divididos en artiguistas y en anti- artiguistas. Los mismos artiguistas no estaban confor- mes con Artigas en cuanto á los vínculos que los liga- ban. Aquéllos miraban á éste solamente como aliado protector; éste entendía que debían estarle absolutamente sometidos. De esta diferencia de conceptos nació durante la campaña que acabo de referir un episodio que demues- tra bien el sentimiento del pueblo santafesino y las pre- tensiones del caudillo uruguayo. Proclamado Vera teniente-gobernador por las tropas sublevadas, recibió á un comisionado de Artigas, don Ramón Toribio Fernán- dez, que exigió en nombre del Protector que Vera impu- siese una contribución al pueblo y se la diese juntamente con la artillería, fusiles, tercerolas y demás armas que el general Viamont había dejado al capitular. Como su demanda no fuese atendida, redujo á prisión al Goberna- dor, lo remitió al Paraná, ordenó á Hereñú que le remachase una barra de grillos y lo pusiese en un cala- bozo, por rebelde á las órdenes del Protector, y al día siguiente convocó al pueblo para que eligiese otro teniente-gobernador (9 y 10 de Mayo de 1816). Pero el pueblo se reunió armado para imponerse al comisionado de Artigas, á quien exigió que hiciera regresar á Vera en completa libertad. Fernández, amedrentado, obede- ció y Vera fué recibido el día inmediato por el pueblo, y aclamado con estrépito.
Hereñú asumió la gobernación de una parte de la provincia de Entre Ríos en 1815, y la ejerció con la protección de Artigas hasta Diciembre de 1817, desde la ciudad de la Bajada del Paraná. Le obedecían otros caudillos entrerrianos secundarios, tales como Evaristo Carriego, Gervasio Correa y Gregorio Samaniego, que ejercían su poder semi-autónomo hacia el Sud. Su dominación fué combatida por el directorio federal mientras estuvo en Santa Fé el general Díaz Vélez, pues éste mandó contra él una división bajo las órdenes del coronel Federico Holmberg; pero Hereñú resultó vence- dor é intervino luego en la rendición del general. Desde entonces no sufrió persecuciones del directorio federal; pero sí la rivalidad de Francisco Ramírez, caudillo de la Concepción del Uruguay, y la prepotencia avasalla- dora de Artigas, quien disponía de las personas y de las cosas de Entre Ríos para sus empresas como si le pertenecieran. Hereñú y sus tenientes ya nombrados llegaron á considerar con mayor aversión el despotismo del Protector desde que éste hizo nombrar al coronel José Francisco Rodríguez para gobernador. Entonces se decidieron á emanciparse de él en cuanto hubiese oca- sión favorable. Se presentó cuando los portugueses invadieron la Banda Oriental (CXXXIV). Obligado Arti- gas á contraer toda su fuerza á la defensa de su provin- cia, y debilitada por lo mismo su acción exterior desde los desastres del Arapey y del Catalán, creyeron fácil Hereñú y sus secuaces pronunciarse contra la domina- ción del caudillo oriental, reconociendo la autoridad del directorio. Este pronunciamiento se verificó en Diciembre de 1817, apoyado por fuerzas nacionales; pero no estuvo destinado á triunfar, como se verá poco después (CLIII).
También en la provincia de Corrientes se sucedieron las revueltas durante el régimen federal. Basualdo había nombrado un gobernador en 1815. Á éste sucedió otro en el mismo año. Fué depuesto á su vez por los anti artiguistas, pero volvió al poder inmediatamente. Le siguió en 1816 Méndez, artiguista. Los que no querían la tutela del caudillo oriental le hicieron la guerra, pero fueron vencidos otra vez y sus jefes enviados al campamento de Artigas. Al ser repuesto, Méndez ordenó, por obedecer á su Protector, que se forzara al servicio de las armas á cuantos pudieran llevarlas, mientras el indio misionero Andrés Tacuary, llamado también Andresito Artigas, y más comúnmente Andre- sito, hijo adoptivo del Protector, hacía otro tanto en las Misiones, disputando á los paraguayos el dominio de este territorio. Todas estas fuerzas eran para el ser- vicio de Artigas. Las indiadas reunidas en Corrientes se confiaron al mando del coronel José Francisco Bedoya; pero éste, en vez de emplearlas según la volun- tad de Artigas, se sublevó, depuso á Méndez, se puso en comunicación con el gobierno nacional, convocó un congreso de correntinos é hizo confirmar el nombra- miento de gobernador que ya había recibido de sus sol- dados (1817).
Por su parte la provincia oriental soportaba pruebas no menos duras. Vencido Dorrego en Guayabos, y abandonada la plaza de Montevideo por las tropas nacio- nales, entró en ella Otorgués y se arrogó el mando. Los actos de salvajismo que él y sus soldados cometieron horrorizaron tanto á la culta población de Montevideo, que Artigas tuvo que ceder al clamor de sus mismos par- ciales sustituyéndolo por Rivera y enviando más tarde á don Miguel Barreiro para que gobernase según sus instrucciones y como delegado suyo.
Así que cayó el poder de los unitarios, el nuevo direc- tor nombró comisionados para que tratasen la indepen- dencia de la Banda Oriental. Artigas desechó en abso- luto la proposición de la independencia y opuso un proyecto por el cual declaraba que la Banda Oriental era una provincia argentina y estaría sujeta á la cons- titución que dictase el Congreso que pronto había de reunirse, á la vez que exigía que las provincias de Cór- doba, Entre Ríos y Corrientes, y la teniente-goberna- ción de Santa Fé permanecieran bajo la protección de la provincia oriental y sometidas « á la dirección del Jefe de los orientales » mientras voluntariamente no quisie- ran separarse. Los comisionados del directorio federal procuraron transigir repitiendo al día siguiente su pro- puesta de que la Banda Oriental fuese independiente y agregando que las provincias de Corrientes y Entre Ríos quedarían en libertad para ponerse bajo la protec- ción del gobierno que quisieran. Pero Artigas, que no quería la independencia de su patria y sí la mayor can- tidad de poder posible para imponerse en su provincia y fuera de ella, rechazó también esta propuesta y que- daron rotas las negociaciones (Junio de 1815). Esta ruptura fué la que determinó al director Álvarez á man- dar sobre Santa Fé la fuerza de observación que comandó el general Viamont.
Los portugueses aprovecharon esta coyuntura para invadir la Banda Oriental, como queda referido (CXXXIV), y de ahí que en las Misiones, en Corrientes y en Entre Ríos se apresurasen los caudillos artiguistas á reunir indiadas para oponerlas al invasor del Uruguay. El gobierno argentino propuso todavía arreglos á Arti- gas, con el fin de repeler todos unidos los ejércitos por- tugueses, mas el caudillo incorregible prefirió la domi- nación portuguesa al avenimiento con el gobierno nacio- nal, y fué motivo de que la causa de la independencia uruguaya quedase vencida en el decurso de 1817.
De lo expuesto se deduce que si los unitarios habían sido impotentes para hacer respetar la autoridad de su gobierno y para someter por la fuerza á las poblaciones de las provincias antes de 1815, no fué menor la impo- tencia de los federales ilustrados que se apoderaron del gobierno en Abril de ese año, como que Salta, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos y el Uruguay no se le subordinaron, ni se ocuparon de cumplir, siquiera fuese aparentemente, las disposiciones del famoso ESTATUTO PROVISIONAL. Las pocas provincias que estuvieron en buenas relaciones con el gobierno general no aprove- charon la paz para organizarse constitucional ni admi- nistrativamente, y á las otras les sirvió su separación de hecho solamente para vivir en permanente estado de guerra, y sometidas al cacicazgo de caudillos locales y á la prepotencia arbitraria de Artigas, más ó menos duramente ejercida, según fueran las distancias á que estuvieran del cuartel general ó la talla de los mando- nes. En ninguna de ellas hubo constitución, leyes, ni cosa parecida; ni las personas, ni las cosas, estuvieron sujetas á reglas civiles ni políticas. Imperaba la volun- tad variable de los que disponían de la fuerza. Ni entre ellos, ni ellos y el pueblo, existieron relaciones que, siquiera fuese embrionariamente, pudieran reputarse federativas. Artigas dominaba unitaria y absoluta- mente, cuanto le era posible, á su pueblo y á los que le tenían por protector; y cada jefe subordinado domi- naba en su distrito tan unitaria y absolutamente como pudiera. Esas provincias diferían poco, por su organi- zación política, de las tribus salvajes. Ni podía espe- rarse otra cosa del estado de civilización de la mayoría de sus pueblos, que era, como se ha visto, la barbarie de los campesinos (XCI y sigs. CXLIII). La federa- ción mal entendida por los hombres ilustrados que se llamaban federales, no era para los pueblos otra cosa que la libertad de tener caudillos locales, ni para los caudillos era más que la libertad de mandar y disponer de todo como querían. Hubiera podido esperarse de caudillos civilizados que su omnipotencia fuese morige- rada por ideas científicas y por sentimientos humanita- rios; pero los salidos del seno de la barbarie no podían tener otras ideas y sentimientos que los inherentes al grado primitivo de su cultura intelectual y moral; por manera que era inevitable que el uso de su poder fuese, como fué efectivamente, bárbaro.
Los sucesos del año 1815 y de principios del siguiente demostraron al director Álvarez Thomas que la aplica- ción del Estatuto provisional no se realizaba en las pro- vincias, é impedía al gobierno obrar según lo requerían las circunstancias. Deseoso de poner remedio á estos males, en vez de someter el punto á la Junta de obser- vación, como debió, hizo un llamado al pueblo de Bue- nos Aires, se reunió éste en el Colegio, amplió las facul- tades del directorio y nombró una comisión para que reformara el Estatuto (Febrero de 1816). La Comisión se expidió en los primeros días del mes siguiente y el pueblo fué citado para considerar el proyecto; pero luego se juzgó más prudente postergar la promulgación de las modificaciones hasta que el Congreso se pronun- ciara á su respecto (Abril).
Como en esos días ocurrió además el suceso de Santo Tomé, en que se pactó la deposición del director (CLI), Álvarez Thomas renunció su empleo y la Junta de observación y el cabildo nombraron al brigadier Antonio González Balcarce, según ya se ha dicho (16 de Abril). Poco tardó en manifestarse en Buenos Aires una ardiente oposición de federales y unitarios. Aqué- llos pidieron á Balcarce que la provincia se constituyese federativamente, sin perjuicio de la obediencia que se prestaría á las autoridades centrales; los últimos rechazaban tal pretensión. Balcarce apoyó á los fede- rales; el cabildo á los unitarios. Sucediéronse los tumultos, pero la votación del pueblo dió el triunfo á los unitarios (Mayo). La consecuencia fué que el Cabildo y la Junta de observación destituyeran á Bal- carce y que lo reemplazaran por una Comisión guber- nativa, compuesta de un capitular y de un miembro de la Junta (11 de Julio).
Las provincias habían sido invitadas entretanto para que eligieran representantes y los enviasen á Tucumán, según el Estatuto prescribía. Esta era la oportunidad en que todas concurrieran á hacer valer sus opiniones y á decidir lo que más bien les pareciera. Pero Artigas, que no podía estar en paz con nadie, ni quería someter su ambición á la decisión libre de una asamblea, pro- hibió á las provincias que le reconocían Protector, que mandaran diputados á Tucumán é invitó á las mismas y á las demás que los enviasen á Paysandú, para que allí se celebrase el congreso constituyente, bajo la dirección y la protección del caudillo.
Aunque algunos diputados acudieron á Paysandú, fueron pocos y se frustró el proyecto. Á Tucumán fueron los de las provincias de Buenos Aires (excepto la teniente-gobernación de Santa Fé), Cuyo (que la compo- nían las jurisdicciones de Mendoza, San Juan y San Luis), Salta (en que estaba comprendido el territorio de Jujuy), y Tucumán (que la componían la sección del mismo nombre y las de Catamarca y Santiago del Estero). Á estos diputados se unieron también los de Córdoba (de que era parte la Rioja), así que los fede- rales artiguistas fueron vencidos por los que no admi- tían el protectorado de Artigas (CLI), y los de las provincias del Alto Perú (Cochabamba y Chuquisaca).
El congreso se instaló en Tucumán el 24 de Marzo de 1816, compuesto en su mayoría de representantes fede- rales, algunos de mucha talla intelectual, y todos ani- mados por sentimientos patrióticos. La minoría de uni- tarios había ido de Buenos Aires principalmente, quie- nes, avezados ya en la política, llevaron ideas definidas y concordantes. Los federales, que poco habían figurado en la vida pública, llevaron el sentimiento regional decorado con el nombre de federalismo, que andaba entonces en boca de todo el mundo, pero sin tener con- cepto claro de lo que era el sistema político así llamado, y, por consecuencia, sin unidad de doctrina ni de pro- pósitos finales determinados. Los representantes del Alto Perú se distinguían de todos los otros por su pen- samiento de que se restableciera el antiguo imperio peruano de los incas, extendido hasta el Río de la Plata, con la capital en el Perú.
El influjo que los diputados unitarios, y más que ellos la situación de las provincias ejercieron en la mayoría de los que se tenían por federalistas se reveló pronto en el nombramiento de la persona que había de desempe- ñar definitivamente el directorio, el cual recayó en el coronel mayor Juan Martín de Pueyrredon, diputado por San Luis, decidido sostenedor de las doctrinas uni- tarias (3 de Mayo).
El día 9 de Julio proclamó solemnemente y por una- nimidad la independencia de las Provincias Unidas.
Los diputados del Alto Perú aprovecharon estos momentos, en que el patriotismo hacía confraternizar á todos los individuos del congreso, y en que el orden interno, así como los peligros exteriores, aumentados ahora con la actitud que los portugueses asumían, reclamaban medidas que acreditasen la nacionalidad en el concepto del mundo entero, para proponer que se adoptase la forma constitucional de la monarquía tem- plada, llamando al trono la dinastía de los incas y res- tableciendo su capital histórica de Cuzco (12 de Julio). Se cambiaron opiniones á este respecto en varias sesio- nes, pero la moción quedó sin votarse, porque la discu- sión demostró á sus autores que no podría triunfar.
El director Pueyrredon ocupó su puesto á fines del mismo mes de Julio. El Congreso se trasladó á Buenos Aires, reabrió aquí sus sesiones en Mayo de 1817, y en Diciembre sancionó la constitución del estado, que deno- minó REGLAMENTO PROVISORIO. Este documento tomó por base el ESTATUTO de 1815, del cual copió literal- mente muchas disposiciones y aun secciones enteras ; pero difiere de él en varios puntos importantes. Uno de éstos es el que dispone que los gobernadores de pro- vincia sean nombrados por el director del estado, en vez de ser elegidos por el pueblo. Es decir que desapa- reció de la constitución la disposición federativa que contenía, y quedó sancionado el régimen unitario, aun- que se dispuso que el nombramiento se haría dentro de la lista de cuatro á ocho elegibles que todos los cabil- dos presentarían al director. Muchos de los diputados que habían ido al congreso imbuídos por sentimientos federales más ó menos indefinidos se adhirieron á la restauración del sistema unitario, sin renunciar por eso á sus ideas especulativas. La causa que decidió á la mayoría á votar el proyecto fué, según más tarde lo expresó en un documento memorable, « el estado tan deplorable en que se hallaba la República cuando se instaló el Congreso nacional : ... los ejércitos disper- sos y sin subsistencia; una lucha escandalosa entre el gobierno supremo y muchos pueblos de los de su obediencia; el espíritu de partido ocupado en luchar una facción con otra; ciudadanos inquietos, siempre prontos á sembrar la desconfianza comprimiendo el corazón de los incautos; ... en fin todo el estado cami- nando de error en error, de calamidad en calami- dad, á su disolución política » ... No menos que de impedir que la autoridad degenerase en tiranía, se había cuidado de que la libertad del pueblo no dege- nerase en licencia. Huyendo de las juntas tumultua- rias (que se formaban) para las elecciones de jefes de los pueblos, reformáronse las formas recibidas y no se dió lugar á principios subversivos de todo el orden social: ... se limitó el círculo de la acción popular á la propuesta de elegibles. Fué así como se consiguió la tranquilidad. »
La constitución de 1817 fué, como la de 1815, muy democrática, pues declaró ciudadanos activos á todos los hombres mayores de 25 años que hubiesen nacido en el país ó que, habiendo nacido en el extranjero, tuviesen cuatro años de residencia, ejercieran algún arte ú oficio y supiesen leer y escribir. Los extranjeros serían elegibles, además, para los empleos de la repú- blica, en cuanto tuviesen diez años de residencia; y para las funciones de gobierno, si renunciasen toda otra ciudadanía.
La provincia de Salta continuó arbitrariamente domi- nada por Güemes desde que se promulgó la constitución unitaria, en los años 1818 y 1819; cuya dominación toleró el directorio, porque careció de fuerza para impe- dirla, y porque Güemes fué en ese tiempo el único poder que pudiera contener, y que efectivamente contuvo á los realistas en las provincias del Alto Perú.
La provincia de Tucumán se conservó también sose- gada hasta fines de 1819. Pero Araoz, que había conti- nuado sus comunicaciones con Artigas, y luego con Ramírez, después que cesó en el ejercicio del gobierno (CLI), indujo á un oficial á que se sublevara con parte de la guarnición (Noviembre). Fueron arrestados el jefe de las tropas y el general Belgrano, (que estaba postrado por una enfermedad), destituído el gobernador y proclamado Araoz como tal. Araoz protestó que obe- decería al Congreso, puso en libertad á Belgrano, y estuvo en el gobierno provincial hasta principios de 1820.
Aunque vencido Artigas por los portugueses en 1817 (CLI), intentó reabrir nueva campaña en 1818, reu- niendo en Entre Ríos, Corrientes y las Misiones corren- tinas cuantos gauchos é indios pudiera. Su atención estaba toda entera absorbida por las necesidades de esta guerra. No teniendo pueblos que gobernar en su provincia, porque se habían sometido á los portugueses, todo su empeño se contrajo á imponer á sus aliados sus órdenes, para que lo auxiliasen con elementos de gue- rra. Pero, sin capacidad militar, no disponiendo sino de bárbaros y de salvajes indisciplinados para oponerlos á las tropas regulares del enemigo, y con su autoridad muy quebrantada en Santa Fé y en Entre Ríos desde que perdió la campaña de 1817, resultó definitivamente vencido en la de 1818 y 1819 y obligado á abandonar para siempre á su patria, en seguida de las derrotas del Arapey y del Catalán (Enero de 1819).
El triunfo de Bedoya (CLI) no puso término á la guerra de los partidos correntinos; pues, si bien su poder no hubiera sido superado por los artiguistas de Corrientes, contaban éstos con la indiada misionera que reconocía la jefatura del cacique Andresito. Bedoya pudo gobernar sin temor de ser depuesto mientras los misioneros estuvieron entretenidos en defenderse de las dos invasiones que el general portugués Chagas les llevó á mediados de 1817 y principios de 1818 con el fin de impedir que vinieran á engrosar las fuerzas con que Artigas operaba en el Uruguay; pero en cuanto se repusieron de los desastres de la última invasión fueron traídos por Andresito contra el gobernador Bedoya en número de 2000, triunfaron, penetraron en la ciudad de Corrientes y restablecieron en el poder la influencia artiguista devolviendo el gobierno á Méndez (Octubre de 1818). Andresito consolidó esta situación permane- ciendo en aquella ciudad durante siete meses, hasta que invadió á su vez el Brasil en 1819, en combinación con la última campaña que Artigas abrió en su país. Los enemigos del despotismo artiguista aprovecharon la ocasión para rebelarse; pero el irlandés Pedro Camp- bell, tenido por almirante de la escuadrilla de Artigas, y su auxiliar y compatriota Juan Tomás Asdet les salieron al encuentro, los vencieron (Mayo), decapitaron á los jefes, exhibieron sus cabezas en la plaza pública de Corrientes y se entregaron á toda clase de excesos.
Estanislao López había adquirido en Santa Fé noto- riedad y prestigio durante la guerra de 1817 (CLI) y se sirvió de estas ventajas para hacer sublevar una fuerza contra el teniente-gobernador Vera, obligar á éste á que renunciara, y sustituirlo en el gobierno (Julio de 1818). Santa Fé había sido hasta entonces parte de la provincia de Buenos Aires. López la declaró provincia y se llamó á sí el primer gobernador, cuyos títulos fueron consagrados por los hechos de largo tiempo, pues la dominación de Estanislao López duró veinte años. Entabló en seguida relaciones amistosas con Artigas y con Entre Ríos, y abrió una campaña contra la provincia de Buenos Aires cuyo territorio septentrional recorrió difundiendo el espanto en las poblaciones. Penetró asimismo en la provincia de Cór- doba y derrotó en la Herradura al coronel Bustos (7 de Noviembre). Habiendo el directorio puesto en campaña un ejército considerable bajo las órdenes de Balcarce, López se replegó sobre su provincia y batió la caballería enemiga (27 de Noviembre).
Retirado el ejército nacional hasta la frontera de las dos provincias, sustituído Balcarce por Viamont, y reorganizada la caballería, continuaron las operaciones con esta arma. López fué derrotado por Bustos en el mismo paraje en que éste lo había sido por aquél (18 de Febrero de 1819); pero, rehecho prontamente, venció á su vez á la caballería de Viamont, mandada por Hortiguera, en las Barrancas (10 de Marzo). Consi- derándose empero López impotente para luchar con la infantería y la artillería del directorio, así como el ejército del directorio lo era para luchar con la caba- llería santafecina, ambas partes reconocieron la necesi- dad de poner término á la campaña por un acuerdo, y celebraron un armisticio temporal en el Rosario (5 de Abril 1819), al cual se siguió otro que se ajustó (12 de Abril) en San Lorenzo con el general Belgrano (quien venía también contra López), estableciéndose que las tropas nacionales se retirarían de Santa Fé y Entre Ríos y las santafecinas se irían hacia el Norte de la provin- cia, y que ambas partes estipularían un tratado de paz en el término de un mes.
Mas, aunque el director nombró sus representantes, y éstos esperaron muchos meses, López no correspon- dió : al principio, porque el entrerriano Ramírez no concurría; y luego, porque el general chileno José Miguel Carrera (CXXXVI), que quería volver á Chile venciendo con el auxilio argentino al partido que en su patria gobernaba, indujo á López y á Ramírez á renovar las hostilidades contra el gobierno nacional esperando que por este medio volvieran los federales al poder y lo protegieran después en su empresa contra el gobierno chileno. El caudillo santafecino aprovechó este tiempo para dar á la provincia el ESTATUTO PROVISIONAL, que fué su primera constitución (26 de Agosto), y luego terminó los aprestos militares para la campaña contra Buenos Aires. Esta guerra comenzó en Octubre y con- tinuó en todo lo restante del año y en 1820.
Rebelado Hereñú y sus secuaces contra el gobernador con que lo había suplantado Artigas y contra la prepo- tencia de éste, y habiendo conseguido que el gobierno nacional lo apoyara con 500 hombres que confió al coronel Luciano Montesdeoca, se pronunció Ramírez en favor del protectorado uruguayo (CLI), y comenzó la guerra venciendo á Montesdeoca en Ceballos (Diciem- bre de 1817). El Director envió inmediatamente al gene- ral Balcarce con otros 500 hombres. Se reunieron con éstos los de Hereñú, y por su parte Ramírez atrajo á sus filas á cuantos había en Entre Ríos aptos para pelear. Las dos fuerzas se encontraron en el Saucesito, cerca del Paraná, el 25 de Marzo (1818), y apenas tra- bado el combate, se declaró la derrota de Balcarce. El Directorio no quiso prolongar esta guerra. Quedó, pues, Ramírez con el prestigio que le habían dado sus triun- fos, y no descuidó el hacerlo valer para erigirse en señor de Entre Ríos con el título de Supremo entre- rriano, y para organizar militarmente toda la provincia. Tranquilo respecto de Buenos Aires y aliado de Santa Fé y de Artigas, marchó sobre Corrientes con el propó- sito de vencer á Bedoya y reponer á los artiguistas en el gobierno; pero al penetrar en el territorio vecino supo que Andresito operaba ya con éxito y se retiró, dando cuenta de los hechos á Artigas, y diciéndole que había « convidado á dicho Andresito á bajar al Sud, para que marchara contra los portugueses » (Agosto de 1818). Tuvo que luchar en seguida con Hereñú, que invadió la provincia y penetró hasta Gualeguaychú, mientras el general Balcarce respondía á las hostilida- des iniciadas por el caudillo de Santa Fé; pero triunfó pronto de su adversario. Cuando el general José Miguel Carrera pasó de Montevideo á Entre Ríos y Santa Fé con ánimo de inducir á los caudillos de estas provincias á que en vez de celebrar la paz con Buenos Aires rom- pieran el armisticio y prosiguieran la guerra, Ramírez aceptó la proposición, se alió con López y ambos hicie- ron la campaña que éste recomenzó en Octubre de 1819.
Transcurrió el año 1818 sin que los poderes nacionales realizaran algún acto político de excepcional importan- cia, á no ser el envío á Europa, por indicación de la Logia Lautaro, del sacerdote don Valentín Gómez, filósofo, hombre de letras y orador sagrado de reputa- ción, que había desempeñado papel importante en los sucesos revolucionarios; cuyo envío tuvo por objeto solicitar de las potencias de primer orden, dirigiéndose primeramente á Francia, que asegurasen la indepen- dencia del Río de la Plata, nueva y seriamente amena- zada por la expedición de 20.000 hombres destinados á Buenos Aires, que se preparaba en Cádiz (CXXXII). El Congreso sancionó el 22 de Abril de 1819 la constitución definitiva del estado y aprobó un extenso manifiesto dirigido á demostrar que los principios adoptados eran los más convenientes al país y estaban autorizados por la experiencia del ESTATUTO PROVISIONAL de 1817. Declaró que el estado profesaba la religión católica, apostólica romana. Dividió el poder legislador en dos cámaras : una de representantes y otra de senadores, en lo cual se separó de las constituciones anteriores. Confió el poder ejecutivo á un director, que sería nom- brado por las mencionadas cámaras cada cinco años, y encargó al presidente del senado el suplir al director en caso de enfermedad, acusación ó muerte. Creó una alta corte de justicia, cuyos individuos serían nombra- dos por el director. Especificó los derechos de la nación y de los habitantes del estado. Dió reglas para la reforma de la constitución y mandó que rigieran las leyes, estatutos y reglamentos ya promulgados, en cuanto no se opusieran á esta constitución, mientras la legisla- tura no los reformase. Esta constitución fué incompleta en varias de sus seis secciones, aun después del apéndice que el Congreso aprobó á los ocho días; pero ningún defecto tan notable como el de haberse omitido la declaración terminante y clara de si el estado se regiría por el sistema unitario ó por el federal, y las disposiciones que del principio declarado debían derivarse. La cons- titución no trató este punto capitalísimo, que tenía dividido á todo el pueblo en bandos profundamente enemistados. Esta falta de franqueza, ó, mejor dicho, esta omisión tan notable debió por fuerza desagradar á todos los partidos, y aun darles base para que interpre- taran la constitución en sentidos opuestos, según á cada uno conviniera ; es decir que provocaba la anarquía.
Pueyrredon, que ya estaba cansado de gobernar, renunció el directorio á los pocos días de promulgada la constitución. El Congreso nombró al general Rondeau para que le sucediera hasta la elección de las cámaras legislativas (9 de Junio).
Entretanto don Valentín Gómez, que había entablado relaciones diplomáticas con el gobierno francés, recibía (1.º de Junio) la propuesta de que el Río de la Plata adoptase la forma de gobierno monárquica constitucio- nal, llamando al trono al duque de Luca, heredero de la corona de Etruria, bajo la protección de Francia. Se allanarían las dificultades que España pudiera oponer, puesto que el candidato estaba ligado á los Borbones por la línea materna, y se conseguiría interesar á Portugal casando al príncipe con una princesa del Brasil. El Sr. Gómez expresó que no podía tratar sobre esta base, porque carecía de instrucciones; pero envió la propuesta al director y Rondeau la pasó al Congreso. El proyecto fué leído en la sesión del 27 de Octubre y discutido y aprobado, con la condición de que no se le opusiese In- glaterra, en las de 3 á 12 de Noviembre, juzgando que de tal modo quedaría asegurada la independencia, se pondría fin á la espantosa indisciplina de los partidos y del ejército, y volvería al dominio de las Provincias Unidas el territorio usurpado por los portugueses. Los sucesos ocurridos muy luego en España y en el Río de la Plata impidieron que estas negociaciones deplorables continuaran.
Recomenzada la guerra entre Santa Fé y el gobierno central, contando la primera con la alianza de Entre Ríos, pasó Ramírez el Paraná con fuerzas, se unió con las de López y las que habían venido de Corrientes y Misiones, y tomó el mando en jefe. Por su parte el director Rondeau salió á campaña y reunió un ejército, algo más numeroso que el del enemigo, y había orde- nado que se le incorporase el llamado auxiliar del Perú, mandado por el general Cruz, en el cual se hallaban los caudillos Juan Bautista Bustos (de Córdoba) y Alejandro Heredia (de Tucumán), y algunos jefes de línea, como José María Paz, Gregorio Araoz de La Madrid, y otros. Este ejército marchó hacia la provincia de Santa Fé y penetró en ella en los primeros días de Enero ; pero, al llegar á la posta de Arequito (sobre el río Carcarañá), se sublevó la mitad bajo la dirección de Bustos, Paz y Heredia (8 de Enero), se le plegaron poco después otros grupos y, habiendo tenido el general Cruz que dejar el mando, lo tomó Bustos y se dirigió á Córdoba, aban- donando la causa del directorio y sin querer aliarse á López y Ramírez contra Buenos Aires, á pesar de los esfuerzos que hizo José Miguel Carrera por atraerle. Con todo, quedó establecida la comunidad del interés general. Las fuerzas mandadas por Ramírez tomaron el nombre de Primera división ; las mandadas por Bustos se denominaron Segunda división : y ambos componían el Ejército federal.
Al día siguiente de ocurrir la sublevación de Arequito, y en connivencia con sus autores según se piensa, se pronunció en San Juan al grito de « ¡ Viva la federa- ción ! » el capitán Mariano Mendizabal contra el teniente-gobernador (cuñado suyo) y asumió el gobierno apoyándose en el voto de las milicias y de una parte del pueblo. Antes de dos meses se proclamó que San Juan se separaba de la provincia de Cuyo para formar una autónoma, y el mismo Mendizabal fué elegido primer gobernador. San Luis siguió el ejemplo federalista de San Juan (1.º de Marzo) y, por consecuencia, quedó dividida la provincia de Cuyo en las dos mencionadas y en la de Mendoza, que tomó nombre propio y también se declaró autónoma. En el mismo mes de Marzo el comandante Juan Felipe Ibarra depuso al teniente- gobernador de Santiago del Estero, hizo reunir una asamblea y ésta resolvió á su vez que Santiago se sepa- raba de la provincia de Tucumán para constituir una por sí sola, autónoma en su orden interno y sometida federativamente al Congreso nacional. Su primer gober- nador lo fué el mismo Ibarra, quien se hizo dar por las cámaras provinciales el grado de brigadier general y se mantuvo en el poder durante una larga serie de años. Tucumán y Catamarca se proclamaron entonces inde- pendientes, formando ambas la República federal de Tucumán, cuyo presidente fué el general Araoz ; pero al año siguiente (Agosto) se emancipó Catamarca de Tucumán y se constituyó en provincia autónoma. Como que Güemes era y hacía lo que quería á favor ó á pesar de todos los sistemas políticos, no cambió las relaciones de Salta y Jujuy con la República, ni con el gobierno nacional ; sino que, aplicado constantemente á cerrar á los españoles el paso hacia el Sud, declaró la guerra á Tucumán porque no le auxiliaba como él quería (2).
También fué derrocado el teniente-gobernador de la Rioja á los pocos días de haber ocurrido la sublevación de Arequito ; los revolucionarios se declararon separa- dos de la provincia de Córdoba, se constituyeron en pro- vincia federal y nombraron gobernador al general Fran- cisco A. O. de Ocampo, que había promovido y dirigido la insurrección. En Enero se acercó Bustos á Córdoba con el ejército de Arequito, hizo reunir una asamblea en Marzo, y ésta convirtió á Córdoba en provincia autó- noma y nombró á Bustos para gobernador, cuya domi- nación ejerció durante muchos años.
Entretanto, privado Rondeau de la cooperación de los 4.000 hombres que en Arequito defeccionaron, y desmoralizada la tropa que bajo sus órdenes tenía, tuvo que sufrir en Cepeda la derrota de su caballería (1.º de Febrero) y que retirarse con la infantería y la artillería. Este hecho y lo mal que andaban los asuntos políticos en la provincia de Buenos Aires, lo decidieron á renun- ciar el directorio (7 de Febrero). Continuó desempe- ñando este empleo el que ya lo tenía interinamente, don Juan Pedro Aguirre; pero á los tres días el general Miguel Estanislao Soler, comandante de las fuerzas de la provincia, intimó al Cabildo que notificase al Direc- tor y al Congreso que quedaban depuesto el primero y disuelto el segundo. La notificación se verificó el 11 de Febrero; el 12 cesó el Congreso declarando disuelta la unión de las Provincias Unidas de Sud-América, y el 13 asumió el Cabildo el gobierno provincial y la pro- vincia de Buenos Aires se declaró, á su vez, soberana é independiente. El 16 se nombró en cabildo abierto á don Manuel Sarratea para que ejerciese la función de gobernador.
Seis días después de su nombramiento salió el gober- nador Sarratea con dirección al ejército federal, que se acercaba á Buenos Aires. Al día siguiente, esto es, el 23, celebró con Ramírez y con López, en la capilla del Pilar, una convención por la cual se restablecía la paz entre las tres provincias signatarias y se estipulaba : que, aunque la nación, y especialmente las provincias contratantes se habían pronunciado en favor de la federación, se sometían á lo que deliberase un congreso de diputados que se reuniría dos meses más tarde; que las divisiones de Santa Fé y Entre Ríos volverían á sus respectivas provincias; que sería libre la navegación del Paraná y del Uruguay para las provincias amigas; que el Congreso general de diputados deslindaría los territorios de las provincias; que se procesara á los que habían ejercido el gobierno nacional, para que quedara justificada la guerra declarada por Santa Fé y Entre Ríos; y que se enviase una copia de este tratado al capitán general del Uruguay, don José Artigas, « para que, siendo de su agrado, entable desde luego las relaciones que puedan convenir á los intereses de las provincias de su mando, cuya incorporación á las demás federadas se miraría como un dichoso aconte- cimiento. »
Estas palabras demuestran que ya Ramírez y López no consideraban á Artigas como protector, ni como sim- ple aliado de quien no pudiesen prescindir. Negociaban por sí, con toda libertad y sólo mencionaban al caudillo uruguayo en uno de los artículos finales para expresar que podía unirse á las provincias federadas, si quería. Ramírez se encargó pronto de impedirle aun esto. Habiendo Artigas huido para el territorio correntino en cuanto fué derrotado en el Tacuarembó, llamó en su auxilio fuerzas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba. Recibió algunas de aquellos terri- torios, pero no de los últimos. El tratado del Pilar lo alarmó además, porque sus tenientes se le rebelaban en él. Decidió, pues someterlos, empezando por Entre Ríos. Estaba todavía Ramírez en el Pilar cuando supo que Artigas había invadido su provincia. Inmediatamente publicó un manifiesto (23 de Marzo) anunciando « al gran pueblo de Buenos Aires » que partía « para escarmentar á un enemigo orgulloso que intentaba ocupar el territorio de Entre Ríos insolentado por los mismos fratricidas que quisieran ver sofocado en el continente todo género de libertad ». Ramírez se encontró, al volver á su provincia, con partidas de Hereñú que se habían levantado en contra suya; pero las dominó y abrió su campaña contra el caudillo uruguayo. Artigas derrotó á Ramírez en las Guachas (13 de Junio) y Ramírez á Artigas en el Paraná, en el Sauce de Lerna, en el Rincón de los yuqueríes, en Moco- retá, en las Tunas y en los Árboles, en el mes transcu- rrido desde el 24 de Junio hasta el 29 de Julio. Artigas, vencido y perseguido, se vió obligado á pedir refugio en el Paraguay, en donde el dictador Francia lo tuvo con- finado hasta que murió (1850). Ramírez se hizo entonces jefe supremo de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, cuyos territorios reunió con el título de República de Entre Ríos.
Los hechos expuestos desde el artículo CXLIII demuestran que todo el pueblo del Río de la Plata estuvo dividido, desde 1810, en dos bandos: uno lla- mado unitario, y otro llamado federal. « Unitarios » hubo en toda la extensión de la república, en todas las clases sociales; y en toda la república, en todas las clases del pueblo, hubo también « federales ». Pero los sucesos revelan que las palabras « unitario » y « fede- ral » no tenían, respectivamente, significación idén- tica en todo el país.
Los unitarios ilustrados de Buenos Aires y de las provincias entendían que el unitarismo que ellos profe- saban era un sistema constitucional democrático, en el cual las funciones gubernativas estaban organizadas de modo que todas recibiesen la dirección, en todo el país, de un centro único, aunque complejo, residente en la capital del estado; es decir, de un solo poder legisla- tivo, de un solo poder ejecutivo y de un solo poder judicial. Los unitarios que pertenecían á las clases bár- baras admitían la unidad del poder supremo, pero sin darse cuenta de sus relaciones orgánicas con las funcio- nes administrativas de todo el país y con la soberanía popular. Entendían que un hombre ó un congreso nom- braba gobernadores para las provincias y que éstos le debían alguna obediencia, pero nada más. El unita- rismo era para ellos una especie de monarquía auto- crática nacional, algo así como un gran cacicazgo.
Á su vez los federales de las clases cultas tenían idea de que la federación consiste en que cada provincia tenga su centro gubernativo independiente, su poder ejecutivo y su poder judicial, organizados sobre la base de la soberanía democrática; en que la nación tenga también su centro gubernativo general, es decir sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, organizados con la soberanía del pueblo; y en que los gobiernos nacio- nal y provinciales funcionen en esferas distintas, aun- que exactamente correlacionadas. Había diversidad de pareceres cuando se trataba de aplicar este principio, pero el principio, en sí mismo, era clara y uniforme- mente concebido por los hombres ilustrados. Pero cosa muy distinta era el federalismo para los bárbaros y sal- vajes de todo el Río de la Plata. Los federales de estas clases sociales sentían satisfecho su sentimiento cuando dominaba en la provincia ó en una sección de la provin- cia un caudillo surgido de la muchedumbre á favor de su bravura, de su inteligencia, de su audacia y de su desenfreno; cuando ese caudillo se apoderaba del poder arbitrariamente y arbitrariamente lo ejercía, halagando las pasiones de sus secuaces y arrimando y atormen- tando de mil maneras á sus adversarios, sin subordina- ción á la autoridad superior, imponiendo su voluntad como ley, y cediendo sólo al móvil de sus intereses per- sonales ó al poder de otro caudillo á quien temiera. Eran, pues, estos federales la antítesis de los otros; su concepto no tenía nada común con el federalismo pro- piamente tal, sino que, al contrario, consistía en un uni- tarismo ultra, que concentraba todos los poderes, la soberanía y la administración, en un solo individuo, que era el déspota de la comarca, sin ley ni responsa- bilidad.
De aquí se sigue que tanto en los unitarios como en los federales había dos grupos separados por diferencias profundas. Uno de ellos, compuesto de individuos más ó menos ilustrados, se caracterizaba por sus tendencias orgánicas; el otro, compuesto de gentes incultas, se distinguía por sus tendencias anorgánicas. Los unita- rios y federales del primer grupo concebían la constitu- ción del estado como un sistema, más ó menos compli- cado, pero en el cual se correspondían todas las partes, según principios fijos, respecto de los cuales no desem- peñaban los hombres otro papel que el subordinado de realizarlos del mejor modo que pudieran. Los unitarios y federales del segundo grupo no concebían ningún sis- tema de ideas constitucionales, y ni que el hombre debiera sujetar en el gobierno sus actos á principios dados. Para ellos no había nada superior al caudillo que los mandaba, ni en lo físico, ni en lo moral, excepto la fuerza física opuesta que no pudieran contra- rrestar.
Siendo, pues, la gran mayoría del país compuesta de gentes de esta última especie, debió suceder natural- mente que las tendencias orgánicas fuesen impotentes para neutralizar las tendencias anorgánicas. De ahí que ni los unitarios, ni los federalistas ilustrados hayan conseguido, sea desde la capital de la república, sea desde las capitales provinciales, someter á los pueblos á las reglas de gobierno propias del unitarismo ó del federalismo, y que la desorganización y la arbitrarie- dad hayan sido, desde 1810 hasta 1820, hechos cons- tantes y generales á pesar de todas las constituciones que se han promulgado y de haberse sucedido en el gobierno alternativamente los federales y los unitarios. Y, como es más enérgica la afinidad entre las tenden- cias orgánicas, aunque divididas por intereses políticos, que la afinidad de las tendencias orgánicas con las anorgánicas del mismo nombre, se explica que con sanas intenciones hayan venido unitarios y federales de las clases cultas á ponerse de acuerdo, por servir al interés común y superior de la civilización, al dictar las constituciones de 1817 y 1819.
Los sacrificios que estos avenimientos suponen no podían, empero, modificar el modo de ser de las muche- dumbres y tenían que contribuir á enervar el carácter de las mismas clases civiles y militares en que deberían apoyarse el congreso y el directorio. Si, pues, los gobiernos unitarios y federales de los primeros años fueron débiles, no obstante la disciplina de sus tropas regulares, porque debieron emplearlas en defender la independencia nacional y no pudieron ejercer su auto- ridad en la mayoría de las provincias, más débiles fueron los últimos años de la década, porque, además de haber tomado extensión y fuerza el caudillaje bárbaro, cundió la indisciplina en el escasísimo ejército que tenía á sus órdenes y no podían contar con él.
Es así que el gobierno nacional resultó vencido en la Provincia oriental por una derrota como la de Guaya- bos; que no pudo auxiliar á Hereñú en Entre Ríos sino con ejércitos de 500 hombres; que no haya podido contra Güemes lo que pudo Tucumán; y que Ramírez y López lo hayan obligado con menos de 1000 montoneros á firmar la convención del Pilar. Los gobiernos unita- rios y federales no tuvieron otro apoyo efectivo que el de Buenos Aires y su provincia. El día en que aun éste les faltó, se vinieron al suelo, quedó acéfala la república y las provincias se desmembraron y se declararon autó- nomas, si bien perseverando en el propósito de formar un solo estado y de reconstituir más tarde un congreso nacional.
(1) Dn. Francisco Javier Elío, á quien el Rey había premiado por su adhesión dándole la capitania general de Valencia, fué preso por los revolucionarios, procesado y condenado á muerte en 1820. Se le dió libertad luego; pero en una sublevación de soldados se le condenó otra vez y se le aplicó la pena de garrote (1822).
(2) Fué vencido por los tucumanos en Abril de 1821. Creyendo los salteños propicia la ocasión para sacudir el yugo del temible caudillo, lo depusieron en Mayo ; pero, Güemes desconoció la autoridad de esa resolución, volvió á Salta con las montoneras que había salvado de la derrota y tomó la ciudad (30 de Mayo). Ocho días después lo sorprendieron aquí los españoles. Güemes se retiró herido y murió á los pocos días (17 de Junio).
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